El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Bajo un contexto en donde la crisis climática debe interpelar profundamente a los distintos gobiernos, la lucha contra los impactos del modelo productivo se profundiza. “Recurrimos a la Corte Suprema de Justicia por considerar disciplinatorio el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”, le dijo a Conclusión Elio Kohan, integrante de la organización.
Por ALEJANDRO MAIDANA de CONCLUSIÓN
El planeta explicita su dolor en cada rincón golpeado por la acción desprejuiciada del hombre. Un escenario tan preocupante como apocalíptico que vuelve a poner en relieve la imperiosa necesidad de darle un golpe de timón al destino autodestructivo que el propio ser humano construyó. Bajo lo urgente de este escenario, la conciencia ambiental sigue batallando contra quienes la menosprecian.
El cambio climático es una lúgubre realidad, y la misma se manifiesta de manera rabiosa ante la impertérrita mirada de los responsables de alimentarla a través de sus decisiones. Si bien la contaminación por ozono ha caído en 2020 un 41 por ciento, y pese a esta disminución, el 76 por ciento de la población sigue respirando aire contaminado, según el informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción ¿Y si le sumamos el aire atestado de agrotóxicos?
En nuestro país se perdieron más de 6 millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos 20 años, el 43% de esta pérdida de bosques nativos fue durante la vigencia de la ley 26.331, conocida como Ley de Bosques, sancionada en 2007. El Estado es socio y garante de una agresión desmesurada a los distintos ecosistemas intervinientes en los ciclos de una esmerilada naturaleza.
En este marco la frontera agrícola no ha dejado de avanzar sistemáticamente, arrasando comunidades y empujando al desarraigo, algo que, sumado a la bestial utilización de agrotóxicos, ha colocado a los pueblos fumigados contra la pared. Una actividad contaminante que fue declarada en más de una oportunidad como esencial bajo el actual contexto de crisis sanitaria.
En Entre Ríos la Coordinadora Basta es Basta insiste en ponerle freno a las fumigaciones
En plena crisis ambiental, distintas organizaciones y vecinos siguen batallando y comprometiendo a la Justicia. Días atrás la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, presentó un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras haber tenido un fallo en contra por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) respecto del amparo ambiental que pedía alejar los agrotóxicos para resguardar la salud de las poblaciones presentado en febrero de este año.
En aquel momento se falló a favor de los demandados (la Comuna de Colonia Avigdor y el Gobierno de la provincia) condenando a los denunciantes a pagar las costas de un amparo ambiental colectivo con claro intento disciplinatorio, para luego rechazar el recurso extraordinario presentado, tal como era de esperarse. Un claro guiño al agronegocio que persiguió de eximir responsabilidades a las distintas esferas del estado.
“Nuestras acciones a fin de proteger efectivamente el interés general se dan en distintos ámbitos, con el objetivo de generar conciencia colectiva no sólo de lo ya evidente y palpable (los efectos dañinos sobre la salud y el ambiente de los agrotóxicos) sino también de la necesidad de políticas públicas que atiendan estos reclamos ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que siguen una misma línea en relación con lo que le dictan los sectores económicos promotores y beneficiarios de extractivismo en la provincia. Hemos dejado en evidencia a quienes responden los tres poderes del Estado y cuáles son sus verdaderas intenciones más allá del hipócrita discurso eleccionario en torno a un supuesto cuidado de la salud de entrerrianos y entrerrianas”, indicaron desde el Basta es Basta.
El Estado es socio y garante de una agresión desmesurada a los distintos ecosistemas intervinientes en los ciclos de una esmerilada naturaleza.
Quienes apoyaron el amparo y festejaron el fallo del juzgado de primera instancia Civil, Comercial y Laboral de La Paz, luego quedaron con el sabor amargo de ver cómo el STJ fallaba en contra de la salud de las poblaciones, tergiversando la legislación ambiental y reduciéndola a un contradictorio propio del proceso civil. Así, buscaron cualquier artilugio jurídico para fundamentar su decisión, olvidando que el derecho ambiental tiene por fin la efectiva protección de la salud pública, no el uso estratégico de la legislación de rango menor existente para facilitar la contaminación.
Frente a esto, quienes vienen discutiendo con el modelo exractivista y contaminador sin respiro alguno, enfatizaron: “No nos rendiremos, iremos a los tribunales internacionales si es necesario. Bajar los brazos jamás estuvo en nuestros planes. Buscaremos todas y las mejores estrategias para seguir batallando, porque es una obligación moral, un compromiso con estas generaciones y con nuestro tiempo. Mientras conmueve a todo Entre Ríos la batalla de madres con sus hijos cuando el Estado no se hace cargo de los millonarios tratamientos oncológicos, del que sí se hace cargo la solidaridad entrerriana. Pero tenemos que atacar las causas que generan daño genético en la gurisada. En plena emergencia socio-ambiental, seguimos diciendo basta de genotóxicos, basta de cáncer, basta es basta”.
Elio Kohan es docente e integrante del Basta es Basta, en diálogo con Conclusión acercó su punto de vista sobre el recurso de queja acercado a la Corte de Suprema de Justicia con la intención de frenar las aspersiones con agrotóxicos. “Dentro de las distintas acciones, ya sea dentro del ámbito legislativo como en la generación de conciencia en todo este tiempo, vemos que el accionar del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no tuvo en cuenta la legislación ambiental ni el derecho ambiental, decidimos acudir a la Corte Suprema con un amparo de similares características sobre agrotóxicos que supimos presentar por las escuelas fumigadas”, expresó.
Las respuestas institucionales vienen siendo nulas con respecto a las muchas denuncias impulsadas por la contaminación y peligrosidad generada por las aspersiones con agrotóxicos. “En el amparo solicitamos que se declare la inconstitucionalidad de una resolución que data de 1980 que hasta el día de hoy habilita que se nos fumigue a solo 50 metros de distancia. Cabe destacar que el amparo si bien inició e interpeló a la Comuna de Colonia Avigdor, se hizo extensivo para toda la provincia. Así es como tanto Avigdor y el gobierno de la provincia apelan, y es allí que, a instancias del Superior Tribunal de Justicia, se falla en contra nuestra con el dato de que debíamos cargar con las costas. Esta resolución del STJ ante la realización de un amparo ambiental colectivo, es un claro intento disciplinatorio, pero lejos está de hacernos retroceder en nuestro legítimo reclamo, por ello hemos decidido llegar hasta la Corte Suprema de Justicia”, concluyó Kohan.
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