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Carolina Comaleras: “La persona que va a abortar también paga impuestos”

Este jueves 10 el Congreso de la Nación tratará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de los días de exposiciones de especialistas que se expresaron a favor y en contra.

 

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Por CLARA CHAUVÍN de la REDACCIÓN DE EL MIÉRCOLES DIGITAL

La entrerriana Carolina Comaleras, obstetra e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue una de las expositoras y también brindó una entrevista al programa radial En la Víspera, que se emite por LT 11 como en Radio Uner, y es producido por la Cooperativa El Miércoles.

De acuerdo a los análisis previos a lo que será el tratamiento en la Cámara de Diputados, se estima que, al igual que en 2018, el proyecto logrará la media sanción. Al respecto se refirió Carolina Comaleras, obstetra e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

“Tenemos todas las mejores expectativas y creemos que va a ser ley. El debate mostró de parte de quienes están en contra en algunas exposiciones vergonzosas, muy vinculadas a lo religioso. Nosotros estamos hablando de otra cosa, de garantizar derechos, de un problema de salud pública. En términos de números tenemos la versión de que en Diputados vamos a tener media sanción. Sabemos que el Senado es un territorio hostil, aún no tenemos números precisos pero sabemos que hay varios legisladores y legisladoras que esperan a último momento para dar su voto”, expresó.

"Todas las personas pagamos impuestos con cualquier producto o servicio, entonces tiene una mirada clasista esto de ‘con mi plata no’. La persona que va a abortar también paga impuestos”.

En líneas generales, el proyecto de IVE presentado por el Ejecutivo Nacional tiene una gran mayoría de similitudes con el de la Campaña. Una de las principales diferencias es el agregado de la objeción de conciencia. “Ese punto es el más álgido ya que la Campaña no lo había agregado en ningún artículo. Consideramos que la objeción de conciencia es una herramienta que ha sido y es utilizada para generar obstáculos, maltratos, violencias y postergaciones. Sin embargo entendemos que de esa forma es que va a salir la ley, al igual que pasó con la media sanción de 2018. Lo que hemos pensado desde la Campaña es que tiene que ser una redacción lo más restrictiva posible, que deje en claro que dicha objeción es individual y no institucional, que el profesional que se manifieste objetor sea aquel que tenga directa intervención en la práctica”, indicó la profesional.

Entrevista realizada en Lt 11 en el programa en La Víspera el martes 1º de diciembre de 2020.

Desde el año 2009, la Ley de Derechos del Paciente establece el respeto a la autonomía, trato digno y el derecho esencial a la información. Entonces, la persona que sea objetora tiene la obligación de dar información, no dar opiniones personales y debe derivar rápidamente a quien que hace la consulta para que pueda acceder a la práctica.

En ese sentido, Comaleras explicó que: “Tiene un rol preponderante el servicio del hospital o del centro de salud donde se haga la consulta. Por ejemplo, un jefe de servicio no puede ser objetor de conciencia y tiene que saber con quién cuenta en su plantel. Si hay objetores en el equipo, también tiene que haber profesionales que garanticen la práctica”.

Uno de los argumentos más utilizados por quienes se oponen a la legalización del aborto es que esto implicaría un costo extra por parte del Estado para garantizar la práctica. La obstetra e integrante de la Campaña remarcó que dentro del proyecto ya está considerada la cobertura por parte del Programa Médico Obligatorio, ya sean obras sociales o prepagas.

Carolina Comaleras.

“Muchas mujeres en Entre Ríos cuentan con la obra social provincial, entonces no hay que pagar por una prestación porque la obra social ya hace ese descuento. En el caso de no haber obra social, lo garantiza el hospital público. Es central en términos de costos saber que desde hace muchos años el procedimiento farmacológico para hacer una interrupción del embarazo, la provee a los efectores públicos del Ministerio de Salud de la Nación. Si la persona quisiera comprar el misoprostol, hoy tiene un costo de 5 mil pesos, pero en el sistema público está provisto. Todas las personas pagamos impuestos con cualquier producto o servicio, entonces tiene una mirada clasista esto de ‘con mi plata no’. La persona que va a abortar también paga impuestos”, reflexionó.

Uno de los aspectos que serán esenciales para el correcto cumplimiento de la ley una vez aprobada será la capacitación y sensibilización del recurso humano del sistema de Salud para poder garantizar el derecho. “En lo que se refiere a la cuestión práctica de la medicación, ya está garantizado. Más del 90 por ciento de los procedimientos son ambulatorios y no requieren internación, quirófano o terapia intensiva ¿Quiénes son las que van a ocupar una terapia intensiva? Las mujeres que no tienen esta disponibilidad de información ni de acceso a una medicación segura, quienes utilizan cualquier método anticonceptivo y ponen en riesgo su vida y terminan en una terapia intensiva donde pueden salir muertas o con daños muy severos permanentes e irreversibles. No va a haber una saturación del sistema de salud. Lo más importante es modificar la cabeza de los profesionales de la salud donde el Estado tiene un rol central”, contó.

Por otro lado, durante este año de pandemia por Covid-19, las consultas por ILE (Interrupción Legal del Embarazo) no se han detenido. Comaleras expresó que: “En Entre Ríos trabajamos mucho con la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800 222 3444). Las consultas por ILE han tenido un crecimiento exponencial desde la pandemia, más de 5 mil personas han consultado desde enero hasta agosto, de acuerdo a datos oficial. La provincia ha recibido, solamente por la Línea de Salud Sexual, 84 consultas en los últimos 8 meses. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar han continuado abortando, no ha sido la pandemia un freno para abortar, aun con las restricciones de circulación por el aislamiento social”, concluyó.

 

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