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Villa Elisa: concejal denunció penalmente compras directas a empresa vinculada a un funcionario

A pocos días de concluir su mandato, un concejal denunció ante la Unidad Fiscal de Colón una serie de compras y contrataciones directas por parte de la Municipalidad de Villa Elisa.

Se trata del edil opositor Albano Rottoli (Unión Vecinal), de profesión abogado, quien en noviembre del año pasado había formulado un pedido de informes al Ejecutivo.

 

Fruto de la respuesta obtenida en abril pasado, realizó un análisis pormenorizado de la documentación y decidió llevar a la Justicia las presuntas irregularidades detectadas.

La causa quedó momentáneamente caratulada “ROTTOLI, ALBANO JORGE S/ SU DENUNCIA” (Legajo Nº 3904/2023) y se encuentra a cargo del fiscal Juan Sebastián Blanc.“

Incompatibilidad” para realizar contrataciones

El requerimiento apuntaba a dar cuenta de “todas las compras y contrataciones” por reparación de maquinarias realizadas a la firma Abel Viollaz Sociedad Anónima, desde el inicio de la intendencia de Susana Lambert hasta la fecha del pedido, noviembre de 2022.

“ABEL VIOLLAZ SA sería una empresa y/o firma de la que formarían parte familiares del actual secretario de Obras y Servicios Públicos, Adolfo Luis Viollaz, tal es así que Abel Viollaz es el padre del actual funcionario; firma que se dedica a la reparación de maquinarias y venta de repuestos en la que se desempeñara el mencionado antes de asumir en la presente gestión de gobierno, lo que genera una incompatibilidad para dichas contrataciones conforme a los artículos 13, 15 y concordantes de la Ley 25.188 de Ética Pública”, decía uno de los fundamentos centrales, basado en un informe de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que sindica a la persona del funcionario municipal como director titular.

En una serie de seis decretos y una resolución se autorizaban contrataciones directas por reparación y mantenimiento preventivo de maquinaria, “prescindiéndose de las formalidades procedimentales”. No obstante, fruto del análisis documental de Rottoli, los siete hechos iniciales habrían trepado a 89.

Tanto el pedido de informes, como las copias de las disposiciones oficiales a las que se hacía referencia, en su momento fueron remitidos al Tribunal de Cuentas, “a los fines de que tome conocimiento y eventualmente produzca el dictamen que corresponda dentro de sus atribuciones”.

Ida y vuelta en sesión

La denuncia fue anunciada en el marco de la última sesión del período legislativo, convocada en forma extraoficial para tratar el proyecto de presupuesto 2024 y la Ordenanza Impositiva.

Invocando su juramento de “cumplir y hacer cumplir la ley”, Rottoli afirmó que su decisión estaba sustentada en que “todo funcionario o empleado público que toma conocimiento de un hecho que puede llegar a concluir en un delito, según nuestro Código Procesal Penal, está obligado a denunciarlo para que el mismo se investigue”.

Desde la bancada oficialista, el edil Daniel Cáceres buscó transmitir “tranquilidad a la población” sosteniendo que “en definitiva será la Justicia quien va a resolver y dictamina, conforme a las pruebas”. Asimismo, recordó que los registros de la administración “siempre fueron llevados por funcionarios de carrera, sin injerencia de los cargos políticos, lo que asegura la transparencia”.

A su turno, el concejal vecinalista volvió a tomar la palabra para aclarar que su planteo “no refiere a la conveniencia de las contrataciones en las que el secretario de Obras y Servicios Públicos está relacionado con la firma contratada”.

“No solo es una cuestión de parentesco: es parte del directorio, faltando a la Ley de Ética Pública, la cual le prohibía al funcionario intervenir en el proceso de contratación”, remarcó.

Fuente: El Entre Ríos

 

 

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