El autor del siguiente texto reflexiona sobre los aumentos de los costos de las tarifas eléctricas, de las siderales ganancias de las empresas distribuidoras, de los recortes municipales, pero que el usuario sigue sufriendo las consecuencias.
Por JUAN MARTÍN GARAY (*)
Las boletas de energía eléctrica siguen golpeando el bolsillo de las familias entrerrianas. Y los números muestran con claridad que los aumentos no son casuales.
Un informe publicado por Análisis Digital (Ver aquí) reveló que, desde diciembre de 2023, las empresas transportistas de energía registraron aumentos de hasta el 671%.
TRANSENER aumentó un 671%.
TRANSNEA, un 640%.
LIMSA, un 529%.
Y LITSA, un 501%.
Todo eso impacta directamente en la tarifa que pagan los usuarios.
A esto se sumaron la quita de subsidios y los cambios tarifarios impulsados por el Gobierno Nacional, que dejaron a miles de hogares pagando mucho más por el mismo consumo.
Los números son contundentes: una familia que en 2024 pagaba cerca de $8.960 por un consumo promedio, hoy puede estar pagando más de $57.000.
Más de un 540% de aumento en apenas dos años.
Y hay otro dato que permite dimensionar el problema: en el mismo período, la inflación acumulada rondó el 303% según datos del IPC-INDEC. Es decir, la tarifa eléctrica aumentó muy por encima de la inflación general. 
Y mientras tanto, el mismo informe señala que las empresas transportistas acumularon más de $8.800 millones en multas por incumplimientos y deficiencias en el servicio eléctrico.
Pero también hay responsabilidades provinciales que deben decirse con claridad.
En Entre Ríos, ENERSA es la empresa estatal encargada de la distribución eléctrica. Y mientras los usuarios enfrentan aumentos históricos, el balance del año pasado mostró un superávit superior a los $42.000 millones.
Es decir: en medio del tarifazo, la empresa provincial tuvo ganancias millonarias.
Mientras tanto, en Concepción del Uruguay se tomaron medidas concretas para reducir la carga local: se eliminó el 8,69% de contribución municipal incluido en la factura y además se redujo la tasa municipal del 15% al 13%.
Como se ve, no alcanza.
Pero no alcanza porque el problema principal no está en el municipio, sino en decisiones nacionales y provinciales que impactan directamente sobre la tarifa.
Hace falta recuperar algo básico: sentido común.
Si la luz aumentó mucho más que la inflación y cada vez cuesta más sostener un hogar, un comercio o una pyme, entonces Nación y Provincia deben hacerse cargo de la responsabilidad que les corresponde y actuar en consecuencia.
(*) Abogado y Concejal
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