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OPINIÓN

"Gatillo fácil", seguridad democrática y derechos humanos

En esta columna de opinión sobre el caso de "gatillo fácil" que se está juzgando en Gualeguaychú, Matías Ayastuy (director de Derechos Humanos de esa ciudad) enfatiza que los conceptos de seguridad democrática y derechos humanos, "lejos de contraponerse, deberían poder pensarse como dos caras de una misma moneda".

 

(*) Por MATÍAS AYASTUY

Ilustración: El Once Digital

Nota relacionada: Jurado estancado, gatillo fácil y fiscales con distinta vara

 

El pasado martes 29 de marzo de 2021 me tocó declarar como testigo en el primer juicio oral que se llevó a cabo en nuestra ciudad por el (¿presunto?) asesinato por la espalda de Iván Pérez a manos del agente de la policía de Entre Ríos, Mauricio Gómez.

Llamativamente, no fue la querella ni el Ministerio Público Fiscal quien solicitó mi testimonio, sino la defensa del acusado, cuya estrategia fue decir que al policía “se le escapó un tiro”, con tanta mala suerte que justo le dio en el cráneo a la persona que estaba persiguiendo a más de 90 metros de distancia. Un claro insulto al sentido común.

La estrategia de la defensa se basó en construir una imagen de víctima en el culpable y de culpable en la víctima. “Me siento muy mal por lo que hice, me cuesta dormir”, declaró el acusado, conmoviendo a la propia jueza Alicia Vivian que, al término de sus palabras le dijo compungida: “Vuelva a su lugarcito” (sic). A esto sumó preguntas sobre los problemas que tuvo en vida la víctima del disparo en la cabeza.

Preguntar sobre la vida de quién fue asesinado de un tiro en la nuca es una operación similar a preguntar sobre el largo de la minifalda a una víctima de violación: consiste en culpabilizar a la víctima. Dar a entender que, en cierto modo, “se lo merecía”. A mi entender, un recurso profundamente cínico.

Párrafo aparte merece la afirmación del Jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, que declaró bajo juramente que “es prácticamente nula la capacitación posterior el egreso de los funcionarios policiales”, dando a entender que los agentes de la fuerza no están preparados para portar armas.

Esto, si bien es absolutamente funcional a la estrategia que busca la impunidad del acusado, nos advierte sobre la peligrosidad de que –si fuera más o menos verosímil la hipótesis del “accidente”, sostenida por Alfredo Vitale– esa bala podría haber impactado en cualquiera de las personas que pasaban por ese lugar. Y si vamos un poco más allá, podría decirse que cada vez que haya una persecución, la vida de la ciudadanía se pondrá en peligro.

Como si fuera poco, todo esto, a las pocas horas de haber culminado la primera audiencia del juicio oral, un testigo clave, de identidad reservada fue increpado por agentes de la propia policía, quienes habrían recibido una supuesta denuncia de robo (hasta ahí todo bien); pero que al preguntarle el apellido y reconocer que había declarado comprometiendo la “inocencia” de Gómez, lo empezaron a golpear, patear y amenazar! Esto generó que se reemplace a la Policía de Entre Ríos por Prefectura Naval Argentina a partir de la segunda audiencia en la custodia del predio del Centro de Convenciones, donde se realizó el juicio. No se si las autoridades judiciales habrán dimensionado la gravedad institucional de estas acciones.

Finalmente, quiero decir que ante el denodado esfuerzo por parte de un sector de la fuerza en cuestión y del letrado Vitale de demonizar “los derechos humanos”, y buscar la confrontación, considero relevante destacar que nuestra perspectiva considera en primer lugar la UNIVERSALIDAD de todos los derechos.

Desde el sargento Gómez hasta Iván Pérez, en la misma medida, hayan cometido el delito que hayan cometido (contra la propiedad o contra la integridad física de las personas). Los dos deberían tener derechos a juicio y ninguno de los dos debiera morir en una ejecución extrajudicial. También los dos debieran asumir las consecuencias de sus actos.

En segundo lugar, expresamos la profunda preocupación por el hecho de que como sociedad avalemos este tipo de ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de un sistema de seguridad pública en el cual depositamos como sociedad la responsabilidad de cuidarnos. Al conjunto, y no sólo a algunos sectores.

En tercer lugar, estamos convencidos que de en el actual sistema democrático, no puede haber un sistema de seguridad que no sea respetuoso de los derechos humanos, de igual modo que quienes trabajamos en defensa de los derechos humanos debemos asumir las deficientes condiciones laborales, salariales, edilicias, de infraestructura, entre otras, de agentes de las fuerzas; algo que también ocurre con Salud y Educación. Seguridad democrática y Derechos Humanos, lejos de contraponerse, deberían poder pensarse como dos caras de una misma moneda. Así lo entendemos nosotros.

(*) Licenciado Matías Ayastuy (Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú).

 

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