La respuesta llegó en un sobre con sesenta y dos páginas escaneadas y seis planillas aparte. Lleva el número 213, fue fechada en Paraná el 3 de noviembre de 2026 y está firmada por el contador Jesús Rafael Korell, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) desde el 11 de diciembre de 2023, el día en que Rogelio Frigerio asumió la gobernación.
Responde, después de una prórroga dispuesta por Resolución 376/26, al pedido de acceso a la información pública de diecisiete puntos que ANALISIS presentó el 17 de septiembre, en el marco de la Ley 11.191. El texto es largo, prolijo, por momentos casi un tratado de derecho tributario. Cita la Ley de Datos Personales, el secreto fiscal del artículo 129 del Código Fiscal y un dictamen de la Asesoría Jurídica de la propia ATER, el 351/26. Con esas herramientas, el organismo se negó a entregar cinco cosas: la nómina del personal, los nombres de los mayores deudores, cuánto cobró cada procurador fiscal, la deuda de cada organismo o empresa del Estado y la identidad de los agentes que viajaron, incluidos los choferes. Todo lo demás lo informó en forma agregada.
Pero lo agregado alcanza para dibujar un retrato. Y eso muestra a un recaudador que, en el último año, dejó de ir a la Justicia contra los morosos, que perdonó en 2025 multas e intereses por un monto casi mil veces superior al de los años anteriores, que tiene en su cartera una deuda impaga equivalente a casi la mitad de lo que recauda en un año y que, además, admite que nadie lo audita.
Una provincia que recauda cada vez más
La ATER recaudó 212.466 millones de pesos en 2023, 621.113 millones en 2024 y 988.569 millones en 2025. Entre enero y septiembre de 2026 ya llevaba 948.245 millones, un 34,6 por ciento más que en los mismos nueve meses del año anterior, siempre en valores nominales. Ingresos Brutos es, como siempre, el corazón del sistema: 674.751 millones en 2025 y 621.768 millones en lo que va de 2026. Detrás aparecen Automotor, Sellos y el Inmobiliario, que entre urbano y rural sumó 111.512 millones el año pasado. Desde junio de 2025 se agregó una fuente nueva, el Fondo Minero creado por el decreto 1136/25, que ya aportó 3.176 millones ese año y 10.477 millones en 2026.
Las multas y los intereses también crecieron. En 2023 representaban el 2,4 por ciento de lo recaudado; en 2026 ya son el 4,4 por ciento, con 41.921 millones en nueve meses. La multa por omisión pasó de 1.870 millones a 18.651 millones. Al 30 de septiembre de 2026, la ATER registraba una deuda tributaria exigible de 295.601 millones de pesos a valor histórico. Con intereses y accesorios, la cifra trepa a 479.126 millones. Es el 48,5 por ciento de todo lo que la provincia recaudó en 2025.
De ese total, 440.448 millones actualizados están en gestión administrativa: intimaciones, avisos, planes. Apenas 38.677 millones están en juicio de apremio, es decir, en manos de un procurador que demandó al deudor ante los tribunales. Hay 777.004 contribuyentes con deuda. La gran mayoría debe poco: 570.484 adeudan menos de 400.000 pesos y, sumados a los que deben hasta 800.000, llegan a 669.197 personas, el 86 por ciento del padrón de morosos. Pero ese ejército de pequeños deudores explica apenas el 26 por ciento del monto adeudado. El resto se concentra arriba.
La ATER no pudo responder a ANALISIS cuánto se debía al cierre de cada año. Lo explicó así: el sistema actualiza los saldos en forma permanente y no conserva fotos históricas, por lo que no es posible saber con fidelidad cuál era la deuda al 31 de diciembre de 2023, 2024 o 2025. Lo que sí informó es la antigüedad de lo que hoy sigue impago: la mitad, 150.735 millones históricos, corresponde a obligaciones de este mismo año; otros 93.537 millones son de 2025; y 18.455 millones arrastran desde 2023 o antes.
