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MEGAJUICIO A URRIBARRI

En 2015 pagaron más de 300 mil pesos por carteles de Urribarri en Buenos Aires

Así lo declaró el testigo, Javier Osvaldo Philipps, titular de la agencia de publicidad “Idea Base” -intermediaria entre la cooperativa de trabajo “X la plata publicidad” y "El Juego en que andamos", para poner el rostro del exgobernador Sergio Urribarri en rutas de la provincia de Buenos Aires y una leyenda que hacía referencia al “próximo paso”.

 

Philipps dijo este martes que a mediados de marzo de 2015 se pagaron 280 mil pesos más IVA para la instalación de la publicidad en 100 carteles de la provincia de Buenos Aires, haciendo un importe de 328 mil pesos aproximadamente, publicó la crónica de Análisis de Paraná.

La Fiscalía le mostró documentación donde aparece consignado ese pago. El punto en cuestión fue que ese dinero fue pagado por la agencia, pero nunca reintegrado por Sergio Urribarri ni sus allegados más directos. O sea, lo mismo que hicieron en el hotel de lujo de Mar del Plata, cuando gastaron el equivalente a 36 mil dólares Urribarri y varios de su familia, nunca pagaron el alojamiento y gastos y por ende se tuvo que hacer cargo la agencia publicitaria.

Una planilla de Excel con algunas celdas en amarillo flúor, nombres e importes. El testigo leyó su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico. “Los montos coinciden con la factura de ‘X la plata’”, pronunció. “Evento de parador La Perla”, apuntó de inmediato, tras un repaso al renglón 30 de la planilla.

–¿Tiene idea de qué significa eso? –preguntó el fiscal Francisco Ramírez Montrull.

–No, no tengo idea.

–A los nombres que están más abajo ¿los conoce? ¿Puede leerlos?

–Tep SRL, Visual Ilusión, Megaprint, otros. No.

–Por último, en el renglón número siete ¿puede leer lo que dice?

–F, O, no sé si es un cero o una letra o, creo que dice Foia –contestó.

"Foia" es el apodo de Gerardo Caruso.

Ante la pregunta del defensor Emilio Fouces, aseguró que “técnicamente” Juan Pablo Aguilera que estaba al frente de la Casa de Entre Ríos en ese momento, quedó debiéndole dos meses de publicidad en los carteles, pero eso no está asentado en ningún documento y “lo mando a pérdida”.

Philipps es licenciado en Publicidad y según contó este martes a los jueces, fundó su empresa después de recibirse en la Universidad de Lomas de Zamora y, desde entonces, vende espacios publicitarios. Conoce a Juan Pablo Aguilera desde febrero de 2015, cuando lo contactó porque estaban ofreciendo carteles ruteros en la provincia de Buenos Aires.

Aguilera le preguntó al testigo cuál era el valor de esa oferta y qué disponibilidad había. Philipps dijo que habitualmente se venden esos espacios “para la instalación de un candidato no muy conocido en un área, se pauta campaña para hacerse conocido”. Apuntó que esa instalación suele hacerse fuera de época electoral, con anticipación, “un año previo para empezar a fogonear, a mostrar la imagen”. De inmediato contó que el candidato por el cual averiguaba Aguilera “era Urribarri”.

“No es una campaña electoral, es muy común, en la publicidad no aparece un número de lista ni un partido, es la imagen de alguien que pretende ser candidato, un nombre y una referencia simbólica, o color político, a veces una fecha pero generalmente la obvian. Como en este caso, es muy sutil, a veces se usa terminología indirecta, como ‘el próximo paso Urribarri’, que claramente se refería a las próximas elecciones PASO, Urribarri. Cuando presentaron la gráfica que querían publicar decía eso. Era para hacerse conocer en esta zona”, aclaró el testigo.

Philipps dijo que fue contactado de la Casa de Entre Ríos, remarcó que en principio se comunicó con Aguilera pero varias veces habló del tema con Raúl Tati Galarza a quien reconoció como “asistente” de Aguilera. “Contaba con 100 carteles de una cooperativa de trabajo ‘X la plata’ y los ofrecía a quienes querían hacer campaña en la provincia. También lo ofrecí a otros candidatos o espacios como el Gen, porque la agencia hace intermediación”.

En cuanto a la negociación con Aguilera, el testigo señaló que mediante “un acuerdo de palabra” le contrataron los 100 carteles en rutas de Buenos Aires. “Después se formalizó comercialmente. Era un acuerdo de tres meses, eso habitual. Generalmente usan tres meses y encuestan para ver si prendió o no la imagen del candidato”, aseveró.

Agregó que siempre recurre a la cooperativa de trabajo mencionada porque conoce a su titular y “es una empresa seria en la provincia de Buenos Aires. Como yo no tengo estructura, es una comodidad intermediar con esta gente que trabaja bien”.

“La instalación siempre  la realiza el propietario de los carteles. Ellos tienen camionetas y colocan las lonas. Lo opcional es que el anunciante entregue las lonas impresas o solicite que se cobre esa producción de lonas. En este caso particular pidieron los carteles con la instalación y ellos nos proveyeron las lonas. Generalmente en una semana o 10 días están todos colocados”, describió después.

