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La Uader capacitará a su personal en el marco de la Ley Micaela

Con la adhesión de la Universidad, se dispone que los trabajadores y funcionarios de esta institución cumplan con la capacitación requerida. Así se hizo saber a la comunidad, formalmente, en un acto de presentación de la Ley Micaela que encabezaron “Yuyo” García y el Rector de la casa de estudios,  Aníbal Sattler.

 

La norma nacional que obliga a la capacitación de funcionarios en materia de violencia de género, fue el eje de un encuentro en el Rectorado de la Uader en Paraná, con la presencia de Néstor "Yuyo" García (Fundación Micaela García "La Negra" de Concepción del Uruguay). Además, la Universidad presentó la licencia por violencia de género.

La Ley Nº 27.499, conocida como Ley Micaela, tuvo su primer impacto formal en la provincia con la adhesión al espíritu de la misma por parte del Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La norma obliga a capacitarse en violencia de género a los funcionarios y trabajadores públicos de los tres poderes del Estado Nacional. El texto de la ley fue promovido por la Fundación Micaela García “La Negra”, encabezada Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, el padre y la madre de la joven víctima de femicidio en 2017, que cursaba el profesorado de Educación Física en la sede Gualeguay de la Uader.

 

El encuentro se realizó el viernes 15 de marzo, en el Auditorio “Amanda Mayor” de Rectorado, en Paraná, en el marco de la Agenda M “Mujer, Memoria, Malvinas” que desarrolla la Universidad por sexto año consecutivo.

Fundamentos y convicciones

Profundamente conmovido, García explicó por qué la insistencia en sensibilizar al Estado en todos los órdenes sobre el tema. Recordó que horas antes del femicidio de Micaela, un hombre fue a denunciar al homicida por intento de abuso sexual a su hija. “Si el policía que tomó esa denuncia hubiera estado capacitado en perspectiva de género, en violencia contra las mujeres, hubiera actuado de inmediato y Micaela estaría viva”, resumió cabalmente el impacto que tendrá la ley en las políticas públicas de prevención.

García repasó exhaustivamente los pasos que se dieron para la sanción definitiva. Se explayó en los fundamentos que inspiran la norma como son las disposiciones en materia de capacitación de Belém Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer); de la Ley Nº Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres; citó fallos judiciales que sientan jurisprudencia en la necesidad de capacitar a los agentes del Estado.

Puso de relieve la necesidad que adhieran las provincias; instó a que los municipios hagan lo propio “porque son los que están más cerca de los últimos de la fila”, graficó; y mencionó la iniciativa que tramita ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las universidades públicas, como ya lo hizo la UADER, avancen en políticas de este tipo al interior de las instituciones de educación superior.

Línea de coherencia

A su turno, el Rector defendió enfáticamente el espíritu de la norma y expresó el acompañamiento a la fundación para las acciones a emprender para la plena vigencia de la Ley Micaela en la provincia y el país.

Enmarcó la decisión de adherir a la ley en una línea de acción sostenida en el tiempo con relación a la perspectiva de género y los derechos humanos. Hizo notar, al respecto, que la primera norma de la Uader normalizada, “la Ordenanza Nº 001 del Consejo Superior fue emancipar el Programa de Género que tenía la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud para hacerlo propio de toda la Universidad”.

Mencionó además la resolución que prevé el respeto a la Identidad Autopercibida; el régimen de licencia por maternidad que contempló todos los tipos de familia; la disposición por la cual el Programa Integral de Género, Derechos y Salud tiene una participación activa en los cursos de ingreso a las carreras de la Universidad; y mencionó que tienen el título Doctora Honoris Causa de Uader, dos referentes del movimiento feminista como son la magistrada Carmen Argibay y la antropóloga Rita Segato.

Para completar la serie de acciones, destacó la Licencia por Violencia de Género, de reciente aprobación en el Consejo Superior, normativa que fue presentada al inicio del acto por María Elena Ale, de la Mesa Representativa de Género de la Universidad.

Esta jornada central de la Agenda M contó con el acompañamiento del Diputado Nacional por Entre Ríos, Julio Solanas; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud,  Estela Gross; la titular del Consejo de Prevención de las Violencias, Mariana Broggi; la Subsecretaria de la Mujer, Valeria Migueles; la directora del IPRODI, Cristina Ponce; la Coordinadora de Prevención y Abordaje Integral de Tráfico, Trata de Niños, Niñas y Adolescentes y Trabajo Infantil, en el ámbito de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, Silvina Calveyra, y la directora, Marcia López.

 

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