Tampoco hay, aclaró, una categoría de deuda incobrable. Existe en cambio la deuda carente de interés fiscal: la que no supera un salario mínimo, vital y móvil, que a octubre de 2026 era de 391.200 pesos. Esa deuda no se reclama en los tribunales. Sigue existiendo, pero nadie va a ir a buscarla con un abogado.
Sin juicios
La planilla más elocuente de toda la respuesta es la del punto 9. En 2023, la ATER mandó a juicio de apremio 9.345 planillas de deuda. En 2024, el primer año de la gestión Frigerio, fueron 15.125. En 2025 cayeron a 2.037, un desplome del 86,5 por ciento. Y en 2026, hasta el 30 de septiembre, la cifra es cero. Ni una sola demanda en nueve meses. El organismo lo admite sin rodeos en una nota al pie: durante el corriente ejercicio no se iniciaron juicios de apremio fiscal. Y dedica dos páginas a explicar por qué. La primera razón es la prioridad de la vía administrativa: agotar las intimaciones y los planes antes de llegar a los tribunales. La segunda es el umbral de interés fiscal. La tercera, las costas: según la ATER, en los juicios chicos el contribuyente termina pagando de honorarios más de lo que debía de impuesto, y el proceso genera, dice el texto, principalmente una acreencia a favor del profesional antes que un ingreso para el Fisco.
La cuarta razón es la más política. La ATER sostiene que ponderó el especial contexto económico que atraviesan individuos y algunos sectores de la actividad productiva, por condiciones que escapan a las decisiones del gobierno provincial. Esa, escribe, fue la razón por la cual en 2026 no se inició aún ningún juicio. Y promete que antes de fin de año demandará la deuda próxima a prescribir, para no perderla.
Lo recuperado por la vía judicial también habla. De las planillas de 2023 se recobraron 1.982 millones; de las de 2024, 5.219 millones; de las de 2025, apenas 846 millones. De las de 2026 no hay nada que contar. El dato se vuelve más llamativo cuando se lo cruza con el de los procuradores.
El cobro judicial de los impuestos provinciales lo hacen los procuradores fiscales, abogados que designa el Poder Ejecutivo por decreto. La ATER entregó la nómina completa con nombres, matrícula, decreto, fechas de alta y de baja. En 2023 había 168 procuradores vigentes. En 2024 llegaron a 207. En 2026 quedaban 157.
Detrás de esos números hay un recambio. En 2024 se dieron de alta 44 procuradores, la cifra más alta de toda la serie. Casi todos fueron designados por decretos firmados entre agosto y diciembre de ese año, y la mayoría asumió entre noviembre y diciembre. Tres de ellos, Lautaro César Amavet, Lisandro Fidel Amavet y Pablo Ezequiel Marse, tienen decretos del 7 de diciembre de 2023, cuatro días antes de que Gustavo Bordet entregara el mando; recién fueron dados de alta en noviembre de 2024. Lisandro Amavet es actualmente defensor del Pueblo en Paraná, desde diciembre de 2025. Marse se desempeñó como Coordinador de Asuntos Legales en la Secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos (cargo que ocupó desde 2025 y cuya designación quedó sin efecto con efecto retroactivo al 7 de abril de 2026) y ahora cumple tareas de asesoría legal en la Municipalidad de Santa Fe. En 28 de los 44 casos, la planilla de ATER ni siquiera consigna la jurisdicción asignada: figura como sin dato.
En 2025 vino la otra mitad del movimiento: 48 bajas. Veinticuatro se produjeron el mismo día, el 12 de septiembre de 2025, y otras diez el 2 de junio. La mayoría de los dados de baja habían sido designados entre 2017 y 2021. La ATER atribuye las salidas a motivos diversos, como revocación de poder, renuncia o incompatibilidad con nuevas funciones, por ejemplo en el Poder Judicial. La gestión de Jesus Korell renovó buena parte del cuerpo de procuradores y, apenas terminó de hacerlo, dejó de mandarles juicios.
ANALISIS preguntó cuánto cobró cada procurador y quiénes fueron los diez que más ganaron. La ATER se negó. Argumentó que los honorarios los pagan los contribuyentes demandados, no el Estado; que son ingresos particulares de carácter alimentario; que lo poco que el organismo sabe de ellos surge de las declaraciones juradas del impuesto a las Profesiones Liberales, protegidas por el secreto fiscal; y que no lleva ningún registro consolidado de las regulaciones judiciales.
