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Hackeo a la Municipalidad: tras las indagatorias, dictaron la prisión preventiva por 30 días para todos los detenidos

Las personas detenidas el pasado domingo fueron indagadas por la justicia, y quedó claro que son los últimos eslabones de la cadena. No todas declararon. Se dictó su prisión preventiva por 30 días. Quiénes son sus abogados y qué dijeron en las indagatorias. Se esperan nuevas medidas. Hasta el momento hay dieciséis personas imputadas.

 

 

REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES

 

Este miércoles concluyeron las indagatorias en la Sala Penal del cuarto piso de Tribunales, en la audiencia solicitada por la fiscal Gabriela Seró, en la causa en manos del Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de Alejandrina Herrero.

Como consecuencia de las indagatorias, a todas las personas se les dictó la prisión preventiva por 30 días, en el marco de la acción caratulada “Estafa informática agravada por haberse efectuado en perjuicio de la administración pública”, delito tipificado en los artículos 173 inc. 16 y 174 inc. 65 del Código Penal.

Según fuentes de la investigación, quedó claro, luego de las declaraciones indagatorias, que las ocho personas fueron parte del robo, pero también que no son más que el último eslabón de la red delictiva responsable del hackeo, la cual tiene un alcance cuyas dimensiones aún no están claras pero que parece ser enorme.

Fueron ocho las personas detenidas en la madrugada del domingo 12 de noviembre, en los allanamientos realizados en diferentes provincias, y luego trasladadas a Concepción del Uruguay, en el marco de la investigación por el hackeo que sufrió la Municipalidad a comienzos de abril de este año. Según pudo saber esta redacción, la causa tiene 16 personas imputadas, con situaciones diferentes: además de las ocho detenidas en nuestra ciudad, hay otras prófugas, una con discapacidad y otras con pedido de detención.

El último eslabón

No todas las personas detenidas declararon. Las que lo hicieron son las que ostensiblemente parecen ignorar las proyecciones del delito. Son personas de recursos escasos que a cambio de una porción mínima de dinero, prestaron sus datos biométricos y de identidad para crear las cuentas a las que fueron destinadas las transferencias del dinero obtenido en los cyberdelitos.

Si bien los montos que dijeron recibir son diferentes, todos son irrisorios en comparación al total de los dineros involucrados. Así, uno de ellos recibió 20 mil pesos, otro 30 mil, otro 50 mil pesos. Por las características relevadas y los datos efectivos brindados, se infiere que las personas detenidas no comandaron la estafa, por lo cual la investigación necesariamente continúa, a partir de estos nuevos datos de los que surgieron instancias de investigación que permitirán subir un escalón sobre otros eslabones de la cadena de responsabilidad.

EL MIÉRCOLES pudo acceder a parte de las actuaciones, en las que tanto la fiscal Seró como la jueza Herrero consideraron que el bien jurídico afectado no es la Municipalidad sino toda la comunidad uruguayense. La magistrada a cargo del Juzgado de Garantías entendió que existen razones suficientes como para conjeturar que estas personas, de permanecer libres, podrían entorpecer el proceso o fugarse, por lo cual seguirán detenidas 30 días más.

Defensores comunes con Urribarri

Tres de las personas oriundas de Buenos Aires (Gabriela Soledad Salomón, Nicolás Agustín Romero y Armando Luis Carrizo) y el misionero Ángel Luis López, son defendidos por el defensor oficial Sebastián Arrechea. Mariano Alexis Romero y Sergio Enrique Soruco, ambos de Buenos Aires, estuvieron en la audiencia representados por el penalista uruguayense José Ostolaza. La pareja mendocina integrada por Dana Sofía Peyrat y Pedro Ezequiel San Esteban, estuvieron representados por los abogados Miguel Angel Cullen, y Anderson Lozano, ambos llegados desde Paraná y este último especialista en Delitos Informáticos.

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El resto de las personas imputadas son Gonzalo Ivan Ybalo, Gastón Emanuel Gallardo, Sandra Portillo, Abria Jessica Belen Villaverde, Nehuen Jorge Brizuela, Javier Gustavo Ledesma, Luis Alberto Moreno, Emilio Soto y Agustina Beatriz Moreno, todas en calidad de “coautores penalmente responsables”.

