El Pacto Verde europeo, un avance ambiental que pone en pie de guerra a los granjeros

El Parlamento de la UE aprobó una ley para frenar el impacto del cambio climático, algo que volvió a enfrentar a los ecologistas y la izquierda con los agricultores y la derecha. Habrá multas millonarias a empresas que contaminen y condenas de hasta 10 años de prisión.

Por GABRIEL MICHI (*)

En una buena noticia para el Mundo, pero no lo viven así los productores agropecuarios. El Parlamento Europeo -con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones- aprobó la denominada "Ley de Restauración de la Naturaleza".

La medida fue aplaudida por los socialistas y los verdes, pero no así por los sectores de derecha y, fuera del recinto, los productores agropecuarios. Aún así, la norma fue más suavizada que el proyecto original. En el medio se dieron negociaciones por parte de los Estados -que a su vez debieron tener sus propias pujas internas en sus países- que hicieron dejar en el camino muchas restricciones. Ahora la ley pasó al Consejo Europeo, donde se dará la votación final antes de que entre en vigencia. 

El proyecto original fue presentado en 2022 ante la Comisión Europea y había sido el resultado de los compromisos asumidos tras la Cumbre Climática de Glasgow. Desde el primer día la propuesta recibió una feroz embestida por parte de los bloques conservadores, muchos de ellos alineados en el Partido Popular Europeo (PPE), que insistía en que la iniciativa hacía peligrar a los agricultores, y ponía en riesgo toda la cadena de suministros con una amenaza letal en la producción de alimentos, disparando los precios y destruyendo las economías domésticas.

Por su parte, los legisladores de izquierda y los verdes, acompañados por movimientos de ONGs, científicos y promotores de la energía renovables, salieron al cruce de esos diagnósticos apocalípticos de los sectores de derecha y los productores agrícolas. Auguraron que la restauración de la naturaleza no sólo era algo imprescindible para frenar el cambio climático y asegurar un futuro para todos, sino que también era compatible con el buen desarrollo de la actividad económica. Pero no sólo eso: sostuvieron que era lo único viable pensando en el largo plazo. Esas propuestas fueron apoyadas incluso por empresas multinacionales como IKEA, H&M, Iberdrola, Unilever, Nestlé y Danone, entre otras.

Según esta nueva normativa podría haber castigos muy duros a los CEO de las empresas que actúan mal, con multas de hasta el 5% de su volumen de negocios y hasta diez años de prisión para las personas involucradas en esos delitos ambientales. De hecho hay todo un capítulo que habla sobre la "Protección del medio ambiente a través del derecho penal", que agrava las figuras legales e incorpora otros delitos como el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos y el agravante de "daños sustanciales" a los ecosistemas. Además se penalizará a los que arrojen sustancias químicas contaminantes.

Ahora habrá sanciones uniformes para los delitos medioambientales en todos los países que forman parte de la Unión Europea: Y, por ejemplo, el hecho de que quienes violen la normativa puedan llegar a recibir 10 años de prisión lo equipara con delitos muy graves ya penalizados.

"Las empresas recibirán multas de hasta el 5 % de su volumen de negocios anual en todo el mundo y las personas correrán el riesgo de pasar hasta diez años de cárcel.

Diez años es cuando un comportamiento mata a personas. Entonces es un delito ambiental que causa la muerte. Y eso en realidad es asesinato. Y luego les dan diez años, si lo hacen, digamos, intencionalmente, sólo para ganar dinero", añadió el parlamentario europeo Antonius Manders. El capítulo penal y de infracciones logró apoyos de casi todos los bloques parlamentarios: fueron 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones. Debe entrar en vigor en todos los Estados miembros en un plazo de dos años a partir de su adopción formal.

Pero la "Ley de Restauración de la Naturaleza" cristalizó algo que está ocurriendo en la realidad del Viejo Continente. Una guerra entre sectores ideológicos y sociales. De un lado del ring, los ambientalistas y los sectores de centro, centroizquierda e izquierda. Del otro, los productores agropecuarios apoyados por los grupos de derecha. En un enfrentamiento que recién empieza. Y que promete seguir creciendo hacia el futuro.