En otro tramo de su testimonio, Philipps fue consultado por cómo fue la facturación. “Generalmente es mi proceder que las partes facturen directo, paguen y después acuerdo con la cooperativa de trabajo y ellos me pagan el canon por la gestión. Me dieron el CUIT, hicieron la factura a la empresa llamada ‘El juego en que andamos SRL’, creo que se facturó a esa empresa. El pago fue por transferencia bancaria. Se acordó un precio de 2800 pesos por cartel, por mes. Se hizo el pago del primer mes y después no pagaron más. Eso es muy habitual en política, es anecdótico, común. Siempre de palabra dicen tres meses, después pagan un mes y después no renuevan. Y así fue acá”, detalló. “La facturación se hizo a finales de febrero y  a mediados de marzo transfirieron el pago”, acotó.

Philipps subrayó que es común de los políticos acordar de palabra más tiempo de contratación del que pagan después. “Cuando se ven carteles descoloridos en la ruta es porque el anunciante dejó de pagar, porque saben que uno no retira las lonas inmediatamente. Esto es muy común, se ve en las rutas”.

–¿Se considera acreedor de Juan Pablo Aguilera? –preguntó el defensor Fouces.

–No, a esta altura del partido no. Técnicamente Aguilera quedó debiendo porque los carteles siguieron dos meses más, pero no está documentado así que lo mando a pérdida.

De memoria selectiva

María Victoria Martín dijo que es productora, que recibe presupuestos para guiones de películas, comerciales, eventos y organiza. Fue imprecisa y risueña. No supo responder las preguntas que le hicieron desde Fiscalía, cuando la indagaron sobre la compra del pliego para Castromil, una empresa con la que no estaba vinculada y que la Fiscalía sostiene se prestó a una licitación simulada con “El Juego en que andamos” de Gerardo Carusco.

“Soy free lance, no pertenezco a ninguna empresa”, dijo al principio. Reconoció que prestó servicios en la instalación y funcionamiento del parador de Mar del Plata, en enero de 2015. “Se armó en la playa. Había distintos eventos, todo el día, todos los días. Tenían que ver con recreación. Fue en enero de2015. Éramos un grupo de gente, un trabajo grande en una playa pública, una cosa muy popular. Trabajamos todos los días, muchas horas. Al arrancar el día trabajábamos hasta la noche recibiendo gente, familias. Me contrató Gerardo Caruso, era mi jefe, el puesto no sé cuál sería. Su productora se llamaba ‘El juego en que andamos’. Esto se empezó a mitad de diciembre en la preproducción, ver proveedores, cómo se va a armar. Después fue un mes en una playa pública, había que pensar en seguridad, ambulancias, vallas, piso. El objetivo del parador era turístico, de esparcimiento, había eventos, magos, distintas carpas, agua caliente para el mate, como una promoción turística de la provincia”.

Dijo conocer a Patricio Coutone del Valle, su cuñado. “Trabajábamos juntos todos los días porque el clima nos ayudó”. “No la conozco directamente a la empresa Castromil, me suena de la entrevista que hicimos hace algunos días”, respondió y reconoció que le “hizo algún pago, alguna compra de pliego, no recuerdo bien, creo que ellos funcionaban en provincia del interior y les di una mano para hacer un trámite formal de eso”.

El fiscal Francisco Ramírez Montrull se detuvo en ese punto, dado que Castromil fue la otra empresa que se presentó a la licitación en la Casa de Entre Ríos, para instalar el parador. La acusación pública sostiene que fue una especie de competencia simulada.

–¿Sabe quién se contactó con usted? –preguntó el fiscal, para que conteste cómo le pidieron ayuda de Castromil para presentarse en la misma licitación que la empresa para la que ella prestaba servicios.

–No recuerdo. Es bastante común en nuestro trabajo que alguien te contacte, se presente y te pida una mano. Estos proyectos en mi trabajo duran un mes y un año tiene doce meses así que yo hago esto casi doce o trece veces al año. Es muy normal en estas cuestiones –eludió responder.

El fiscal le hizo leer el pago del pliego para Castromil a su nombre, el ticket bancario de ese pago en la sucursal Buenos Aires del Banco de Entre Ríos. Reconoció que fue a hacer ese trámite con su cuñado, Patricio Coutone. “No recuerdo si al trámite lo hicimos en capital, provincia, fue hace un montón de tiempo. No recuerdo si primero pagué y después fue a entregar el pliego a la Casa de Entre Ríos”, afirmó.

Más adelante le preguntaron cómo terminó prestando servicios para Caruso. “Porque es amigo de mi pareja, Federico Levrino -productor ejecutivo de Susana Giménez-. Sabía la trayectoria de Gerardo, no recuerdo si era una empresa nueva. Empleados no sé si tenía, no puedo saber, no recuerdo”, contestó casi al final de su relato.

