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Denuncian que una iniciativa del Gobierno entrerriano "no considera peligroso a los agrotóxicos"

Una ONG entrerriana cuestiona al Gobierno de Entre ríos por impulsar en la Legislatura un proyecto de ley sobre "Buenas prácticas agrícolas" donde no se considera "peligroso" el uso de agrotóxicos. También elevaron una "Carta abierta" a los legisladores entrerrianos, la cual reproducimos en esta nota.

En el texto acercado a este medio detallan los motivos de la protesta:

"Desde la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, manifestamos nuestra preocupación ante el retroceso que significa para la democracia, la salud, el ambiente y la producción; los lineamientos propuestos por el Ministerio de Producción de Entre Ríos a la Legislatura, para un proyecto de ley de 'Buenas Prácticas Agrícolas'. Que no considera el uso de agrotóxicos (agroquímicos o biocidas) como una actividad peligrosa y pretende perpetuar la falta de registro y controles ambiental sobre esta actividad peligrosa o bien muy peligrosa", informaron a este medio.

"En términos democráticos, queremos expresar que dentro de los consensos aludidos tanto por el Ministerio como por los legisladores, no está contemplada la voz de las poblaciones afectadas que vienen rechazando el modelo de uso masivo de agrotóxicos de manera sistemática desde hace décadas. No hemos sido convocados a opinar en este debate ni las organizaciones ambientales, ni las instituciones científicas que denunciamos el uso de agrotóxicos como una actividad peligrosa o muy peligrosa para el ambiente y la salud. En cambio se avanzó con un texto redactado por la Mesa de Enlace al Ministerio de Producción. Justamente la parte interesada en seguir fumigando sin control, registro, ni principio precautorio", remarcaron.

"En el año 2017, los entonces legisladores Giano y Torres presentaron un proyecto de ley que tampoco consideraba el uso de agrotóxicos como actividad peligrosa excluyendo así los requerimientos mínimos del derecho y la gestión ambiental. Este proyecto tuvo un amplio y consensuado rechazo, se movilizaron en cantidad de localidades entrerrianas numerosos grupos de personas en rechazo a este proyecto, movilización que culmino en Gran encuentro en la ciudad de Vilaguay donde se presentaron pruebas contundentes por parte de las organizaciones socioambientales, la ciencia digna y sociedad civil", remarcaron.

"En ese momento, un proyecto (el de la Mesa de Enlace) con líneas similares al actual decreto ley de la dictadura militar del año 1981 (actual ley provincial de plagicidas), enmascarado de “superador”, fue cuestionado por vecinos aledaños a campos, docentes, agricultores, ganaderos, organizaciones de apicultores, artistas, organizaciones de docentes, ambientales, entre otros sectores de la ciudadanía entrerriana. Nos proponen leyes para declarar 'buenas' las practicas con agrotóxicos, en vez de peligrosas o muy peligrosa por su simbiosis. Pretenden consolidar por ley un sistema de uso masivo de biocidas, sin control ambiental, sin registro ni prevención de los impactos en la salud y el ambiente. Legislaciones de este tipo deben estar ajustadas a derecho ambiental y tener buenas practicas de gestión ambiental y tratamiento de residuos peligrosos, además contemplar alternativas a su uso y planes a mediano plazo de reducción hasta la eliminación de total del uso de biocidas", recordaron.

Y luego ampliaron "estamos transitando una etapa donde la participación amplia y los consensos en las decisiones políticas marcan una época, que reivindica una democracia donde la legitimidad de las decisiones está en las construcciones con las poblaciones afectadas. En este marco, al profundizar la matriz que propuso la dictadura, de regular y propiciar los agrotóxicos sin tener en cuenta la voz de la población, se degrada la democracia. Una propuesta legislativa que mientras estaba siendo accesible a legisladores, no estaba publicitada para el acceso a la población. Una propuesta que en vez de saldar y generar paz social, propone un modelo que profundiza los conflictos ya que la población rechaza que se siga fumigando. Una propuesta que con el discurso de “actualizar”, profundiza un modelo antidemocrático que legisló la dictadura".

"Ante esto, sostenemos que se debe frenar el tratamiento legislativo de este proyecto corporativo, que solo cuenta con el aval de un sector del campo, el agronegocio, que son los únicos beneficiados para seguir fumigando y enfermando. El consenso que deben respetar quienes legislan está en el rechazo a dicho proyecto, contando con diversos sectores de poblaciones que van del río Uruguay al Paraná. Tenemos una legislación que considera que fabricar churros es más peligroso que las fumigaciones. Eso resume la negligencia de una actividad que debería ser considerada peligrosa y ajustar a la ley general del ambiente. Fumigar con BPA es actividad peligrosa, no hay pruebas que demuestren lo contrario", denunciaron.

