El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La central obrera acumuló 84 horas de huelga general, acompañó cuatro marchas universitarias e impulsó acciones judiciales contra las reformas laborales.
La relación entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno de Javier Milei estuvo marcada por el conflicto desde el comienzo. A los 45 días de gestión libertaria, llegó la primera medida de fuerza. El ataque del Ejecutivo al movimiento obrero organizado fue constante. La mayor confrontación estuvo alrededor del proyecto de reforma laboral, la política de ajuste sobre salarios, las jubilaciones, la industria y la defensa de los servicios públicos.
Durante los primeros 1.000 días de gestión de Milei, la CGT realizó cuatro paros generales, protagonizó movilizaciones al Congreso y a Tribunales y abrió al menos tres grandes frentes judiciales contra decisiones del Poder Ejecutivo.
Cuatro paros generales: dos durante 2024, uno en 2025 y otro en 2026, 84 horas de paro general: 12 horas en la primera medida y 24 horas en cada una de las tres siguientes, se podría decir un paro cada 250 días.
Además, sucedieron 45 días hasta el primer paro general. Cuatro marchas federales universitarias acompañadas por la CGT. Al menos tres grandes acciones judiciales contra reformas laborales del Ejecutivo.
Entre el primer y el segundo paro transcurrieron 106 días; entre el segundo y el tercero, 336; y entre el tercero y el cuarto, 315. Al 4 de septiembre de 2026 se hacen 197 días desde el último paro general.
La primera confrontación comenzó con el DNU 70/2023. La CGT marchó al Palacio de Tribunales el 27 de diciembre de 2023 y presentó una acción judicial contra su capítulo laboral. La central rechazó los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, las indemnizaciones, las asambleas sindicales y el derecho de huelga.
El 3 de enero de 2024, la Cámara del Trabajo suspendió cautelarmente la aplicación del capítulo laboral. El 30 de enero, declaró inválido constitucionalmente el Título IV del decreto en el marco del amparo promovido por la CGT.
Ley Bases y segundo paro general
La CGT rechazó las diferentes versiones de la Ley Bases 27.742 por la reforma laboral, las facultades delegadas, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y los cambios sobre el empleo público y privado.
Jubilados y tercer paro general
El 10 de abril de 2025, la CGT realizó su tercer paro general contra el Gobierno. Estuvo precedido por una movilización junto con jubilados frente al Congreso. Sus principales motivos fueron la pérdida del poder adquisitivo, los despidos, la política previsional y los límites aplicados a las negociaciones paritarias.
Durante la medida no funcionaron trenes, subtes ni taxis y fueron afectados los bancos, puertos, vuelos, escuelas y organismos públicos. La UTA no adhirió, por lo que una parte importante de los colectivos circuló. En total, se cancelaron 267 vuelos.
La reforma laboral y el cuarto paro
La central marchó a Plaza de Mayo el 18 de diciembre de 2025, se movilizó al Congreso el 11 de febrero de 2026 y convocó su cuarto paro general para el 19 de febrero.
La CGT cuestionó los cambios en indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, negociación colectiva, tercerización, facultades empresariales, representación sindical y derecho de huelga.
El 2 de marzo, la central marchó a Tribunales para impugnar la ley. Consiguió inicialmente una medida cautelar amplia, pero la resolución fue revocada el 8 de mayo. El planteo de fondo continuó abierto.
La CGT frente a las demás leyes
La derogación de la Ley de Tierras Rurales 26.737 estaba incorporada en el artículo 154 del DNU 70. Por eso no existió inicialmente una movilización separada: la central combatió el conjunto del decreto.
En agosto de 2026, la discusión reapareció con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La CGT anunció su participación en la protesta del día 6. Horas después el Gobierno retiró el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras por extranjeros.
La CGT también manifestó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares por sus posibles consecuencias ambientales, laborales y productivas.
Durante la marcha del 18 de diciembre de 2025, la central cuestionó además el intento de utilizar el Presupuesto 2026 para derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario y reducir los recursos del Hospital Garrahan. El artículo fue rechazado en Diputados y no quedó incorporado a la Ley de Presupuesto 27.798.
Cuatro marchas por la universidad pública
Las marchas fueron convocadas originalmente por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina. La CGT decidió acompañar las cuatro movilizaciones.
La CGT también manifestó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares por sus posibles consecuencias ambientales, laborales y productivas.
Durante la marcha del 18 de diciembre de 2025, la central cuestionó además el intento de utilizar el Presupuesto 2026 para derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario y reducir los recursos del Hospital Garrahan. El artículo fue rechazado en Diputados y no quedó incorporado a la Ley de Presupuesto 27.798.
El desafío de conservar la unidad
El secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), José «Vasco» Minaberrigaray, destacó la respuesta colectiva del movimiento obrero durante el período.
«El movimiento obrero ha entendido que esta batalla había que darla en unidad», sostuvo.
Para Minaberrigaray, la diversidad de posiciones internas en el movimiento nacional no impidió que la CGT conservara una estrategia común frente a las principales reformas laborales. «Debemos abordar soluciones conjuntas, no soluciones individuales», remarcó.
Una relación que continúa abierta
El vínculo entre la CGT y el Gobierno atravesó etapas de movilización, huelga, judicialización y diálogo institucional. El primer paro estuvo directamente relacionado con el DNU 70 y el proyecto de Ley Ómnibus. El cuarto tuvo como objetivo específico la Ley de Modernización Laboral. El segundo y el tercero expresaron un rechazo más amplio a la política económica, salarial, previsional y laboral.
La central consiguió frenar judicialmente el capítulo laboral del DNU 70 y las restricciones al derecho de huelga establecidas por el DNU 340. En cambio, no logró impedir la sanción de la Ley Bases, el Paquete Fiscal y la nueva reforma laboral.
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