Sí aportó un dato de contexto. Hasta 2016 existía otro sistema. La Resolución 197/2012 ATER (gestión de Marcelo Casaretto como director general) permitía al organismo estimar administrativamente los honorarios de los procuradores, incluso por actuaciones judiciales, y los contribuyentes los depositaban en una cuenta especial de la ATER, que después libraba la orden de pago a cada abogado. Ese circuito fue derogado por la Resolución 313/2016, en la primera administración de Gustavo Bordet. Desde entonces, según la respuesta, no hay fondos, ni cuentas especiales, ni participación del Estado: los honorarios se regulan en cada juicio según la Ley 7046 de aranceles y van directo del bolsillo del deudor al del abogado. Es decir, el Estado entrerriano no sabe cuánto ganan quienes cobran sus deudas en su nombre.
Los cincuenta grandes
Tampoco hubo nombres para los mayores deudores. La ATER sostuvo que el secreto fiscal no alcanza a la falta de pago, pero que eso no la obliga a confeccionar un listado nominal para un periodista. Entregó, en cambio, la información disociada del universo de los cincuenta contribuyentes que más deben. Esos cincuenta deben 37.040 millones de pesos a valor histórico y 59.200 millones actualizados: el 12,5 por ciento de toda la deuda de la provincia, concentrado en cincuenta cuentas. Diez de ellos deben, cada uno, 600 millones o más, y entre los diez suman 24.055 millones históricos: casi dos de cada tres pesos de lo que adeuda el grupo. Otros doce deben entre 400 y 600 millones y veintiocho, entre 200 y 400 millones de pesos.
Hay otro dato incómodo. De los 37.040 millones de pesos, 17.015 millones están en gestión administrativa y apenas 8.703 millones en juicio. Los 11.321 millones restantes corresponden a organismos del propio Estado que figuran entre los cincuenta mayores deudores.
El punto 15 lo confirma con otra escala. La ATER informó la deuda de los 199 organismos públicos con mayores saldos: 15.729 millones históricos y 30.345 millones actualizados. Los que más deben son los municipios: 82 de ellos acumulan 8.752 millones, el 55,6 por ciento del total. Le siguen 32 organismos y entes del Estado provincial, con 6.180 millones, y 26 hospitales provinciales, con 87 millones. El Estado nacional y sus organismos deben 481 millones; las comunas y juntas de gobierno, 29 millones. Qué municipio, qué ente o qué empresa debe cuánto, la ATER no lo dijo: invocó otra vez el secreto fiscal.
Si hay una cifra que salta de la respuesta es la de las condonaciones. En los regímenes especiales de regularización de cada año, la provincia perdonó multas e intereses a quienes se acogieron. Con el decreto 1313/23, de la gestión anterior, se condonaron 38,2 millones. Con el decreto 388/24, ya de Frigerio, 34,9 millones. Con el decreto 1843/25, la cifra fue de 33.269 millones de pesos. Casi mil veces más que el año anterior.
Sobre una deuda original actualizada de 68.486 millones, los contribuyentes regularizaron 35.217 millones y la provincia resignó el resto en multas e intereses: el 48,6 por ciento. La mitad de lo que se debía quedó perdonada.
El reparto también dice algo. El mayor beneficio fue para Ingresos Brutos de Convenio Multilateral, el régimen de las empresas que operan en más de una provincia: 16.625 millones condonados sobre una deuda de 29.046 millones, más de lo que efectivamente regularizaron, que fueron 12.420 millones. Los contribuyentes locales de Ingresos Brutos, Sellos y Tasas obtuvieron 6.924 millones de quita; el Inmobiliario, 4.748 millones; Automotor, 4.261 millones. Hubo incluso 710 millones perdonados a agentes de retención y percepción, es decir, a quienes cobraron un impuesto en nombre del Estado y no lo depositaron a tiempo.
En 2026, según la ATER, no hubo régimen especial ni condonaciones. Sin embargo, de los 145.128 planes de pago otorgados en 2025, 19.271 ya caducaron, con 12.495 millones de deuda actualizada que vuelve a quedar impaga.
