El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Federico Uriburu, ex fiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, fue denunciado por haber presuntamente abusado de una adolescente de 16 años y la privación ilegítima de la libertad de otras dos jóvenes a las que trasladaba como chofer de una aplicación. La descripción de los hechos, los antecedentes del funcionario judicial y una interpelación al Poder Judicial.
Por JUAN CRUZ VARELA (PÁGINA JUDICIAL)
La espiral descendente de Federico Uriburu, el ex fiscal desplazado en medio de situaciones escandalosas, tocó fondo hace unos días, a raíz de haber sido denunciado por abuso sexual de una menor de edad y privación ilegítima de la libertad de otras dos a las que trasladaba como chofer de una aplicación.
La denuncia contra Uriburu fue presentada hace unos días en la Unidad Fiscal de Atención Primaria y, según pudo saber Página Judicial, quedó a cargo de la fiscal Ileana Viviani, quien les tomó declaración a las adolescentes e instó al ex fiscal a designar abogado defensor.
Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del 30 de agosto de 2025. La noche anterior, Uriburu había estado festejando su cumpleaños y, tras la celebración, salió a trabajar como chofer de aplicación, a lo que se dedica desde que renunciara como fiscal de Rosario del Tala –antes había estado en Nogoyá–, en septiembre de 2023.
En esas circunstancias, acudió a un mensaje para levantar pasajeros en cercanías del Patito Sirirí, donde subieron tres chicas jóvenes al Chevrolet Cruze. Ellas dicen haberle indicado un recorrido, hacia el centro, pero que el conductor se negó y, en cambio, condujo hasta el sudeste de la ciudad, donde bajó una de ellas; luego continuó el recorrido y, mientras transitaban por calle Gualeguaychú, habría obligado a otra de las jóvenes a conducir el automóvil, provocando un accidente. Las cámaras de videovigilancia públicas registraron el choque contra un semáforo a las 3.43.
Una de las adolescentes relató además que durante el viaje habría sido abusada sexualmente por Uriburu, en presencia de sus amigas. La víctima tiene 16 años.
La agente fiscal Ileana Viviani inició una investigación penal preparatoria, atribuyó a Uriburu la posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple y lo instó a designar abogado defensor, entre otras medidas.
El fiscal patotero
La denuncia contra Uriburu es la última de una serie que lo tuvo en el centro de la escena cuando ejerció como fiscal interino, primero en Nogoyá y más tarde en Rosario del Tala, hasta que fue renunciado, en septiembre de 2023.
Uriburu, de 45 años, ingresó al Poder Judicial en 2002, mientras cursaba la carrera para ser abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Fue empleado provisorio y suplente en la antigua Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, hasta que titularizó el cargo en 2012, previo concurso de antecedentes y oposición; y un año después pasó a desempeñarse en el Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá.
En 2014, cuando se implementó el sistema acusatorio, el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, lo designó como fiscal auxiliar provisorio. Ahí alcanzó el pico de popularidad el día que ordenó el allanamiento del convento de Carmelitas Descalzas, luego de que una investigación periodística revelara situaciones de malos tratos y torturas físicas y psicológicas que sufrían las religiosas internas. Por el hecho imputó a la madre superiora, Luisa Ester Toledo, que finalmente terminó condenada a tres años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de dos carmelitas.
Pero su luz se apagó prontamente. Uriburu sostiene hasta el día de hoy que, desde distintos sectores del poder político y judicial, estrechamente vinculados a la Iglesia, le cobran una factura por aquella causa.
En 2020 fue denunciado por violencia de género, una historia que develó Página Judicial. En los días previos al inicio de la cuarentena, y haciendo ostentación de su cargo, Uriburu hostigó a una mujer en el bar Nicéforo. Primero se ofreció a sacarle una foto mientras estaba con un grupo de amigas, después intentó arrancarle su número de teléfono y finalmente la abordó en el baño del bar. Esa noche terminó en escándalo cuando el novio de la mujer increpó a Uriburu para que cesara en su actitud.
Lo cierto es que Uriburu persistió en los mecanismos de acoso hacia la mujer, enviándole mensajes de texto; llegó a amenazar a su pareja, un empleado del Juzgado de Paz de Lucas González; e incluso pretendió manipular a la jueza y al dueño del bar para que declararan en su contra.
En su paso por Nogoyá también logró tejer relaciones con abogados locales, no precisamente con lo más prestigiosos; en el mundillo de los tribunales se hablaba del accionar vidrioso del fiscal y al procurador le llegaron datos sobre intercambios que podrían ser calificados de impropios con otros profesionales.
García no le soltó la mano, pero en diciembre de 2020 buscó oxigenar la jurisdicción y envió a Uriburu a Rosario del Tala, para que asumiera como fiscal interino ante la jubilación de quien venía desempeñándose en el cargo desde hacía décadas.
Su paso por Rosario del Tala terminó de la peor manera. Renunció en septiembre de 2023, luego de que una empleada judicial con quien había formado pareja lo denunciara por abuso sexual.
La mujer, una profesional del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, declaró ante la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y dijo, entre otras cosas, que Uriburu la intimidaba jactándose de su relación con el procurador García y con la camarista Marcela Badano: “Hacía alarde de sus vínculos y relaciones laborales en el marco de la violencia que ejercía sobre mí”, dijo la mujer.
Esa denuncia sentenció su suerte. El STJ le inició un sumario bajo cargos de haber violado el deber de “guardar una conducta pública y privada compatible con el cargo”, tomando en consideración las reiteradas denuncias de violencia de género que se han interpuesto en su contra y el procurador García lo renunció a las pocas semanas.
Dos años después, el sumario sigue abierto. Uriburu no volvió a pisar tribunales, pero continúa percibiendo una parte de su sueldo. Hasta hace unas semanas se ganaba la vida como chofer de aplicación. Ya no.
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