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Cuestionan a funcionarios judiciales uruguayenses por la libertad de Mercanzini

Virginia Larrea, ex pareja del uruguayense detenido por el botellazo al Presidente Milei, se presentó a la justicia reclamando que hace más de un año debió haberse revocado la libertad condicional de Gastón Mercanzini. La mujer hace responsables a la fiscal María Graciela Occhi y al juez Gustavo Ariel Díaz por “mal desempeño en sus funciones”, dado que hubo numerosos hechos que debieron impedir que se encontrara libre. También pide la responsabilidad parental exclusiva sobre sus hijas menores de edad.

 

REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES

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Virginia Larrea es la ex pareja de Gastón Mercanzini, el uruguayense que cobró notoriedad por arrojarle un botellazo al Presidente de la Nación, Javier Milei, durante el recorrido en el vehículo descapotable el mismo día de su asunción como mandatario.

Conocidos los hechos, la mujer, que tiene dos hijas menores de edad con Mercanzini, se presentó ante la justicia en los tribunales de Concepción del Uruguay, con dos escritos, uno dirigido al juez de Garantías Gustavo Ariel Diaz y el otro a la fiscal María Graciela Occhi.

A ambos les solicita que la justicia “proceda a revocar de inmediato la condena condicional concedida al Sr. Gastón Mercanzini”, dado que el nombrado “ha reincidido en su conducta delictual y en sus adicciones”. La mujer sostiene que el hecho “otra vez, es público y notorio para todos excepto para la justicia”.

“¿Se dan cuenta que bien podría habernos matado este señor y ustedes serían cómplices silenciosos de un femicidio totalmente evitable? ¿Pueden dimensionar las consecuencias reales y las que podrían suceder por la inacción de ustedes?”

Asegura que Mercanzini violó “sistemáticamente” la condena condicional y pese a ello no le fue revocada “tal como les solicité hace más de un año”, en octubre de 2022. Por esa razón Virginia Larrea los considera “únicos y exclusivos responsables” del brote que el hombre tuvo días pasados “y que conllevó a que arroje un objeto al actual Presidente”. Advierte que eso “les hace pasibles de mal desempeño en sus funciones, denuncia que efectuaré de inmediato” en caso de desoír “nuevamente” su pedido”.

Un reclamo reiterado

La denunciante expresa que Mercanzini, tras ser condenado, “fue favorecido con una condena condicional”, que “ha burlado en reiteradas oportunidades” sin que las autoridades judiciales actuaran en consecuencia, “lo que ha llevado a que siguiera libre y cometiendo delitos de toda índole”.

Reprocha que en lugar de revocarle la condicionalidad, “lo apercibieron cual niño que se porta mal” y se limitaron a pedirle “pórtese bien”, lo que posibilitó que “siga viniendo cuando quiera a violentar a su ex pareja y sus hijas menores”, según describe en el escrito.

Larrea presentó dos escritos: uno dirigido al juez de Garantías Gustavo Ariel Diaz y el otro a la fiscal María Graciela Occhi.

Además consigna que en diciembre de 2022 la fiscal interviniente solicitó el botón antipánico “pues el condenado había vuelto a violar las condiciones de la condena condicional y rondaba mi domicilio”. Y luego recrimina a ambos funcionarios: “Usted como su cargo lo exige debería tener capacitación en violencia de género. ¿Le parece saludable para mí y mis hijas menores que el Sr. Mercanzini (quien ahora es un violento reconocido por todos, pero que ya lo era para ustedes) se pasee airosamente por nuestra ciudad en dos oportunidades sin que ud. revoque la condena condicional?”.

A continuación les demanda: “¿Se dan cuenta que bien podría habernos matado este señor y ustedes serían cómplices silenciosos de un femicidio totalmente evitable? ¿Pueden dimensionar las consecuencias reales y las que podrían suceder por la inacción de ustedes?”