A las condonaciones se suma el gasto tributario: lo que la provincia deja de percibir por exenciones y beneficios fijados por ley. Fueron 4.778 millones en 2023, 11.711 millones en 2024, 28.756 millones en 2025 y 28.552 millones solo en el primer semestre de 2026. El anexo del Impuesto Inmobiliario permite ver quiénes se benefician. Los inmuebles de las municipalidades exentos pasaron de 4.675 partidas en 2023 a 8.771 en 2026. Los de la Iglesia Católica pasaron de 411 partidas en 2023 a 998 en el primer semestre de 2026, y el monto exento creció de 24,7 millones a 565,8 millones en 2025. Las demás instituciones religiosas tienen 401 partidas exentas, por 99,4 millones en el primer semestre de este año. Las plantaciones de bosques artificiales dejaron de pagar 1.016 millones en 2025.
Menos empleados, mucho más gasto en personal
La ATER informó que tenía 530 personas en diciembre de 2023 y 438 en septiembre de 2026: 92 menos, un 17,4 por ciento. La planta permanente bajó de 429 a 368 agentes, sobre todo por jubilaciones que no se cubrieron. Hay 49 contratados temporarios, 16 pasantes y ningún contrato de obra desde 2024. Del total, 266 trabajan en la sede de Paraná y 172 en 37 representaciones territoriales. La de Buenos Aires tiene 12 agentes, la misma cantidad que Gualeguaychú. El organismo lo presenta como un logro de eficiencia: reestructuración orgánica por Resolución 187/2024, digitalización de trámites y, dice, compromiso del personal.
Pero con menos gente, la masa salarial se multiplicó. En todo 2023 fue de 6.883 millones; en 2025, de 32.813 millones: 4,77 veces más, un ritmo levemente superior al de la recaudación, que en el mismo lapso creció 4,65 veces. El crédito vigente de 2026 para gastos en personal es de 54.058 millones.
Entre los argumentos de eficiencia hay uno que merece revisión. Hasta julio de 2025, las boletas del Inmobiliario y del Automotor se repartían con personal propio, al que se le pagaba como servicio extra con fondos de la partida de personal. Desde entonces se emiten en forma digital. La ATER afirma que esa decisión le ahorró al Estado, solo en distribución, unos 4.000 millones de pesos por año.
La cifra no cierra con el propio presupuesto que envió el organismo. Toda la partida de servicios extraordinarios, de donde salían esos pagos extra, devengó 1.828 millones en 2024 y 1.571 millones en 2025. El ahorro anual que se proclama más que duplica todo lo que la ATER gastó en horas extra en cualquiera de esos años, y no solo en el reparto de boletas.
Un dato menor completa el cuadro: mientras se digitalizaban las boletas, la ATER siguió comprando resmas de papel a Distribuidora Pral S.A. por 46 millones en 2025 y 27 millones en mayo de 2026.
Entre enero de 2023 y agosto de 2026, la ATER adjudicó 418 contrataciones por 3.317 millones de pesos. Solo 18 fueron licitaciones públicas; 310 se resolvieron por solicitud de cotización, el procedimiento más simple. El principal proveedor es una empresa del Estado: Energía de Entre Ríos S.A., Enersa, que presta el servicio de telecomunicaciones que une el edificio central con el centro de datos y las representaciones. Se le adjudicó por contratación directa, sin competencia: 263,9 millones en septiembre de 2024 y 382,2 millones en marzo de 2026. En total, 657,9 millones.
Le sigue Druidics SRL (oriunda de Rosario), con dos licitaciones públicas de octubre de 2025 contratadas en dólares: la segmentación de la red LAN, por el equivalente a 336,7 millones de pesos, y un proyecto de seguridad de puestos de trabajo, por 103,6 millones. Después, Jacobi Soluciones Digitales, con 215,5 millones por la provisión de impresoras; Excelcom S.A., con 151 millones por licencias de seguridad informática; e Intertron S.A., con 147,8 millones por el soporte de Microsoft y VMware. La limpieza de los edificios quedó mayormente en manos de Aldo Iván Mazzucco (de Paraná), con ocho adjudicaciones por 124,8 millones.
