Impulsan una declaración de “emergencia financiera” y la suspensión de embargos a familias endeudadas

El ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone declarar la emergencia financiera para las familias argentinas y suspender de manera transitoria embargos, ejecuciones y medidas cautelares vinculadas a deudas.

“La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial”, afirmó Bordet al dar a conocer la propuesta.

 

El proyecto contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales relacionadas con deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, prevé frenar medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes.

Según se indicó, el objetivo es evitar que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social. “Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado”, expresó el legislador.

La propuesta alcanzaría a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, además de monotributistas hasta la categoría G.

En los fundamentos del proyecto, Bordet señaló que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”. Y agregó: “El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”.El exgobernador remarcó además que la iniciativa “no busca desconocer derechos de acreedores”, sino establecer “un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social”.

La propuesta excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, con el fin de garantizar la protección de derechos esenciales.

Entre los argumentos centrales del proyecto, también se advierte sobre el incremento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y se plantea que la judicialización masiva no representa una solución eficiente ni equitativa en escenarios de crisis económica generalizada.

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