El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012. La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X.
La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, ese proceso contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril del 2012 y no fue azarosa: un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Este es el verdadero botín que buscan el fondo litigante.
Qué reclama y qué ganó el fondo buitre Burford
El bufete de abogados inglés, especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia de marzo del 2023 en que la jueza de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El monto fue fijado en una segunda sentencia meses después.
La demanda principal de Burford se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.
Además, el fondo buitre alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
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