El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Virginia Aparicio enciende la cámara y se disculpa: “Perdón la cara, estoy cansada”. Es fin de septiembre y en las últimas semanas dio más de 30 entrevistas. Su irrupción en la agenda mediática de Argentina fue por la decisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -organismo donde trabaja como ingeniera agrónoma hace más de 20 años- de avanzar con su exoneración, lo que implicaría su despido y la imposibilidad de ser contratada por cualquier dependencia pública durante un lustro.
Si bien todavía no está la resolución oficial, fuentes consultadas explicaron que se la acusa de haber cometido irregularidades durante su desempeño como responsable local del proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal (Sprint, por sus siglas en inglés), un trabajo financiado por la Unión Europea que midió la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, animales y personas.
La comunidad científica, organizaciones y personalidades calificaron la decisión como “censura” y la vincularon con los resultados de las investigaciones de Aparicio, entre ellos, el hallazgo de glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas para el proyecto internacional, consignó el diario El País de España.
“En Europa otro investigador también perdió su empleo y varias personas sufrieron hostigamiento. Es claro que lo que encontramos no fue conveniente para muchas personas”, afirma a América Futura la coordinadora general del Sprint Violette Geissen, profesora e investigadora en la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y en la de Bonn (Alemania)”.
Argentina en el Sprint
Aparicio nació hace 53 años en San Cayetano, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires: “Mi familia materna era empleada rural. Siempre me encantó el campo”, cuenta.
En 1997 ingresó como estudiante en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce, una de las regiones agroproductivas del país. Ya recibida, continuó en la institución donde realizó decenas de investigaciones sobre los efectos de plaguicidas en el ambiente y prácticas de reducción de su uso.
“Investigar plaguicidas no significa estar contra la producción del campo. La información es fundamental para mejorar las prácticas y proteger a quienes producen”, dice la agrónoma.
En 2020, el consorcio de investigadores del Sprint -conformado entonces por diez países europeos- buscaba un socio latinomericano y seleccionó a la Argentina por ser uno de los principales exportadores de soja, publicó el diario El País de España.
El ingreso al proyecto fue aprobado por la entonces presidenta del INTA, Susana Mirassou. Durante 2021, se tomaron muestras de sangre, orina y heces a productores convencionales y agroecológicos, trabajadores rurales y consumidores de alimentos del sudeste de la provincia de Buenos Aires; también se hicieron mediciones en agua, suelo y aire.
En junio de 2023, cuando se obtuvieron los primeros resultados, Aparicio convocó a las personas voluntarias para informarlos, pero el INTA le ordenó suspender la reunión. Seis meses después, las autoridades decidieron retirar a la Argentina del Sprint argumentando que involucraba a seres humanos y excedía la “incumbencia institucional”, pese a que los detalles del proyecto estaban en la resolución firmada por Mirassou.
En paralelo se inició una investigación interna contra Aparicio que concluyó que había incurrido en ocho faltas. Entre las más graves se encuentran negarse a dar información a las autoridades, enviar muestras para su análisis al exterior, realizar evaluaciones toxicológicas sin intervención de autoridades sanitarias y dar acceso a datos confidenciales a personas ajenas al organismo, señaló el diario El País de España.
También la acusan de generar un potencial perjuicio económico al Estado por multas que le podría aplicar la Unión Europea al país por retirarse del proyecto, a pesar de que la decisión no haya sido de ella.
La defensa de Aparicio sostiene que la información que se negó a brindar fueron los datos de los participantes porque eran confidenciales; que las muestras se enviaron a analizar al exterior por protocolo del Sprint, y que ella no tomó ni realizó análisis toxicológicos.
“Además de que las acusaciones son falsas, la pena de exoneración es desproporcionada a los cargos que se le imputan”, indica Mario Bolla, abogado de Aparicio.
Desde Holanda, Geissen afirma: “Hicimos protocolos para armonizar los métodos en todos los países. Virginia los siguió exactamente”.
Resultados globales, impactos personales
Iván Villarreal fue uno de 73 voluntarios en Argentina. Gracias al Sprint se enteró que tiene siete agrotóxicos en la sangre, doce en la orina y seis en materia fecal: “Cuando Virginia apareció sentimos que por fin alguien iba a medir lo que denunciábamos desde la comunidad. En lugar de perseguirla, el Estado debería haber tomado esos resultados para protegernos, pero nadie se comunicó con nosotros”, asegura.
El total de los participantes de Argentina presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en la orina y hasta 18 agroquímicos en la materia fecal. “Además, en el 100% de las pulseras para medir la contaminación del aire encontramos atrazina (herbicida) y en el 97,3% S-metolacloro (herbicida). Los resultados en Europa también arrojaron una gran cantidad de plaguicidas en todas las matrices”, describe Aparicio.
Sprint lleva publicados 64 trabajos científicos. “El estudio de las mezclas es uno de los aportes centrales porque en la vida real estamos expuestos a más de una sustancia a la vez”, señala.
Ciencia que incomoda
En abril de 2009, Andrés Carrasco, biólogo molecular argentino y expresidente de Conicet, el principal organismo dedicado a la ciencia en el país, divulgó los resultados de un estudio en el que demostraba que el herbicida glifosato causaba malformaciones en embriones de ranas. Un año después publicó el paper en una revista científica.
Desde entonces, el investigador enfrentó una campaña de desprestigio que incluyó la censura de charlas públicas, intromisiones en su laboratorio y amenazas físicas.
En noviembre de 2016, el médico Damián Verzeñazi, que realizó estudios en pueblos rurales, encontró su oficina en la Universidad Nacional de Rosario cerrada con candado y advirtió que habían secuestrado sus registros de investigación, resaltó el diario El País de España.
“La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar. Su obligación es formular preguntas, producir conocimiento mediante métodos verificables y comunicarlo. Algunas respuestas tranquilizarán. Otras exigirán revisar prácticas. La posibilidad de incomodar no es una falla de la ciencia: es una condición de su independencia”, afirma Aparicio.
Las autoridades del INTA no aceptaron responder para esta nota.
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