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Paraná: pidieron más absoluciones en la causa narcotráfico

Las defensas de un grupo de acusados en la causa donde se investiga la banda del sindicado capo narco Daniel “Tavi” Celis y sus vínculos con la gestión del ex intendente Sergio Varisco, solicitaron absoluciones o, en su defecto, que se les impongan penas menores a las requeridas por la Fiscalía. Hubo fuertes cuestionamientos al sistema de escuchas que utilizó como prueba principal la acusación y se pidieron nulidades de procedimientos.

El cierre de la jornada se vivió con la exposición de Augusto Lafferriere, defensor de Miguel Ángel “Titi” Celis (hermano de “Tavi”), quien realizó una serie de planteos para mejorar la situación de su cliente, confeso en el hecho conocido como “narcoavioneta” en referencia a la captura de Cessna 210A con 317 kg de marihuana en mayo de 2017 en Colonia Avellaneda. La otra causa que se juzga es “narcomunicipio”, por los vínculos de esta banda con la gestión del ex intendente Sergio Varisco (Cambiemos).

Lafferriere trazó ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) integrado por Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango, un camino claro apuntando a despegar a “Titi” (y también por rebote al resto de los implicados en la causa) del comercio de estupefacientes y de la idea de una banda criminal organizada.

En el primer punto, indicó que “comercio” comprende la compraventa con fines de lucro. Y Miguel Ángel Celis, subrayó el letrado, adquirió el cargamento de marihuana pero no lo vendió. Al quedar rengo, al faltar una de las patas de la operación, “no hay comercio porque no hay lucro”, es decir no se realizó la ganancia esperada entre la adquisión y la reventa, postuló. “(“Titi”) Fue impedido (de vender) por el accionar de la Policía Federal (y la acción criminal) quedó en tentativa”, razonó.

Asimismo, apuntó que el comercio implica continuidad en el tiempo y, según lo confesado por su defendido, este participó en una sola operación trunca, por lo que este principio tampoco se cumpliría. Sobre esta base, recordó que la confesión de Miguel Ángel Celis implicó a otras dos personas (Luis Céparo y José Caballero, también imputados en la causa) y consideró que no existió una “organización, sino participación junto a otros con el objetivo de vender” la marihuana.

“(Titi) Celis no alquiló el campo (de los hermanos Ghibaudo, donde aterrizó la avioneta) ni se comunicó con los vendedores”, abundó Laferriere. Existe poca prueba a los efectos de probar la existencia de una banda de narcotraficantes, sentenció. Por eso pidió una atenuación del pedido de la Fiscalía para llevarla a los valores mínimos y también la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Actualmente, Miguel Ángel Celis está detenido en la UP1 de Paraná.

A primera hora, la defensa oficial, con las exposiciones de la Dra. Noelia Quiroga y de la Dra. Gisela Cancillieri, presentaron los acusados Miguel Carmelo Leguizamón; Miqueas Córdoba; José Marcial Caballero; Luis Céparo; Yamila Corradini; Márcos Velázquez; Julio César Vartorelli; Jonatan Romero; María Laura Zurita y Miguela Fidelina Valde (madre del corazón de “Tavi”), todos implicados en la primera causa del juicio, referido a la “narcoavioneta”,

A trazo grueso, tanto Quiroga como Cancillieri pusieron sobre el tapete en todos los casos lo que interpretaron una falta de pruebas para acusar a quienes defienden y solicitaron absolución y excarcelación. Subsidiariamente, en caso de que el TOCF no convalide esta petición, pidieron una calificación más benigna y una pena inferior a lo solicitado por Fiscalía.

Un punto saliente de la presentación de estas defensoras oficiales es que plantearon la nulidad de las actuaciones por cuestiones formales en la etapa de instrucción. Quedó en la mira la no comunicación por parte del Juez Federal Leandro Ríos a Fiscalía en los plazos legales de la denuncia que inició la investigación. Las defensoras también pusieron en tela de juicio incongruencias en las fechas de las escuchas telefónicas que se realizaron en algunos casos antes, según arguyeron, de que se disponga la intervención legal de las líneas.

A su turno, el abogado Gastón Storero, defensor de Gastón de la Fuente (alias “cordobés”) quien además de deslindar la participación y las responsabilidades de su pupilo en lo que se investiga en la causa, cuestionó la probanza existente acusando incluso a la Fiscalía de haber tomado por cierto sin más las interpretaciones que realizó la Policía Federal (PFA) en sus trabajos de campo.

Como ejemplo, citó el caso del pedido de “Tavi” Celis para que Hernán Riveros (director de la Unidad Municipal 2), consiguiera camiones sin GPS para hacer una “mudanza” a San Benito durante un fin de semana. Los agentes de la PFA valoraron esta petición como un indicio claro de la utilización de vehículos municipales de la UM2 para transportar estupefacientes. Sin embargo, ninguno de los testigos de la fuerza pudo confirmar que los camiones salieron de la Unidad hacia San Benito en las fechas previstas y, menos todavía, asegurar que estaban trasladando droga.

“No hay intervención ni participación de De la Fuente con los otros involucrados en la bajada del avión”, puntualizó, pero reconoció que las tareas de su defendido, como haber recorrido campos para ver cuál se podía adaptar mejora para el descenso de una avioneta, constituyen actos previos, algo que no basta para configurar un delito.

Sobre esta base, pidió absolución y, en forma subsidiaria, requirió la pena mínima por una participación secundaria en el accionar de la banda.

Por último, Guillermo Vartorelli argumentó sobre la base de que Fiscalía no acusó a su defendida María Esther Márquez (la curandera de consulta de los hermanos Ghibaudo, quienes facilitaron el campo para que aterrice la “narcoavioneta”), el pedido de absolución “lisa y llana”, tras calificar de “disparatada” la acusación inicial que la puso en el banquillo de los acusados.

 

Fuente: APF

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