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MEGAJUICIO

"Urribarri no cometió ningún delito" dijo su abogado defensor

Fue el turno, como estaba previsto, de Raúl Barrandeguy. El abogado defensor de Sergio Urribarri abrió su alegato con una larga introducción anclada en la historia política de la Argentina, básicamente vinculada al peronismo, que fue mechando con el caso en cuestión: las cinco causas en las que está imputado su defendido.

 

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Pasados los 40 minutos se metió en una de las denuncias del ex gobernador, que realizara en diciembre de 2015 los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, recordó Página Judicial.

Barrandeguy reveló que entre los informes que se solicitaron entonces había uno en el que se hizo vía diplomática a Uruguay para saber si el ex mandatario tenía cuentas allí, lo que dio negativo. El defensor aprovechó para cuestionar a sectores de la prensa que habían dado cuenta de las solicitudes, pero no de los resultados.

En buena parte de su alegato sugirió que su defendido fue un perseguido político, pero a través de maniobras judiciales por parte de denunciantes y de un sector de la prensa.

Dijo que llevan adelante un “liberticidio” y de “todos los días tratar de derrotar una garantía constitucional”. Sin utilizar la palabra lawfare y cuidados con los operadores del Poder Judicial, apuntó que se está “ante una persecución penal sobre alguien que no ha cometido ningún delito”.

“Es absolutamente cierto y verificable que entre las energías que pulsan hacia adelante en estas investigaciones están identificadas energías políticas que consideran que el de Urribarri fue un mal gobierno, que debe ser sancionado por lo que gastó, que se enriqueció, que tiene campos, aeronaves, fondos en paraísos fiscales, inmuebles. Toda esta opinión que la sociedad se va formando es impulsada por sectores del periodismo que dejan de hacer periodismo para ser fuerza de choque de estas concepciones críticas, aunque alguno pueda admitir en un pasillo que no hay pruebas contundentes”, advirtió.

El abogado cuestionó luego el rol de la justicia de Garantías. “Debió mantener esto en equilibrio y lo único que ha garantizado es que mi defendido llegue al juicio en las peores condiciones. Ni una sola razón fue escuchada. Siempre se dijo, como Pilatos, que las cuestiones se verían en el juicio”, graficó.

“En el legajo se le atribuyen a Urribarri dos empresas a través de prestanombres sin señalar a qué se refieren concretamente. Luego, la fiscalía pidió oficios a todos los registros de propiedad, automotor, de aeronaves y de embarcaciones del país, a AFIP, al Banco Central, sobre él y toda su familia, e incluso se libró un oficio vía Cancillería a la República Oriental del Uruguay. Esto puede ser relevante para la prensa que nos escucha porque el gobierno uruguayo informó que ni Urribarri ni nadie de su familia tiene propiedades en Uruguay. Ocultar esta información no es un error. Pero nada se dijo y sabrán que no fueron objetivos, que jugaron en favor de un interés no procesal”, expresó.

Enseguida dijo que se había “violado el principio de igualdad respecto a Urribarri” y lo contextualizó en las jornadas del 2001, cuando gobernaba de Sergio Montiel, gobierno al que señaló por la represión en las jornadas de diciembre de ese año y en la que no se había iniciado ninguna investigación penal. Apuntó también sobre procesos administrativos que se hicieron sin dictamines de la Contaduría General y Tesorería para licitar.

Fue la primera vez en introdujo a los organismos de control, para lo que luego sería la viga de su defensa. Retomó la Constitución de 1933, que incorpora la Contaduría como órgano que debía autorizar cualquier pago. “A la corrupción se la impide, se la evita, antes que castigarla”, lanzó para resumir el propósito del control.

Luego se quejó de que “Urribarri ha sido juzgado semanalmente” y esa situación “lo ha transitado” toda la familia.

Barrandeguy hizo sus alegatos de apertura este lunes luego de haber presentado síntomas compatibles con el Covid-19, aunque luego se descartó que tuviera el virus.

Así dejó sentada las bases de su defensa en el juicio que reúne cinco causas en las cuales el ex gobernador Urribarri está imputado por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la administración pública por la contratación de publicidad en medios de comunicación y en la vía pública y otras acciones tendientes a impulsar su frustrada candidatura presidencial en el año 2015. En el banquillo también están sentados otros funcionarios públicos, empresarios y allegados al ex mandatario.

 

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