El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La medida dictada por el juez Elvio Garzón tras la requisitoria fiscal se dio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Además, incluyó la orden de embargo preventivo de distintos bienes del ex mandatario, por las que se sucedieron los allanamientos antes mencionados.
Luego de que trascendiera que este viernes por la mañana se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al ex gobernador provincial Sergio Urribarri, la Justicia, a través de un oficio, ordenó a la Caja de Jubilaciones de la Provincia que se le embargue el 20% del haber que percibe en concepto de beneficio jubilatorio, publicó Análisis.
La medida dictada por el juez Elvio Garzón tras la requisitoria fiscal se dio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Además, incluyó la orden de embargo preventivo de distintos bienes del ex mandatario, por las que se sucedieron los allanamientos antes mencionados.
Como había informado El Entre Ríos, en Concordia, ciudad donde estuvo radicado antes de ser mandatario provincial, los procedimientos se llevaron a cabo en su vivienda de calle Néstor Garat y también en la casa de fin de semana, ubicada en el Lago de Salto Grande. Fueron ejecutados por personal de la Justicia local que recibieron indicaciones de autoridades de este Poder con asiento en Paraná. También le allanaron el departamento en calle Lafinur, de Capital Federal.
¿De qué causa se trata?
La denuncia data de 2015 y un informe pericial determinó que entre 2008 y 2015, el ex gobernador habría tenido un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio que estimaron en 11.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros. La imputación sostiene además que habría utilizado a Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez como testaferros y “para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”. Los verbos en potencial responden a que todo está en proceso, tras la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Los defensores solicitaron entonces el sobreseimiento por prescripción, pero la causa va a camino a juicio con el pedido de condena por parte de los fiscales de cinco años y seis meses, detalla Página Judicial.
En la otra causa, en la que fueron condenados Urribarri a la pena de ocho años y Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez a seis años y medio, no queda mucho más por esperar. Rechazada la impugnación extraordinaria es el turno del recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, pero para eso un tribunal le debe hacer lugar. El mismo está integrado por Giorgio, Gisela Schumacher y Germán Carlomagno. De esa última decisión depende su libertad.
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