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Denunciaron penalmente a 24 personas que usurparon terrenos públicos en Banco Pelay, Paso Vera y La Toma

Algunos de los involucrados están en esa situación desde antes que el Municipio decidiera expropiar, en 1974. Aunque algunos ya se retiraron, la mayoría se resiste. Un ranchero justificó su presencia por una supuesta autorización verbal, hace casi 14 años, recibida desde la misma Comuna, que ahora va por esas tierras. Tras años de gestiones que “dejaron pasar”, el Estado municipal va por la recuperación.

 

Por MATÍAS DÍAZ de la Redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Desde la construcción de la Avenida de la Isla del Puerto, los uruguayenses tuvieron otra opción gratuita, con buenas aguas, para acercarse a las playas del río Uruguay. Esto desconcentró bastante la concurrencia a las bellezas naturales tradicionales como Banco Pelay o Paso Vera. Pero también fue aprovechado por varias personas, apoyadas en la desidia estatal, para sacar ventajas apropiándose de terrenos públicos. O sea, que pertenecen a todos y todas.

Tras una serie de advertencias por los lotes usurpados en el sector de La Toma y al norte de Paso Vera –donde varios aparecen con cartelería con la leyenda de “propiedad privada” y con construcciones, inclusive– desde la Municipalidad uruguayense adelantaron a El Miércoles Digital que fueron denunciados penalmente los 24 “dueños” de esos ranchos relevados, algunos de los cuales están ahí desde antes de la expropiación en 1974 durante la gestión de Carlos María Carita Scelzi.

El coordinador del Área Legal y Técnica del Municipio, Sebastián Fagúndez, explicó a este medio que ya hace varios años los terrenos están “ocupados” y que las diferentes gestiones “la dejaron pasar”, pero ahora están dispuestos a ir recuperarlos. En La Toma la situación es diferente porque los terrenos son provinciales, pero también forma parte de la estrategia que la Municipalidad se está dando, según explicó Fagúndez. A continuación el diálogo con el funcionario. 

¿Hicieron un relevamiento de los lotes usurpados?

Hay una primera medida del Estado municipal de recuperar todos los bienes del patrimonio público local. Entre esos, ya se recuperó el Mercado 3 de Febrero, del que podríamos decir que ya tenemos la llave. Así se ha estado gestionando este año con distintos inmuebles, como Paso Vera y La Toma. Son dos temas que venimos trabajando para poder recuperar. En Paso Vera tenemos un relevamiento de 24 ranchos. Esos 24 ranchos se han ido instalando desde la época previa a la expropiación, en el ‘74. El Estado Municipal lo expropió y ahí ya había gente radicada. Posterior a eso, distintos vecinos han ido instalándose con permisos, en su momento, de quienes estaban a cargo de la Comuna. Se les fueron otorgando permisos y se iban instalando. Muchos, dentro de esos 24, sin autorizaciones. Cuando asumimos, fuimos, hicimos un relevamiento con un asistente social, constataciones con un escribano y dejamos constancia que: primero, ahí no vive nadie; segundo, no se encuentran menores. 

"Por ahí, al Estado ‘se le escapa la tortuga’ en algunas cosas y este fue un tema que se le escapó desde hace mucho".

Ahí avanzaron...

Después, procedimos a hacer una denuncia por usurpación, identificamos a los 24 vecinos, a los 24 ranchos, los nombres y apellidos de cada uno, y radicamos la denuncia en sede penal. En eso interviene una fiscal y la causa está en trámite. Se le radicó una denuncia tanto a quienes ocupan los ranchos en Paso Vera como al que tiene el rancho en la parte náutica que está a continuación del puente de (el camino a Banco) Pelay. Con esta gestión no se instaló ningún rancho, no se usurpó, no hay nuevos ranchos. De hecho, preexistían a la gestión anterior y a la otra. Venían sucediéndose de forma preexistente. El Estado municipal contrató los servicios de un policía para que haya seguridad y que no se le permita el ingreso a ninguno de los rancheros, a fin de que primero se resuelva la situación penal de esta gente y en segundo lugar que vayan desocupando. De esos 24 ranchos, nosotros logramos que nueve ya se desarmen. Pusimos a disposición personal municipal para colaborar porque hay distintos bienes: cocina, cama, todo lo que puede llegar a tener un rancho. Logramos voluntariamente que nueve vecinos entendieran que la decisión era que no estén más ahí, que eso no es de 24, sino de los 80 mil habitantes. Tenemos un proyecto de que sea una tercera etapa de Paso Vera, una extensión y que lo disfruten los 80 mil vecinos y no estos 24 que un buen día se consideraron dueños, trancaron ahí y había que pedirles permiso a ellos.