"El consenso se encuentra en quienes desde las amplias latitudes de la provincia, pedimos que se avance y actualice la normativa aberrante de la dictadura pero en dirección hacia una reducción hasta la eliminación del modelo basado en agrotóxicos, a la par del incentivo del modelo agroecológico. Los diputados han escuchado la propuesta de nuestra coordinadora el año pasado, cuando presentamos los puntos para la transición, incentivo y fomento para la agroecología en la Cámara de Diputados", explicaron.

"El uso descontrolado de agroquímicos (el cual la provincia intenta controlar con un total de 6 inspectores, sin equipamiento ni presupuesto ni voluntad política para hacerlo) es la principal causa de pérdidas y daños para las producciones agroecológicas, por los efectos de derivas de biocidas y la contaminación de napas, mortandad de abejas y contaminación de aire suelo y agua".

"La agroecología no solo implica una mejora en la salud, el ambiente y la paz social, sino también la posibilidad de no depender del dólar para invertir en agricultura y poder exportar, trayendo divisas sin fugas. Apuntar a un modelo agroecológico es apuntar a un modelo de soberanía comercial y financiera, también. Es la posibilidad a que el campo vuelva ser la principal fuente de laboral, de arraigo y valor agregado. Y de generar alimentos sanos y suficientes para toda la población en este contexto de emergencia ambiental, de salud, de modelo productivo, de recesión económica, pandemia, hambre y pobreza extrema sin precedentes en nuestra provincia".

"Peticionamos a los legisladores que vuelvan a trabajar sobre la base de una ley de transición planificada, donde el eje sea el cambio del modelo heredado de la dictadura a un modelo que abrace a las poblaciones y la democracia, que genere paz social, salud y arraigo rural".

"Por esto, decimos: actualicen la ley de la dictadura con una ley de transición a la agroecología;
declaren la actividad agropecuaria con utilización de agrotóxicos como actividad peligrosa.
La transición implica poner plazos a la eliminación de las fumigaciones, con fuertes incentivos a la agroecología", concluyeron.

 

Carta abierta

 

Uruguay, 10 de mayo de 2021

 

CARTA ABIERTA A LOS REPRESENTANTES ANTE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

 

Senador Provincial, Horacio César AMAVET

De nuestra mayor consideración:

 

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por lo que consideramos un retroceso sobre los avances logrados respecto a la aplicación de sustancias de síntesis química sobre los campos entrerrianos utilizados para la producción agropecuaria.

Tanto las exposiciones públicas realizadas en la Cámara de Diputados de la Provincia sobre sus consecuencias, como los diferentes fallos de la justicia y los avances en la legislación en un número importante de nuestras comunidades, señalan un camino sobre el cual resulta imprescindible continuar avanzando.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un eufemismo. De haber sido ciertas y operativas hace tiempo se hubieran aplicado. Sin embargo, observamos con impotencia avionetas y máquinas pulverizadoras terrestres fumigar sin aviso y sin considerar las condiciones climáticas ni respetar la normativa existente. También se encuentran impotentes vecinos, maestros y alumnos de escuelas rurales que son fumigados cotidianamente, abandonados por el Estado que debiera protegerlos.

La autoridad de aplicación provincial tiene nula función de contralor. Tampoco es operativa en la recepción de denuncias que en general quedan archivadas en algún cajón. Cuando, excepcionalmente, los pobladores rurales llegan a fiscalía a denunciar, se vuelve a trabar el proceso, atento al desconocimiento de la temática que tienen los funcionarios judiciales y la falta de recursos técnicos.

Nuevamente la justicia de la Provincia de Entre Ríos (causa “Lemes, Estela c/ Instituto autárquico provincial del Seguro de Entre Ríos”- Expte: 28116/16)) confirma las patologías provenientes de las pulverizaciones, volviendo a ratificar lo que desde otro sector del Estado se pretende ignorar. Tenemos presente el dolor de las familias de Antonella, Fabián, Daniel, Leila, Pablo, Joan Franco y tantos más anónimos, ocultados por quienes toman decisiones a favor del agronegocio.

Pedimos a nuestros representantes departamentales que sepan trasladar a la legislatura provincial los conflictos y los pesares de sus pobladores y sean canalizadores de nuevas prácticas productivas. También, que puedan hacer las observaciones pertinentes en relación al texto vago y regresivo que propone la provincia y que viene impuesto y exigido por grupos corporativos que no representan al pueblo ni está pensado para satisfacer las necesidades básicas ni dignificar la vida de los entrerrianos. Sería oportuno que soliciten las razones concretas de las 31 organizaciones que dicen haber trabajado y avalado el texto propuesto, y en qué respaldo científico lo fundamentaron.

Señor legislador, creemos en su compromiso con nuestra comunidad y apelamos a que en sus decisiones prime la voluntad de proteger al pueblo vulnerado en su derecho primario a la vida y a la salud. Tenemos un territorio propicio para gestar y fomentar otros tipos productivos, que ya están siendo implementados en nuestros ejidos. Hay una voluntad firme en este sentido, que necesita ser acompañada y estimulada.

 

 

Sin más, saludamos muy atentamente.

 

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