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MIENTRAS SIGUEN LOS DESPIDOS

Bordet pidió el cese de todas las adscripciones en el Estado provincial

Aunque en Entre Ríos no hay recorte de puestos de trabajo, sí en cambio hay una orden estricta del gobernador Gustavo Bordet de suprimir las “afectaciones”, una práctica impuesta en los últimos años, que consiste en el traslado de agentes de un área a otra, frecuentemente para acompañar la gestión de un funcionario o un legislador, lo que obliga a cubrir el puesto vacante con un suplente.

Ese sistema de “adscripciones” se ha venido eternizando aún cuando una ley vigente establece que su duración, no se puede extender por más de un año. Vencido ese período, el empleado debe volver a su lugar de origen.

El gobernador Gustavo Bordet no pudo quedar al margen de la ola que recorre todo el país y que se centra en un ajuste sobre las plantillas de empleados que dependen del Estado.

En ese marco, Bordet ordenó “el cese de pleno derecho de todas las adscripciones” en el gobierno. Se trata de los “préstamos” de empleados de un área a otra, que ocurren generalmente en la Legislatura, cuando un legislador se “lleva” como secretario a un empleado del Estado, y éste debe pedir la “adscripción”, de modo que la mudanza no le signifique perder su empleo original.

Esa adscripción obliga al Estado a contratar un suplente para cubrir al que se va. Y aún cuando la ley establece que las adscripciones no pueden superar un año, en la práctica se extienden durante toda una gestión.

Ahora, Bordet quiere aplicar mano dura en las adscripciones, publicó Entre Ríos Ahora.

El decreto N° 36, del 18 de enero, dispuso el ceso de las adscripciones, “conminando al personal bajo esa situación a presentarse a su organismos de origen (en el que están designados) el día hábil siguiente a la finalización del receso administrativo en curso, o bien al de finalización de la licencia anual ordinaria que estuviere gozando, según los casos, bajo apercibimiento de incurrir en inasistencia injustificada o abandono de servicio, pasible de las sanciones que la ley aplicable establezca”.

El Estado entrerriano destina, cada año, más de 14.000 millones de pesos en el pago de salarios a sus más de 87.000 empleados.

La planta de cargos en el Estado ha venido creciendo: en 2012, según un informe del Ministerio de Economía, el número total era de 82.655 trabajadores; en 201, pasó a 85.112, y en 2014, a 87.621.

“En el periodo 2010-2014 del total de Gastos, el 87 por ciento aproximadamente se corresponde con el Gasto Corriente y el 13 por ciento restante es Gasto de Capital. El gasto en personal, constituye el costo más relevante dentro de la estructura, teniendo en cuenta que es uno de los deberes del Estado garantizar en todo momento y lugar la prestación de los servicios esenciales como educación, salud, seguridad, justicia y otros, que dependen en gran medida del factor humano”, dice el informe de Economía correspondiente a 2014.

Pero el gobierno no logra tener un control acabado de cuántos empleados efectivamente hay en las oficinas, en qué oficinas están, y cuántos cumplen función, cuántos han sido “adscriptos” a otras áreas, cuántos se ausentan, cuántos suplentes se contratan, y qué nivel de ausentismo se registra.

A finales de 2013, la Legislatura sancionó la Ley N° 10.271 que creó el Programa de Atención de la Salud de los Trabajadores de Entre Ríos (PASTER), que buscó imponer un sistema de control de ausentismo, y aplicar “instrumentos tecnológicos de gestión que fortalezcan la infraestructura asistencial y de administración del Estado provincial”.

 

Esa ley, nunca aplicada, apuntó a contar con una base de datos que permitiese un “control médico periódico e historia clínica laboral en la cual se identifiquen las patologías que afectan a los trabajadores, tratamientos, medicación, internaciones”.

El artículo 6° de esa ley estableció que los empleados públicos contratados en un área determinada, “podrán ser adscriptos para prestar servicios en otras dependencias del Estado Provincial u Organismos Municipales o Nacionales, bajo las siguientes condiciones:

Pero fija que el “período máximo de adscripción será de doce meses”.

Ahora, Bordet quiere hacer efectiva esa norma, y, de paso, ordenar el gasto en personal.

 

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