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Miguel Marizza es uno de los implicados en la asociación ilícita detectada por AFIP y Prefectura

Se conocieron datos reveladores tras los allanamientos realizados la semana pasada por la AFIP y Prefectura. Por primera vez, trascendieron los nombres de los supuestos implicados en las maniobras. Entre ellos se encuentra el empresario Miguel Marizza, dueño de la empresa con el cual la Municipalidad de Concepción del Uruguay había acordado un canje en el marco del “Megaproyecto turístico integral”, que implicaba la entrega de la manzana de la actual terminal y el edificio del Mercado 3 de Febrero a cambio de una nueva terminal en el tránsito pesado y la instalación de máquinas tragamonedas.

Miguel-Marizza

La AFIP desbarató una asociación ilícita de abogados y contadores que fraguó certificados de retención y evadió Ganancias e IVA por más de 60 millones de pesos.

Los allanamientos fueron dispuestos en el marco de la causa caratulada “Marizza Miguel Ángel, Izaguirre Ibáñez Roberto, Morelli Salvador, De Araquistain Sergio, Montagnese sobre infracción a la Ley 24.769”, publicó Elonce TV.

Roberto Izaguirre Ibáñez es hijo de la jefa del área jurídica de la AFIP Paraná.

Por su parte, el ingeniero Miguel A. Marizza, es Vice-presidente 2º de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos y vocal de la Cámara Argentina de la Construcción.

Miguel Marizza, es un reconocido empresario de la construcción en la provincia, cuya nave insignia es la empresa Caballi S.A.

Marizza también incursiona en el negocio de la noche con la empresa Altos de La Toma, S. A. El año pasado le dieron la concesión del ex Museo de la Ciudad de Paraná, ubicado en la costanera baja e instaló en ese sitio, el bar-pub y boliche “Ortiz”.

En tanto, Salvador Morelli es hijo y lleva el mismo nombre de un nadador y que fue una gloria del deporte paranaense, quien también fue presidente del Club Estudiantes de Paraná. Morelli quien fue implicado en las maniobras de evasión, es aficionado al golf y uno de los allanamientos realizados por Prefectura y la AFIP, en la capital entrerriana, habría sido en su domicilio.

Finalmente, Sergio De Araquistain y Montagnese, realizan sus actividades profesionales y comerciales en Buenos Aires.

El trámite por las sospechosas maniobras se lleva adelante en el Juzgado Federal de Paraná “por simulación dolosa de pagos”. Los domicilios allanados pertenecen a contadores y abogados que habrían ofrecido certificados "mellizos" de retención a distintas empresas que eran utilizados para cancelación de obligaciones fiscales.

Estos mismos profesionales integraban una cooperativa de transporte de mercadería cuyas oficinas funcionaban en el “Paseo de las Luces”, de Paraná, lugar que también fue allanado.

Los primeros resultados de los allanamientos indican que sólo en esa firma se podrían haber evadido 60 millones de pesos.

Los datos relevados por la AFIP harían presumir la existencia de una organización delictiva dedicada a la creación de una ingeniería financiera para beneficiar a la cooperativa, la que se habría extendido a otros contribuyentes para facilitar la evasión de impuestos, lo que daría lugar a la comisión del delito de “asociación ilícita fiscal”.

Además habrían detectado relaciones laborales encubiertas en forma de asociados que alcanzan a montos millonarios en evasión previsional.

Recordemos que la operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de allanar 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalle de los "usuarios" (clientes) que adquirieron este "producto".

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de la ciudad de Paraná que allanó 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde pudo secuestrar valiosa documentación que permitirá determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo investigados en el marco de una causa penal anterior.

El viernes pasado, Elonce TV pudo registrar un importante movimiento de agentes de la AFIP y Prefectura en el frente del edificio central de la agencia de Avenida Ramírez desde donde se trasladaron hasta un edificio de calle Nogoyá al 700 y luego en calle Buenos Aires.

La investigación sigue. El delito de asociación ilícita fiscal comprende una escala penal de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión efectiva.

 

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