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Alarma en educación superior: el Gobierno entrerriano quiere cerrar carreras de formación docente

En medio de la campaña electoral, las autoridades educativas de la Provincia emitieron una resolución que obliga a los institutos de formación docente a cerrar carreras enteras. Hay alarma en el sector, uno de los más precarizados de la docencia.

La resolución se conoció la semana pasada y llenó de preocupación al sector de la educación superior. En una nueva muestra de improvisación, el Gobierno provincial obliga a cerrar carreras que él mismo había instado a crear pocos años atrás. A continuación reproducimos la nota que al respecto publicó en Análisis Digital la profesora Sandra Buchardo.

 

Cerrar carreras

A pasos de las elecciones de septiembre e inmersos aún en el contexto de una pandemia, que hizo visible las notables falencias y falta de inversión del estado en Educación, el gobierno, a través de su brazo ejecutor: el CGE, emite una súbita resolución que define un recorte y reducción de los profesorados de formación docente de toda la provincia. Paradójicamente, cuando más ha sido evidente un replanteo de revalorizar, apostar e invertir en la educación, se decide golpear y obturar la raíz de donde emerge: los institutos de formación docente. Literalmente, en menos de un mes, los institutos, mediante sus Consejos Directivos, están obligados a definir qué profesorados conservarán y qué profesorados excluirán.

Con fecha 27 de julio, se promulga una resolución, sin un marco contextual de análisis y estudio de campo por parte de la Dirección de Educación Superior, firmada por El presidente Martín Müller del CGE y dos vocales políticos, emplazando a los Concejos Directivos de todos los institutos de Formación Docente, a dirimir para el 1 de octubre, los destinos de los mismos.

En los considerandos de esta resolución se argumenta para tomar esta decisión que: el CGE, desde las normativas marco que regulan este nivel, tiene “las atribuciones y la potestad de planificar la distribución territorial de los estudios superiores a efectos de evitar la superposición en las propuestas educativas y de garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema”. También se expresa que se realiza con “el objetivo de potenciar la identidad de cada instituto”. Esta argumentación esgrimida llama poderosamente la atención ya que es la misma que se impulsó para la creación de los profesorados que hoy instan a cerrar. Y lo más contradictorio aún es que emana de la misma gestión política que, desde hace ya más de dos décadas, ha fomentado la creación de profesorados desde estos mismos fundamentos. Obscena paradoja: los argumentos de ayer, para la creación de carreras, hoy, las hacen desaparecer. Y, al respecto, ha de recordarse que cada profesorado nuevo, que era enunciado por cada instituto, era avalado y garantizado por la Dirección del Nivel. Tanto es así que, en reiteradas oportunidades, se contó con la presencia de las autoridades del CGE para presentarlos con la colateral propaganda política. Esta misma política educativa, todos estos años, ha ido acompañada de un aparato económico que no se ha traducido del todo en las escuelas de formación.

¿Qué implicancias tiene esta Resolución? La de un grosero y burdo achicamiento y reducción de las carreras de formación docente de toda la provincia, acompañada por una situación inestabilidad laboral en los docentes y de una gran desazón y desconcierto en los alumnos. Sin ninguna duda, se pone en evidencia la poca visión, planificación, organización, previsión e inoperancia de una Dirección del Nivel que no está a la altura de perfilar la matriz de la educación de la provincia.

Los directivos, docentes y estudiantes han de recordarle a la DES y al Pte. del CGE:

• Que el Nivel Superior, es el sector más olvidado y precario del sistema.

• Que desde décadas no ha habido una inversión real para quienes definen la formación de los formadores.

• Que presenta un sistema concursal obsoleto pese a las promesas de actualizarlo y a las creaciones de personal afectado políticamente para este fin.

• Que no se ha articulado un examen de oposición para acceder a los cargos directivos y específicos del nivel.

• Que carece de la figura de un supervisor o supervisora de zona, como los que tienen los otros niveles.

• Que no hay una formación permanente y continua.

• Que no se generan procesos de titularización, lo que conlleva a una constante inestabilidad laboral.

• Que la mayoría de las carreras son de planta temporaria, lo cual agudiza la precariedad laboral y va en detrimento del fortalecimiento de la identidad y organización institucional, planteada desde lo discursivo en la normativa de la dirección del nivel,

• Que los docentes se perfeccionan y capacitan; proyectan y organizan sus cátedras, desde sus propios recursos.

• Que se instó a la creación de carreras sin una inversión sólida y criteriosa al respecto: sin material bibliográfico, sin recursos materiales específicos y sin infraestructura adecuada.

• Que no hubo, a pesar de la reformulación de carreras, incorporación y creación de nuevos cargos acordes a las mismas, como la no habilitación de más cargos de preceptores, por ejemplo, ante el gran crecimiento del alumnado.

• Que hubo un cambio de nombre de la autoridad a cargo del nivel: el de la secretaria académica, pero sin una bonificación acorde a la función.

• Que, para ingresar al nivel, como corresponde, se requiere de un personal con especificidad en los espacios curriculares a desarrollar con título de nivel superior pero no se promueven profesorados para la formación en este nivel. La mayoría lo hacen para la educación secundaria y, por ende, para obtener una especificidad, se tiene que acudir a institutos o facultades de otra provincia.

• Que hubo una inversión económica, pero, que la misma se diluyó en nombramientos dedocráticos y políticos en el CGE con personal sin competencia, con personal con trabajo ficticio y nombramiento de comisiones fantasmas.

• Que hubo encuentros territoriales en distintos departamentos de la provincia de donde emanaron informes y análisis de trabajo de campo que, al parecer, resultaron estériles, porque fomentaron la creación de profesorados que hoy cercenan y restringen.

No se entiende cómo pueden llegar a pensar, quienes arrogan la potestad de definir el destino de los institutos de formación, que estas problemáticas pueden ser superadas desde esta medida tan arbitraria. ¿Acaso, a esto apuntan cuando hablan de educación inclusiva, justa e igualitaria? Bajo ningún aspecto se puede repensar la educación de nuestra provincia desde un paradigma reduccionista e involutivo. Han de articularse las medidas que sean necesarias para revertir y derogar esta decisión en pos de garantizar una educación por excelencia que pueda replicarse en todos los niveles. Es precisamente, desde el Nivel Superior, desde donde debe comenzarse un cambio profundo e innovador acorde a la realidad contextual, garantizado por una coherente inversión.

Las autoridades educativas del nivel, en forma conjunta con sus docentes y estudiantes, están en estado de alerta articulando todo tipo de acciones para derogar una resolución tan injusta como arbitraria.

Ha de enfatizarse que una sociedad, que no tenga como eje vertebrador a la educación, jamás podrá sostenerse sobre convicciones sólidas. Indefectiblemente, la educación nos abre las puertas a la libertad y a la democracia.

 

 

 

 

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