¿Hoy en qué situación están?

Está la intervención de la Policía. En la instancia penal se los citó, estuvo la gente, tuvimos una mediación con el abogado Edgardo Satto. Se les dijo: “Miren, nosotros necesitamos que desocupen, llegó el momento en que se tienen que ir”. Ellos empezaron a argumentar que ahí estaban porque lo autorizó Fulano, que le compraron a tal... Nosotros les contestamos que “eso es del Estado municipal y lo queremos recuperar para que lo disfruten todos, ustedes tienen un plazo, que era hasta el 30 de octubre, para retirarse voluntariamente”. Eso es en el marco de la vía judicial. Antes de octubre se retiraron nueve, el resto se resiste con distintos argumentos. Dicen: “Yo no me voy a ir hasta que haya una orden judicial”.

¿No hay nuevas usurpaciones?

Es mentira que haya nuevos ranchos, es mentira que hay una decisión de que están autorizados a estar. Todo lo contrario, nosotros los estamos desalojando, desocupando. Hicimos una denuncia por usurpación a los 24 que tuvimos en el relevamiento. Si ustedes nos ayudan a que esto se traslade a los vecinos, poniendo en conocimiento que desde la Municipalidad existe la decisión que eso sea de los 80 mil, y que quedaron 16 ranchos que no se quieren ir y se resisten, bienvenido sea. Nos encontramos con buena voluntad de un sector y con gente de mala fe que quiere estar forzosamente, que no le corresponde y que nos obligan a obtener una sentencia judicial para que se los desaloje.

Dijo que nueve ya se habían ido, ¿el resto vive ahí?

Ahí no vive nadie, lo tienen sólo de manera recreativa y social. Sí hay una realidad: ellos no entraron usurpando, no es que rompieron e ingresaron. Sí se fueron asentando, el Estado, en su momento, no fue prestando atención y fue creciendo. Algunos entraron de mala fe, pero la mayoría es gente que están desde la época de Minetto, antes de que se expropie y otros que entraron de forma ilícita. Ellos no tienen una autorización expresa del Municipio, fueron y se instalaron. Por ahí, al Estado ‘se le escapa la tortuga’ en algunas cosas y este fue un tema que se le escapó desde hace mucho. Desde la gestión de Lauritto se viene hablando para que se vaya desocupando. Martín (Oliva) se puso muy firme y a nosotros, de la parte jurídica, nos dijo que avancemos con todas las consecuencias. Quiere que sea de los 80 (mil) y no de 24.

 ¿El policía qué función cumpliría, entonces?

Está contratado por la Municipalidad para que no entre nadie a los ranchos. Él nos presta el servicio por si entran por tierra, pero esta gente ingresa por náutica. La otra vía por la que ingresaban es desde la tranquera que está antes del ingreso (a Pelay). Esa tranquera es de un privado. Si en esa tranquera te metés derecho, en un momento pasás a propiedades municipales. De la línea que es municipal, nosotros hicimos una zanja con una máquina municipal para que no pudieran ingresar. De los tres ingresos que tenían, dos podemos tener controlados. La parte acuática es un poco más compleja, porque cómo le limitás la circulación, pero estamos tratando de resolver con Prefectura para que la gente pueda bajar a la playa pero que no pueda concurrir a la zona de ranchos, porque la tienen que desalojar.

 ¿En La Toma también hay policías para que no ingresen “usurpadores”?

La Toma es otra situación. Eso es una parte de lo que es el Riacho Itapé. O sea, la zona de ingreso a puerto. Eso es lo que la provincia le llama camino de sirga. Los que están en La Toma, están en tierra provincial, ellos sí están con autorizaciones y pagan un canon para estar ahí. Después, ya es discutible por qué ellos sí y otros vecinos no, pero no están usurpando. Ahora, nosotros estamos con Provincia, específicamente con el Ente (Autárquico) del Puerto, diciéndole: “¿Por qué ustedes autorizan si a nosotros, desde el Municipio, nos corresponde?”. Estamos en una discusión con la Provincia para saber con precisión si eso es de ellos o nuestro, al igual que la Isla del Puerto. Esta discusión forma parte con la bajada de línea del intendente que los bienes del Estado hay que recuperarlos, hay que cuidarlos.

¿Lo de La Toma es una situación que puede ser injusta?

Por supuesto. “¿Por qué Sebastián Fagúndez tiene un rancho ahí y no Matías?”. Esas son gestiones que la gente fue a hacer al Ente del Puerto y le dieron una autorización. Incluso, en la autorización hacen referencia a que, en el momento en que se les pida la restitución, la gente va a desalojar reconociendo que no es de ellos. Pagan un canon por eso, no te sé decir el precio, pero a la Provincia le pagan como un alquiler por estar ahí.

