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Generó un debate interno y estrictamente reservado en el seno del bloque oficialista, habida cuenta de la existencia de otros legisladores con causas pendientes por delitos de corrupción, como el caso del mismo ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el ex intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón. Y si avanzaba lo de Allende, podía sentar un precedente que arrastraría a los demás.

Diputados nacionales de UxP repudiaron la detención de Urribarri, Aguilera y Baez

Los legisladores de la Cámara baja sostuvieron que se trata de una persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina” y “marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados”.

Para el Bloque “no se encontraba corroborada” un peligro de fuga y la prisión preventiva “vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales y revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público”.

El Bloque de legisladores nacionales pertenecientes a Unión por la Patria emitió un comunicado sobre la detención de Urribarri, Aguilera y Báez en la Unidad Penal 1 de Paraná ordenado por la Cámara de Casación Penal de Paraná.

En el escrito repudiaron “enérgicamente” la decisión por el argumento de peligro de fuga ya que sostienen que un posible escape “no se encuentra corroborada” y destacaron que a lo largo de todas las instancias del proceso “han demostrado su respeto por el Estado de Derecho, como así también permanecido a disposición de las autoridades judiciales”.

Asimismo, considerarán un “atropello” la prisión preventiva y recordaron que aún se encuentra pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No sólo vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también revela una intención deliberada de exponer a los acusados ​​al desprestigio público, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y su capacidad para garantizar la justicia de manera equitativa, libre de presiones y con plena independencia”.

Es por ello que los diputados de Unión por la Patria remarcan que se trata de una “persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina” y “marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados”.

“Un ejemplo claro es el caso de los cuatro jóvenes trabajadores en Basavilbaso fallecidos al ser atropellados por el entonces funcionario del actual gobierno de Entre Ríos, José Luis Orrico, que se encontraba manejando a alta velocidad en un vehículo oficial y con una extrema Graduación alcohólica en sangre. A pesar de la gravedad de sus acciones y de negarse a pre-sentarse ante los requerimientos de la justicia, se le ha otorgado un régimen de domiciliaria. Como si esto fuera poco, Orrico es el esposo de Evangelina Bruzzo, una de las tres juezas que integra el tribunal de Casación que resolvió la prisión preventiva de Urribarri”, detallaron para explicar su postura.

Por último, sostuvieron que “la historia ha demostrado que el uso de estrategias judiciales para silenciar opositores o deslegitimar a figuras políticas termina por erosionar la legitimidad de quienes las promueven” y reafirmaron “la importancia del respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley, como pilares de una sociedad democrática y plural”.

 

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