El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y de su exministro Pedro Báez se presentaron ante el Tribunal de Juicio de Paraná, apenas conocido el fallo de la Corte Suprema, para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena y cumplirla en sus casas.
Urribarri invoca un trastorno de estrés postraumático; Báez, un cuadro digestivo severo. El psiquiatra que certifica al exgobernador dejó el Poder Judicial en 2023 en medio de un sumario administrativo, según pudo determinar ANALISIS.
Las defensas de Sergio Urribarri y de Pedro Báez se adelantaron a la orden de detención esta mañana. Antes de que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná reciba el expediente de la Corte Suprema, que el jueves 3 de septiembre dejó firmes las condenas de la Megacausa, los abogados Leopoldo Cappa (por el exmandatario) y José Velázquez y Ignacio Díaz (por el exministro y exdiputado provincial) presentaron escritos donde solicitaron se suspenda la ejecución de la pena y reclaman cumplirla en prisión domiciliaria. Los dos planteos, a los que accedió ANÁLISIS, se apoyan en razones de salud, en el hacinamiento de la Unidad Penal 1 y en el párrafo del voto de Ricardo Lorenzetti que aclara que el rechazo por el artículo 280 no implica confirmar el acierto de la sentencia.
Ninguno de los dos alcanza los 70 años que la ley 24.660 fija para la domiciliaria: Urribarri cumple 68 el 7 de octubre y Báez tiene 64. Por eso ambos fueron por el inciso de la enfermedad incompatible con el encierro y, en el caso de Báez, por la Convención Interamericana sobre Personas Mayores, que rige desde los 60 años y que, según admite el propio escrito, no vuelve automático el beneficio.
El pedido del exgobernador lleva la firma de Leopoldo César Cappa, sin la de Javier Baños, con quien compartió la defensa en la Corte tras la renuncia de Fernando Burlando en octubre de 2025. Cappa admite que se presenta sin haber sido notificado y antes de que el Tribunal reciba el expediente principal, para que resuelva cuando asuma la competencia. Ofrece como lugar de cumplimiento la casa de calle Néstor Garat 291 de Concordia, donde Urribarri vive con su esposa, Ana Lía Aguilera.
El fundamento central es un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización. Según el escrito, la primera consulta fue el 18 de diciembre de 2025, ya en libertad y con el recurso en trámite en la Corte, y el tratamiento continúa con el psiquiatra Julio Horacio Curotto, matrícula 8999, a base de sertralina, clonazepam y armodafinilo. Cappa agrega que el jueves, al conocerse el fallo, Urribarri fue atendido de urgencia por un episodio depresivo mayor grave y se le reforzó la medicación antipsicótica y antidepresiva. El diagnóstico no figura en ninguna presentación anterior de la defensa y el escrito no menciona los problemas cardíacos que trascendieron en las últimas horas.
El segundo argumento también es nuevo respecto de noviembre de 2024, cuando Urribarri pasó 50 días en la UP1: Cappa sostiene que la condición de dos veces gobernador lo convierte en una persona de alto riesgo dentro de una cárcel superpoblada, y pide que el Servicio Penitenciario informe si puede garantizar su integridad sin aislarlo. Ofrece a Curotto como perito de parte, pide en subsidio una pericia del Cuerpo Médico Forense y reserva el caso federal.
Báez: seis kilos menos y prisión nocturna
Los defensores de Báez, José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz, repitieron el planteo que les dio resultado en la feria de enero de 2025, cuando el Superior Tribunal de Justicia le concedió la domiciliaria con tobillera en su casa quinta de calle Jozami 2135. Pidieron que ese régimen continúe como forma de cumplir los seis años y seis meses, con fianza personal de su expareja, Sonia Riquelme, y de su hermano Fernando Báez, que es el único que reside en Paraná. El informe del doctor José Luis Cittadino describe diarrea crónica, una pérdida de seis kilos en dos meses, deshidratación, taquicardia y una úlcera perianal, sumadas a diabetes e hipotiroidismo; el cuadro digestivo arrastra desde 2008 y no tiene diagnóstico definitivo. El escrito exige que la Unidad Penal informe dónde lo alojaría, cuántos metros cuadrados y baños tiene el pabellón y qué protocolos aplica a adultos mayores.
La novedad es el pedido subsidiario: si no hay domiciliaria plena, proponen un régimen de semidetención con prisión nocturna, por el cual Báez dormiría en la cárcel y pasaría el día en su casa para cumplir la dieta sin gluten y la medicación. La ley reserva esa alternativa a razones familiares, laborales o educativas; los abogados piden sumarle las razones humanitarias por una interpretación más favorable al condenado.
El psiquiatra de Urribarri
El único respaldo médico del planteo de Urribarri es la palabra de Curotto: firma el diagnóstico, prescribe la medicación, certifica la urgencia del jueves y es propuesto como perito. Hasta noviembre de 2023 fue titular del Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial en Concordia, la misma ciudad donde hoy atiende al exgobernador. Dejó el cargo en medio de un sumario administrativo, según el Acuerdo General 30/23 del Superior Tribunal de Justicia, firmado en Alcaraz el 7 de noviembre de 2023.
El STJ le había abierto un sumario por haber ejercido en el ámbito privado mientras estaba de licencia por enfermedad de largo tratamiento, entre el 10 de mayo y el 13 de septiembre de 2022, conducta encuadrada en el Estatuto del Empleado Judicial y en el artículo 37 de la Constitución provincial sobre ética pública. Los testigos ratificaron la imputación y el farmacéutico Jorge Brignoli, del Departamento de Medicamentos de Salud Pública, aportó los talonarios de recetas de psicotrópicos firmados por Curotto en ese período, prueba que el Alto Cuerpo consideró suficiente. Por Resolución 575/23 se ordenó además otro sumario por abandono de trabajo.
Con la causa abierta a prueba, Curotto renunció el 23 de agosto de 2023 a través de su defensor, Lisandro Rodríguez Signes, sin ofrecer pruebas. El STJ aceptó la renuncia, dispuso descontarle los días no trabajados, archivó el sumario y ordenó que los antecedentes, que a su juicio hablan por sí mismos de incumplimientos, quedaran en su legajo. Firmaron Susana Medina, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Miguel Giorgio, Martín Carbonell, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Soage.
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