 ¿O sea que está en discusión si esa parte (La Toma) pertenece a la Provincia o a la Municipalidad?

Se lo atribuye la Provincia. Lo que estamos haciendo es definiendo con precisión, porque en su momento todo lo que es Pelay estamos determinando hasta dónde llega la línea municipal.

 ¿Hasta qué parte sería de la Comuna?

Son 250 hectáreas, que es lo que se autorizó con la Ley de Expropiación a que el Municipio afecte para playa. Tendría que pasarte bien los límites, para saber desde qué punto a qué punto va. No vas tener referencias edilicias, lo que hay son referencias de la zona norte, sur, este y oeste desde donde estés. Pero, precisamente, el camino que ingresa, que es donde están los ranchos, llegando a la playa, figura en nombre de Provincia y ellos son los que administran eso, otorgando permisos a los que están ahí. Nosotros, como Municipio, no tenemos incidencia, lo maneja el Ente del Puerto atribuyéndose que le corresponde por el camino de sirga.

"Logramos voluntariamente que nueve vecinos entendieran que la decisión era que no estén más ahí, que eso no es de 24, sino de los 80 mil habitantes".

¿Cómo es el caso de los ranchos de la Isla del Puerto?

Esa isla es de la Provincia, que le otorgó al Municipio la administración. Desde el momento en que se expropió esa isla no se instaló ningún rancho nuevo. Era privada y en 2010, el Municipio presenta un proyecto y se expropió. Lo que hizo con los ranchos que ya estaban con anterioridad fue autorizarlos y pagan un canon. Eso también lo hace la Provincia. Se hizo un relevamiento (N de la R: de quienes eran los propietarios de los ranchos) y se acordó que una vez que fallecieran quienes estaban en el relevamiento no se podían suceder ni otorgar a nadie o vender.  Se los reconocía a los que estaban antes de la Ley, pero de ahí en adelante ya no, con la idea de que el día de mañana quede sin ranchos.

¿Está contemplado una multa hacia los rancheros?

Esto es un delito de usurpación y como delito no es contravencional, que ahí sí ya intervendríamos nosotros desde el Municipio. Hay un Código Penal que regula y la autoridad de aplicación en eso es la Justicia. No tendríamos multas para cobrarles a ellos, lo que nosotros tenemos es la obligación, como funcionarios, de hacer acciones judiciales para recuperar eso y eso se hizo. Las sanciones de multas no están contempladas porque la usurpación no es una infracción del Código de Faltas Administrativo, es un delito penal y está denunciado en la Justicia.

El ranchero que ocupa un terreno hace 14 años

Adolfo Anderson dice que es propietario de un rancho en Paso Vera y que está ahí desde hace casi 14 años, tras obtener el permiso “de palabra” de parte de alguien de la Municipalidad, porque “ahí nunca van hacer nada”, le contó a El Miércoles Digital. Y continuó con su versión: “Estoy desde 2006, 2007. Ahí arrancamos cinco ranchos. Papeles no tenemos, fue todo de palabra en ese momento. No hemos podido conseguir papeles pero siempre nos dijeron que estemos tranquilos, que ahí nunca van a hacer nada, y el tiempo fue pasando. Después, se fueron agregando más ranchos.

Posteriormente, agregó: “La Municipalidad nos pidió que desalojemos, cosa que hizo la gente de afuera. Había tres o cuatro ranchos de gente de Buenos Aires que fueron obligados a salir. Cuando nos citaron con el mediador Satto, éste nos dijo que la denuncia era por usurpación”. “Presentamos carnets, tengo las autorizaciones por parte del Municipio”, aseveró.

“Por lo que tenemos entendido, no existiría usurpación por el tiempo en que estamos”, opinó, y comentó: “Hemos tratado de hablar con el Municipio, de llegar a un acuerdo. La propuesta que le hicimos fue que nosotros nos quedamos esta temporada y, después de estos dos o tres meses, el Municipio se quedaba con ese predio que nos estaban pidiendo. Nunca quisieron”.

Por último, señaló que: “Ellos dicen que tienen pensado extender la playa 700 metros al norte. Nunca hicieron nada. Hace dos semanas, el propietario alambró y cerró todo. Estamos en duda si estamos dentro de lo que le corresponde a la Municipalidad o al campo. No vi ningún municipal reclamando, ya que dicen que es de la Municipalidad”.

Imágenes de los diferentes ranchos construidos en la zona. (Hacer click sobre cada una para ampliar).

 

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