–Señor presidente, disculpe la interrupción pero la testigo está recibiendo mensajes de whatsapp en su computadora y me parece que es una comunicación indebida en el marco de la testimonial –advirtió la fiscal Cecilia Goyeneche.

–Ay disculpe, igual puedo mostrar que es un mensaje de mi hermana.

El otro productor

Patricio Coutone del Valle fue el otro productor con el que contó Gerardo caruso para la instalación y funcionamiento del parador en la playa La Perla de Mar del Plata. Es cuñado de Victoria Martín. Fue consultado por la Fiscalía en el mismo sentido que la testigo que lo precedió.

Dijo que el objetivo de la instalación de inflables en la playa y la realización de eventos fue “promocionar la provincia de Entre Ríos”. “Me dedicaba a coordinar los eventos diariamente que eran muchos. Venía mucha gente porque era gratis. A Caruso lo conoció en un cumpleaños de su hermano, “previo al parador, en abril de 2014 aproximadamente”, aseguró este martes.

Admitió que viajó a Paraná para “buscar o traer algún papel” pero no recordó más nada. Ni donde lo entregó, ni de qué se trataba. “Era un lugar oficial de la provincia. Me recibió una persona en mesa de entrada, hice el trámite y volví”, sintetizó. La incertidumbre que planteó fue todavía mayor cuando dijo haber confundido un trámite en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires con el viaje a Paraná. “Fue la única vez que fui a Paraná, no recuerda a donde  fui. Sé que el lugar no era lejos de donde me bajé del micro. Es más, no sé si me tomé un taxi, no tengo memoria”, esbozó.

Sin embargo pudo recordar que cuando lanzaron el parador en Mar del Plata estuvo el exgobernador Urribarri y cuando habló en el escenario, su discurso fue meramente “turístico”. “No había imagen de Urribarri desde el día que se inauguró el parador. Se había puesto una imagen, no recuerdo bien qué tipo de imagen, pero sí cuando nos dijeron que había que sacar eso, se bajó y en la inauguración no estaba”, dijo.

El alta a la empresa de Caruso, con irregularidades

Por último declaró Eugenio Argüelles. Fue director general de Contrataciones, de la Unidad de Contrataciones de Entre Ríos. Estuvo en ese cargo desde el año 96 hasta 2015, cuando se jubiló, según contó este martes. “Mi función fue llevar la dirección de todas las contrataciones a través de la unidad central, licitaciones públicas, privadas, cotejo de precios y registro de proveedores”, manifestó

Habló sobre los requisitos que debe reunir una empresa para inscribirse como proveedora del Estado, del procedimiento administrativo para ser parte de esa nómina empresarial.

El exfuncionario debió responder por la inscripción de “El juego en que andamos” en el domicilio particular del exsecretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué. Esa firma y  “Castromil” compitieron en una licitación para quedarse con la instalación y funcionamiento del parador playero.

El fiscal Gonzalo Badano le mostró un documento donde se aceptó a “El Juego en que andamos” en el registro de proveedores de la provincia, del 29 de diciembre de 2014. El testigo leyó que la empresa constituyó domicilio en la provincia, en la localidad de Larroque, tal como ayer lo confirmó el propio Virué. Leyó después el certificado de inscripción, al final del expediente administrativo. Después el fiscal lo llevó a la foja 46 de la papeleta, mucho antes de la parte resolutiva. “Es una legalización del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, del 30 de diciembre de 2014”, leyó.

–Puntualmente mi duda es, porque toda la documentación previa para dar el alta es de 29 de diciembre y el expediente está foliado ¿cómo puede ser que suceda esto? –preguntó el fiscal.

–Yo me voy a oponer porque no le mostró el expediente, sino fojas particulares, está confundiendo al testigo –interpuso el defensor Miguel Cullen.

–La verdad es que no sé a qué se refiere eso –respondió Argüelles.

El juez José María Chemez explicó al testigo lo que estaba ocurriendo. De inmediato intervino el defensor Fouces. También se quejó del interrogatorio. Raúl Barrandeguy fue el siguiente abogado en presentar quejas. “Se lo indaga al testigo y me opongo a la manera de formular la pregunta. Que se la satisfaga por otra”, argumentó. Chemez hizo lugar a la oposición.

–Para que explique por qué puede darse esta situación de encontrar una documentación anterior a su resolución en el expediente, con fecha posterior a la fecha de la resolución –repreguntó el fiscal.

–Objeción señor presidente. Lo que le está preguntando el fiscal es sobre una legalización –volvió a interrumpir Fouces.

–La pregunta está clara. Hay dos certificaciones notariales que usted leyó de fecha 29 de diciembre –intervino el juez.

–Desconozco. Generalmente me guío por la emisión del que está a cargo del registro de proveedores que me dice que esté todo. No me pongo a verificar fechas.

Otro de los puntos sobre el que fue consultado Argüelles estuvo referido a las licitaciones públicas. Puntualmente a la competencia entre “El Juego en que andamos” y “Castromil”. La provincia gastó 14.561.870 pesos por el funcionamiento del parador entre el 1 y el 31 de enero de 2015.

 

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