El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Tras las declaraciones del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes (foto), José Uriburu, que manejó el depósito fiscal del puerto uruguayense redobló la apuesta. Cuestionó duramente al funcionario e insistió con las afirmaciones de su denuncia mediática y judicial, en las que fue involucrado intentando maniobras fraudulentas.
REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
La semana pasada, sin desmentir las afirmaciones que realizó el empresario José Uriburu y que lo involucran, Rodríguez Signes salió a disparar contra la empresa TPCU (Terminal Puerto Concepción del Uruguay), tras la presentación mediática y judicial realizada por el dueño de esa firma involucrando al administrador del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu), Carlos María Scelzi (nieto), al ex titular del Instituto Provincial Provincial y ex funcionario nacional Leonardo Cabrera; y al ex juez laboral Eduardo Flores.
El empresario recogió el guante y, en declaraciones a EL MIÉRCOLES, no dudó en tildar a las declaraciones del fiscal como “frustrantes” y “vergonzosas”, y afirmó que “miente”.
“¿Realmente no van a hacer nada más?”, cuestionó también el empresario, tras lo que reiteró los mismos conceptos vertidos en su denuncia original y que desataran el escándalo que -incluso- llegó a la TV porteña. También cuestionó a las autoridades anteriores y actuales del gobierno de Entre Ríos: “Hubiese esperado otra actitud”, lamentó, pese a que en la última semana se conoció que ya se habían tomado medidas judiciales y sumariales desde la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
“Es muy frustrante leer las palabras de Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, donde básicamente nada dice respecto a las gravísimas acusaciones realizadas, en las cuales los funcionarios públicos de su provincia piden plata a los privados para repartírsela entre ellos, a cambio de dejar trabajar. La casta política en su mayor exponencia... son funcionarios públicos corruptos que perduran en sus cargos de por vida”, apuntó.
Luego advirtió sobre “la vergonzosa respuesta del fiscal ante las acusaciones de pedidos de coimas por parte de Carlos María Scelzi, pedidos de coimas por parte de Leonardo Cabrera, el ex juez Eduardo Flores (destituido por corrupto y por acoso laboral) -del cual Rodríguez Signes era jefe natural directo- revoleando sentencias coordinadas con Carlos María Scelzi perjudicando a los empresarios para hacer caja y llamándome luego para ‘ofrecerme la solución que no va a ser barata’; compras con sobreprecios de una máquina para la actividad portuaria que no sirve para esa actividad; correos electrónicos enviados desde la oficina del fiscal de Estado al presidente del Ente Autárquico Concepción del Uruguay, consultando sobre mi empresa, los plazos del permiso de uso, el monto del canon que abona la empresa, etcétera, y la presentación por parte del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes de una empresa fantasma (Puerto del Litoral SA) para quedarse con el trabajo ajeno. Ante todas estas acusaciones el fiscal dijo: ‘En cuanto a la Fiscalía de Estado compete, analizamos el probable perjuicio ocasionado a la provincia de Entre Ríos, así como las vías para su reparación’”.
“¿Realmente no van a hacer nada más?”, se preguntó ante EL MIÉRCOLES, y remarcó: “Los funcionarios públicos de su gestión pidieron coimas, robaron, quebraron una empresa en connivencia con un juez laboral dejando 18 familias en la calle y sin trabajo, cortaron la actividad portuaria, se lo menciona al fiscal en los audios y grabaciones como ‘un mercenario que se quiere quedar con tu empresa’. Con Leonardo Cabrera y Carlos María Scelzi grabados diciendo ‘pese a que la orden venía de arriba (en referencia al gobernador Bordet), al fiscal de Estado te lo corrimos nosotros porque venía a quedarse con todo’; y sin embargo, ¿el fiscal habla de ‘analizar el probable perjuicio ocasionado a la provincia de Entre Ríos’? Es cuanto menos vergonzoso”.
Palos a las autoridades
“Realmente hubiera esperado otra actitud o respuesta por parte de las autoridades anteriores y actuales del gobierno de Entre Ríos. Antes de que llegue yo no había nada en esa empresa, y nadie quería trabajar por la pésima imagen y por el terror que tenían a las autoridades del Eapcu, que cada tanto se despachaban algún pedido descarado de dinero. Conmigo eso se cortó, había una empresa, había trabajadores, venía el trabajo y había un proyecto realmente ambicioso que le presenté al gobernador Rogelio Frigerio en el Centro Convenciones de Paraná el 13 de diciembre de 2023 para que la ciudad de Concepción vuelva a ser histórica”, cuestionó.
“Hoy, la política entrerriana mete sus sucias manos en el plato ajeno para que todo quede en la nada, y que el esfuerzo de los emprendedores caiga en manos amigas. Haré cuanto esté a mi alcance para que eso no suceda”, advirtió.
Los nombres a los que apuntó la denuncia de Uriburu: arriba a la izquierda, Carlos María Scelzi (nieto), ex titular del Ente Portuario. A su derecha, Leonardo Cabrera, quien ocupó el mismo puesto y además fue funcionario nacional y presidió el Instituto Provincial de Puertos. Abajo, a la izquierda: el ex juez, destituido, Eduardo Flores. A su derecha, Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la provincia.
Además, arremetió contra Rodríguez Signes al responder las supuestas quejas de empresas privadas por su desempeño como titular del Depósito Fiscal que adujo: “Por otro lado, miente el fiscal cuando dice: ‘La Comisión de Industria Arrocera del Centro Económico de San Salvador, pidió reiteradamente la intervención de la Provincia en el caso dado el pésimo servicio que prestaba la empresa. Además, equipos de algunos arroceros, especialmente de Marcos Smukler, quedaron dentro del depósito, secuestrados en la medida judicial’. A esto le respondo: yo sé cómo trabajé, cómo trabajo y cómo me esforcé para que eso funcione luego de 40 años de nada, y que se convierta en una posibilidad de ‘caja’ para ustedes. Pero en este caso puntual solicito al fiscal que exponga de manera clara y concreta los reclamos realizados por quienes él menciona en su defensa como damnificados, por haber recibido un ‘pésimo servicio’ y, por otro lado, solicito que aclare respecto de las máquinas de Schmukler que menciona que están dentro de la empresa, ya que esta parte no tiene conocimiento de que algo así exista”.
“¿Realmente no van a hacer nada más?” (...) pidieron coimas, robaron, quebraron una empresa en connivencia con un juez laboral dejando 18 familias en la calle y sin trabajo, cortaron la actividad portuaria, se lo menciona al fiscal en los audios y grabaciones como ‘un mercenario que se quiere quedar con tu empresa’".
“Cuando la empresa la tenían los amigos de Scelzi podía registrar pasivos con el Fisco, con ATER y adeudar canon, y no pasaba nada. Aclaro, para que no se dejen guiar por las mentiras, que la empresa es adquirida por el denunciante con todos los pasivos laborales armados por Carlos María Scelzi, Juan Pedro Aguirre, Jorge Lifchitz y el juez laboral Eduardo Flores. Hay declaraciones admitiendo que los juicios son truchos, están grabados en audio y video. Y con más los pasivos impositivos que estaban en camino a solucionarse vía moratoria cuando esta saliera para el alivio de los contribuyentes”, destacó Uriburu a este medio.
“Solamente quiero decir que lo que hicieron y hacen con la Provincia es fatal, y a las pruebas me remito. De esta manera no hay progreso, pero quedará en la historia que fueron parte de una época nefasta de la historia de una Provincia que tiene todo para ser líder, pero es nada”, finalizó el empresario.
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