En las actuaciones realizadas en estos primeros días, los abogados defensores pidieron el sobreseimiento de sus representados, la nulidad de algunas de las pruebas –con diferentes argumentos—, la libertad de las personas detenidas y, en su defecto, la prisión domiciliaria. Pero la jueza a cargo no hizo lugar a ninguno de los pedidos. La fiscal Seró solicitó 40 días de prisión preventiva y se concedieron 30 días, atendiendo a que las personas detenidas habían colaborado brindando información relevante para proseguir la investigación.

Pero el dato curioso —y sugestivo— es que a la pareja mendocina, que optaron por no declarar, los representa el abogado penalista paranaense Miguel Angel Cullen, el mismo que representa al ex gobernador Sergio Urribarri en algunas de las causas que lo involucran. Una información llamativa, que se agrega a que Cullen llegó a la ciudad con un abogado de origen colombiano radicado en Paraná, Anderson Lozano, que fue presentado como especialista en este tipo de delitos.

La presencia de estos profesionales alienta inevitables conjeturas sobre los contactos de la pareja mendocina y el verdadero lugar que ocupan en la estructura de la red de ciberdelitos.

Las declaraciones

EL MIÉRCOLES accedió a las declaraciones realizadas por las personas imputadas que declararon. Los cuatro de Buenos Aires fueron los únicos que declararon en la rueda de imputados. Si bien cada caso tiene sus particularidades, todos tienen aspectos comunes. Por ejemplo, todas son personas de escasos recursos, que habitan en barrios de clase media baja o vulnerables. Una en particular es una madre sola, que llegó a Concepción del Uruguay con su bebé y quedó detenida en el Hogar de Protección para Mujeres.

Otro dato interesante es que a ninguna de las personas detenidas las contrató el mismo interlocutor. A algunas de ellas, quienes las contactaron les pidieron que abrieron cuentas, ya fuera en los bancos donde se transfirieron los fondos o en los sistemas financieros (Mercado Pago, Tarjeta Naranja, Lemon Bank) o sitios de bitcoins (como Bitso). A uno de ellos, que trabaja como mozo en San Telmo, en la Capital, le pagaron 20 mil por utilizar sus datos biométricos, es decir que ni siquiera creó él mismo la cuenta. Además, contó de varios amigos que hicieron lo mismo, pero que no están afectados en esta causa.

A otro de los hombres detenidos, en este caso en el barrio Monte Chingolo, en Lanús, lo “contrataron” para crear varias cuentas, que no manejaba él y a las que se transfirieron cinco millones de los que se robaron en el hackeo. A esta persona le pagaron 50 mil pesos por esos “servicios”. Al declarar comentó lo poco que pudo ver del funcionamiento con quienes lo contrataron: afirmó que manejaban una libreta con chips y DNI de más de 30 personas, e incluso dibujó un croquis para ubicar a esas otras personas, todas de su mismo barrio.

Fugados y nuevos pedidos de allanamiento

Las personas imputadas en la causa son dieciséis, pero las que efectivamente fueron detenidas y trasladadas a Concepción del Uruguay son ocho. Hay otras cuatro prófugas y hay orden de detención para las restantes.

Los dichos de las indagatorias fueron muy relevantes para ir determinando otros nombres que permitirán avanzar la investigación en búsqueda de los responsables de un nivel superior en la red de ciberdelitos. De todos esos datos surgirán en estos días nuevos pedidos de allanamiento y de ubicación de otras personas.

Las personas imputadas permanecen detenidas en la Alcaldía de la Comisaría Primera, a excepción de una de las dos mujeres, Gabriela Salomón, que fue alojada en el Hogar Refugio para que pueda estar con su bebé. En ese caso se indicó prisión domiciliaria.

Esta redacción también pudo saber que de los datos previos a los operativos realizados el pasado domingo faltan cuatro personas que se dieron a la fuga. A lo cual ahora se agregaron todos los nombres nuevos surgidos en las indagatorias.

Una red inhumana

Uno de los datos notables que las autoridades judiciales pudieron determinar en los allanamientos y detenciones realizados muestra la calaña de la red delictiva. Una de las personas ubicadas en los operativos en  la provincia de Buenos Aires, cuya identidad y datos biométricos fueron utilizados para crear cuentas padece una discapacidad mental profunda. Por esa razón, los efectivos policiales tomaron todos sus datos pero no la detuvieron.

 

 

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