Hay un nombre que aparece en dos anexos distintos. En la planilla de viáticos, Aldo Sigura figura como director de Integración de Sistemas de la ATER, con comisiones en 2023 y 2024; la última, en octubre de 2024, a Rosario, para una capacitación sobre inteligencia artificial. En la planilla de contrataciones, el mismo Aldo Sigura aparece como proveedor: en junio de 2025 se lo contrató por 6,9 millones como profesional para gestión de proyectos, por tres meses; en diciembre de 2025, por 9 millones, otros tres meses; y en mayo de 2026, por 9,21 millones, para un proyecto identificado como Cueros y Lanas. Las tres veces por solicitud de cotización. En total, 25,1 millones. La ATER no explica en la respuesta cuándo ni por qué dejó el cargo.
Viáticos: el chofer del director
Los viáticos, pasajes, movilidad y combustible sumaron 127,6 millones entre 2023 y agosto de 2026. Pasaron de 7,6 millones en 2023 a 49,5 millones en 2025, 6,5 veces más. El combustible de los vehículos propios creció todavía más rápido: de 2,2 millones en 2023 a 20,2 millones en 2025, nueve veces. En los primeros ocho meses de 2026 ya se habían gastado 16,9 millones.
La ATER atribuye el aumento a los operativos de fiscalización en todo el territorio y al programa Punto ATER Móvil. Las acciones de fiscalización, efectivamente, pasaron de 925 en 2023 a 4.443 en 2025, y el monto determinado de 1.016 millones a 16.747 millones. Lo que el organismo no puede decir es cuánto de eso se cobró: no lleva, admite, un registro que lo permita.
El anexo de viáticos, con más de dos mil liquidaciones, muestra otras cosas. Solo las autoridades superiores aparecen con nombre. El director ejecutivo Korell figura con siete comisiones propias, todas en 2024. Desde 2025 su nombre desaparece de la planilla. Pero aparece en otra columna, la del motivo: Traslado Director Ejecutivo. Son liquidaciones a choferes por llevarlo. En 2025 hubo 38 salidas con ese motivo, 29 de ellas a Buenos Aires, por 2,76 millones. En 2026, hasta agosto, otras 16 salidas, 13 a Buenos Aires, por 1,29 millones.
Hay otros viajes que llaman la atención. En marzo de 2025, la ATER mandó a un grupo de agentes a Mendoza, por tierra, a un curso y evento regional del CeATS sobre interoperabilidad. El viaje costó 2,97 millones entre catorce viáticos y el combustible del chofer. Y la representación de Buenos Aires, que funciona en la Casa de Entre Ríos, insumió liquidaciones por 5,5 millones en 2024 y 7,4 millones en 2025 en obras, mudanza, readecuación y conectividad. Solo en noviembre de 2025, seis agentes pasaron hasta catorce días en la Capital Federal para readecuar la oficina, con viáticos de entre 659.000 y 769.000 pesos cada uno.
El presupuesto confirma una vieja costumbre del Estado entrerriano: se asigna mucho más de lo que se gasta en inversión. En Bienes de uso, la ATER ejecutó el 5,7 por ciento del crédito en 2023, el 5,5 por ciento en 2024, el 9,5 por ciento en 2025 y el 4,8 por ciento en 2026. En servicios técnicos y profesionales, en 2025 se presupuestaron 1.025 millones y se devengaron 75,7 millones.
Y al final, en el punto 17, la respuesta más breve de todas. Desde 2023, dice la ATER, no se realizaron procesos formales de auditoría interna sobre el organismo. Tampoco hubo auditorías externas de la Contaduría General de la Provincia, del Tribunal de Cuentas ni de ningún otro organismo de control. No hay informes, no hay observaciones y, por lo tanto, no hay nada que cumplir. El organismo que maneja casi un billón de pesos por año, que perdonó 33.269 millones en un solo régimen, que dejó de demandar a los morosos y que renovó la mitad de sus procuradores, no fue auditado por nadie en tres años.
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