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Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú

Con 240 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ratificación del "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", conocido como “Acuerdo de Escazú’’.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales.

Es, a su vez, el primero en el mundo que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, la región donde más personas son asesinadas por año por realizar esa tarea.

De este modo, nuestro país se convirtió en el 10° de la región en concretar su ratificación. El Acuerdo involucra a los 33 países que integran América Latina y el Caribe. Y para que efectivamente entre en vigencia, se necesita que al menos 11 lo ratifiquen.

Hasta el momento cuenta con 23 firmas y 10 ratificaciones (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina). Por lo que se necesita alcanzar el aval de al menos 1 país más (11 en total), para que entre en vigor.

“Argentina dio un paso histórico para la lucha contra la crisis climática y la reducción de los conflictos socio-ambientales. El tratado es una herramienta para promover el acceso a la información sobre proyectos que contaminan o que potencian el cambio climático y para procurar poner fin a los frecuentes ataques contra personas defensoras del medio ambiente en nuestra región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe significará un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.

Fuentes: FARN / Perfil / La Nación

 

 

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