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El entonces gobernador Urribarri con la ex Presidenta, Cristina Fernández, en la presentación de la cosechadora. (Foto: Archivo).

"Cosechadoras truchas": Dos auditores del ex ministro Schunk fueron a la Justicia

En la causa se investiga el destino de los 5,5 millones de pesos que recibió, en concepto de créditos entre 2009 y 2012, la empresa Grandes Máquinas SA para la fabricación de cosechadoras en uno de los galpones del Puerto de Concepción del Uruguay. Los créditos fueron otorgados por el Gobierno provincial a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Pero las cosechadoras nunca aparecieron. Sólo se vio aquel prototipo al que se subió la entonces presidenta Cristina Kirchner en un acto en Casa Rosada, junto a Urribarri.

Dos auditores del ex ministro de la Producción, Roberto Schunk, pasaron ante el juez de Transición Nº2 de Paraná, Pablo Nicolás Zoff. Primero fue el turno de José Sebastián Pérez, ex funcionario de la cartera productiva que realizaba los informes de control y seguimiento de la empresa Grandes Máquinas SA. Pérez ratificó los informes que firmó cuando ocupaba su cargo bajo la conducción de Schunk. Además, Elena Rosales -quien fuera directora general de Agricultura del Ministerio- quien actualmente vive en Salto (Buenos Aires) por lo cual responderá ante un juzgado bonaerense de primera instancia. A su vez, el juez Zoff no podrá contar con la presencia del ingeniero electromecánico José Luis Barbagelata -que elaboró informes como auditor externo- pero ya falleció.

La causa lleva cinco años en la Justicia.La causa judicial conocida como las “Cosechadoras truchas” dio un nuevo paso con la declaración de un auditor contratado por el Ministerio de Producción, contratado cuando la cartera estuvo a cargo de Roberto Schunk. El caso, que investiga la presunta defraudación al Estado, lleva cinco años en los tribunales entrerrianos, y tiene como imputados a cuatros empresarios, dos ex ministros –entre ellos Schunk- y dos funcionarios de menor rango.

A fines de mayo, el juez de Transición Nº 2 de Paraná, Pablo Nicolás Zoff, tomó declaración testimonial a un profesional y exfuncionario del Ministerio de Producción que realizaba informes de control y seguimiento de la empresa Grandes Maquinas SA, previo al desembolso de los créditos que debían ser destinados a la fabricación de cosechadoras.

El galpón del Puerto local donde se iba a instalar la fábrica. (Foto: Archivo de El Miércoles Digital).

Se trata del contador José Sebastián Pérez, uno de los profesionales que realizó informes de contabilidad y que se desempeñaba como director de Auditoria Interna, dependiente de la Coordinación General de Gestión del Ministerio de Producción. Pérez ratificó los informes elaborados, según publicó Entre Ríos Ahora.

En la causa se investiga el destino de los 5,5 millones de pesos que recibió, en concepto de créditos entre 2009 y 2012, la empresa Grandes Máquinas SA para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

Los créditos fueron otorgados por el Gobierno provincial a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Pero las cosechadoras nunca aparecieron. Sólo se vio aquel prototipo al que se subió la entonces presidenta Cristina Kirchner en un acto en Casa Rosada, junto a Urribarri.

El juez busca corroborar si esos informes eran correctos y si efectivamente se realizaban antes de cada uno de los desembolsos de créditos. Los informes eran encomendados por el Ministerio de Producción, a cargo de Schunk, que coordinaban el control junto con el Finver.

El juez Zoff también dispuso citar a declarar a la ingeniera agrónoma Elena Rosales, quien fuera directora general de Agricultura del Ministerio de Producción. También, había citado a comparecer como testigo al ingeniero electromecánico José Luis Barbagelata, que elaboró informes como auditor externo, pero éste ya falleció.

En el caso de Rosales, por encontrarse viviendo en Salto, provincia de Buenos Aires, el juez Zoff libró un exhorto con un pliego de preguntas para que la ex funcionaria responda ante un juzgado de primera instancia penal de esa ciudad.

Fuentes judiciales señalaron que el de Rosales es el primer informe previo al primero de los desembolso de fondos. Luego de que la ingeniera agrónoma responda la requisitoria del magistrado, queda pendiente un pedido de ampliación de declaración indagatoria por parte de los empresarios imputados.

La empresa Grandes Máquinas SA. se presentó en concurso preventivo el 18 de septiembre de 2012; y el juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014.

Sin embargo, antes, un síndico designado por el magistrado, el contador Horacio Larrivey, formuló un duro informe sobre la situación de la empresa que debía construir las cosechadoras. Entre otras cosas, Larrivey advirtió que la firma estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011 y que aún así, el Finver le desembolsó créditos en 2012.

En resumen, ahora la Justicia intenta saber cómo se le otorgaron créditos a una empresa insolvente y si los informes que se elaboraron antes de librar los fondos eran correctos.

DENUNCIA E IMPUTADOS


La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas.

El caso reveló que la firma Grandes Máquinas SA. recibió varios créditos a través del Finver que debían destinarse para la construcción de las cosechadoras. El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” 574.500 de pesos. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por cuatro millones de pesos; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por un millón de pesos.

La garantía del pago de los créditos del Finver eran los socios y el seguro de caución era del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

En marzo de 2012, la empresa del Grupo Senor dio a conocer la firma de un convenio de venta de 18 cosechadoras Maag Mitos (valuada en más de 300 mil dólares), además de tolvas y plataformas en la República de Angola, en un viaje promocionado por los gobiernos nacional y provincial. La firma quebró en 2014, y no construyó ninguna de las cosechadoras prometidas.

En la causa por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública se encuentran imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Schunk, Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).

Hace poco más de un mes, la perito contador del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Florencia Ara, entregó el resultado de una pericia contable sobre la empresa Grandes Máquinas SA.

Luego de analizar el informe contable de la perito del STJ, los que se encuentran en el expediente administrativo, y las testimoniales e indagatorias, el juez Zoff deberá resolver si procesa a los imputado

 

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