También sostiene que en agosto de este año se llevó a cabo una audiencia para “monitorear” el tratamiento que supuestamente Mercanzini llevaba a cabo. “¿Qué sabemos?”, se pregunta. “Que el condenado se había ido del centro de rehabilitación”, y lo único que hizo la justicia fue pedir al centro de rehabilitación “que informe qué había pasado con el condenado para luego continuar la audiencia”. Y denuncia que “nunca contestaron el oficio, Mercanzini siguió libre, ustedes dejaron paralizada la causa y aquí estamos: el condenado arrojando una botella al Presidente y siendo noticia en todos los medios”.

“El sueño de los injustos”

El escrito de Virginia Larrea menciona luego que en el lapso de inacción de la justicia entrerriana, Mercanzini “cometió reiterados delitos en la capital de nuestro país, hechos éstos que misteriosa y sorprendentemente no fueron atendidos por ustedes”. En efecto, en julio pasado, Mercanzini estuvo detenido en la Comisaría Comunal 7 de Parque Chacabuco, acusado de daño agravado. Tras pasar varias semanas en una celda, recuperó la libertad, pero se le impuso utilizar una tobillera de geolocalización, con la prohibición de dejar territorio porteño.

“Ahora el sujeto produjo un hecho de tal magnitud que Uds. no pueden —ni deben bajo apercibimiento de ser negligentes nuevamente en el servicio que prestan— hacer caso omiso a mi pedido”.

Sin embargo la justicia entrerriana parece no haberse enterado de ninguno de esos episodios, que, reclama Larrea, “tornan encarcelable per se al condenado”, pero en cambio “ustedes (por los funcionarios judiciales) vuelven a dormir el sueño de los injustos”.

“Como resulta obvio (para todos menos para ustedes) el Sr. Mercanzini es un peligro, ahora no solo para mí, sino también para el conjunto social. Los hechos mencionados (recuerden que entre otras cosas atacó al Presidente) motivaron un estrépito social que parece no conmover, nuevamente, el actuar cansino y desidioso de las autoridades que llevan adelante esta causa”.

Desidia y negligencia

Más adelante, la mujer deja constancia de que realizó “más de 20 denuncias para que el sujeto aludido sea encarcelado y Uds. recién después de varias denuncias más tomaron cartas en el asunto”. Asegura que luego de la condena, las autoridades judiciales mostraron “desidia” en “controlar el cumplimiento de aquella”, porque “Mercanzini violó varias veces la condicional”.

“Ahora el sujeto produjo un hecho de tal magnitud que Uds. no pueden —ni deben bajo apercibimiento de ser negligentes nuevamente en el servicio que prestan— hacer caso omiso a mi pedido. Nuevamente les hago responsables por la salud de mi persona y de mis dos hijas quienes, de quedar en libertad el Sr. Mercanzini volverá a acosarnos violentamente puesto que, como está claro, el tratamiento que obligaba la sentencia (si es que alguna vez se sometió al mismo) evidentemente no funcionó”.

Luego refiere que “estos días, tristemente, hemos visto a una persona por todos los medios absolutamente desencajada, fuera de sí misma y me imagino que se habrán sentido responsables de los actos de aquél”.

Pedido y advertencia

Virginia reclama otra vez que se le otorgue la responsabilidad parental exclusiva, al menos de manera provisoria. Señala que desde hace años “mis hijas no pueden desplazarse libremente, para salir del estrépito espiritual en que viven por causa del comportamiento de su padre”, porque requieren “autorización de una persona que se encuentra privada de sus facultades mentales, o bien en situación de calle sin que pueda dar con el paradero del mismo o bien ‘en situación de consumo problemático de drogas’ o en ‘de alcoholismo’ como reconoce públicamente o ‘preso’, que es lo que debería acontecer o todas las anteriores juntas”.

La denunciante expresa que Mercanzini “ha burlado en reiteradas oportunidades” su libertad condicional sin que las autoridades judiciales actuaran en consecuencia.

La dramática situación “tanto de mis hijas como yo (que estamos tramitando paralelamente la supresión del apellido paterno)” la lleva a solicitar que “de modo urgente se oficie al juzgado de familia actuante a los fines de otorgarme la responsabilidad parental exclusiva respecto de mis hijas menores Vera y Juana”.

Finalmente, el escrito expresa que de no recibir información satisfactoria (“como me ha sucedido cada vez que concurro al despacho de esta oficina”) denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los funcionarios judiciales responsables.

 

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