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La ciudad que desapareció la dictadura

La represa de Salto Grande significó, sin metáforas, la desaparición de un pueblo. La dictadura cívico-militar que torturó y desapareció a miles de personas, también hizo desaparecer a la vieja ciudad de Federación. La nueva ciudad tuvo un traumático nacimiento, cuyas secuelas psicológicas y estructurales persisten aún hoy

Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL

La nueva Federación es una metáfora de la última dictadura: los militares que secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas –incluidos bebés nacidos en cautiverio–, también hicieron desaparecer una ciudad a la que hundieron en el río Uruguay al inaugurar la represa de Salto Grande. En cambio, erigieron una nueva ciudad, a tres kilómetros de las ruinas de aquella, donde las secuelas psicológicas e infraestructurales persisten hasta el día de hoy.

Cuenta la historia que Federación se fundó tres veces, podría decirse que con tres nombres distintos y la última en un lugar diferente al de su emplazamiento original.

En 1777, don Juan de San Martín, el padre del Libertador, fundó la estancia Mandisoví como una posta del sistema de transporte de mercaderías entre los pueblos misioneros y de la provincia de Buenos Aires. Por esos caminos transitaban viajeros, correos y tropas de carretas que trasladaba yerba, algodón hilado y tejido, tabaco y cueros.

Más adelante, el 20 de marzo de 1847, el comandante interino del pueblo y departamento de Mandisoví, el coronel Manuel Urdinarrain, le escribió al gobernador Justo José de Urquiza: “Antes de ayer regresé después de haber dejado delineado y amojonado el nuevo Pueblo de Mandisoví, sin haber sido posible fundarlo sobre el Arroyo del Vizcocho, ni en el de La Virgen, porque el primero está completamente seco y el segundo presenta la dificultad de tener más de media legua de bañado. Lo he fundado sobre la barranca del río Uruguay, en un lugar pintoresco”. Urquiza lo llamó entonces Pueblo de la Federación.

La última ocurrió un siglo y medio después, el 25 de marzo de 1979, en un lugar escogido por los propios habitantes en un plebiscito, a dieciocho kilómetros del emplazamiento anterior, en un terreno más pequeño, en el sitio al que no pudo llegar el coronel Urdinarrain.

La represa, incertidumbre y después

La suerte de Federación quedó echada en 1946, cuando Argentina y Uruguay acordaron la creación de la Comisión Técnica Mixta y empezaron a estudiar las distintas formas de aprovechamiento del río Uruguay mediante la construcción de una represa hidroeléctrica.

Si bien aquel proyecto quedó cajoneado por años, la sensación de incertidumbre suspendió el desarrollo de Federación. Cuando la iniciativa se retomó, entrada la década del setenta, los vecinos confirmaron sus sospechas: un lago artificial sumergiría bajo el agua no solo áreas rurales sino también un barrio del poblado de Santa Ana y casi la totalidad de la planta urbana de Federación; y algo peor: se enfrentaron a la novedad de que no estaba previsto construir una nueva ciudad, sino que sus habitantes serían indemnizados. La protesta organizada terminó forzando a que las autoridades provinciales decidieran, en 1972, “disponer las medidas para el levantamiento de una nueva ciudad de Federación”. Ahí se contemplaba que los vecinos podrían optar entre percibir una indemnización acorde con la valuación oficial de sus casas o recibir una vivienda nueva como pago íntegro de la unidad habitacional que le era expropiada. El 86 por ciento optó por el trueque.

Los investigadores Alejandro Rofman y Agustín Cafferata analizaron el impacto social del proceso de relocalización de los vecinos de Federación en un trabajo titulado Grandes presas hidroeléctricas y procesos socio-económicos asociados: tres ensayos. Allí sostienen que el diseño de la nueva urbe pretendía preservar los “riesgos propios de su definido estilo de vida, caracterizado por viviendas individuales instaladas en amplios lotes, en los que era habitual la existencia de huertas y cría de animales. A ellos se incorporaban, en muchos casos, comercios y actividades artesanales, al amparo de la amplitud de los espacios propios de las casas-habitación”. Pero eso no ocurrió.

La represa de Salto Grande se planificó originalmente como como un complejo hidroeléctrico de propósitos múltiples: producción de energía, navegación, riego, usos domésticos y sanitarios, desarrollo de la riqueza ictícola y desarrollo regional. Sin embargo, con el tiempo, su funcionalidad directa primaria se redujo al aprovechamiento del río para la generación de energía eléctrica.

En 1974, los equipos técnicos del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) autorizaron el inicio de las obras para la represa, y en 1979 comenzó la construcción del lago artificial que dejaría la mayor parte del territorio de Federación bajo el agua.

En ese marco, se convocó a un plebiscito popular con el objetivo de que fueran los ciudadanos de Federación quienes eligieran libremente la nueva localización. El IAPV recomendó hacerlo en las barrancas de Santa Ana; pero el plebiscito contemplaba otros cuatro parajes cercanos como opciones: Mandisoví, La Virgen, La Amelia y La Argentina.

Hubo entonces una intensa campaña de difusión sobre los beneficios que representaba cada una de las posibles áreas de localización, a través de conferencias, charlas en las escuelas o en el cine, folletos y artículos en los diarios de Concordia.

El plebiscito se transformó en una disputa entre vecinos, donde integrantes de los partidos políticos, de los diversos gremios y los del Centro de Comercio e Industria dividieron sus fuerzas a favor de una u otra opción.

Fue también un factor que estimuló la participación de la juventud en cuestiones comunitarias: por primera vez se habilitó la participación de los jóvenes de 16 años, que pudieron votar en la elección del emplazamiento de la nueva Federación, lo que convirtió el plebiscito también en una puja entre “jóvenes” y “viejos”.

Finalmente, el 12 de octubre de 1974, se concretó el plebiscito popular en el que se impuso la opción de La Virgen, con 1.528 sufragios; sobre La Amelia, que obtuvo 904 adhesiones; Mandisoví, 173; La Argentina, 63; y Santa Ana, 3 votos. La elección favoreció las inquietudes de los sectores juveniles.

La opción de La Virgen había sido rechazada en su momento por el equipo técnico. En cambio, decía la propaganda de aquellos días, allí “se mantiene la actual relación con las colonias, abarcando dentro del área de influencia inmediata unas 210 familias, presentando un buen desarrollo con posibilidades para incrementarse”; además, presentaba otros beneficios, ya que “permitiría con mayor facilidad toda la operación de traslado desde la vieja ciudad y presentaba ventajas para iniciar de inmediato la construcción de un Parque Industrial”, según reconstruyeron Rofman y Cafferata.

Las obras para la construcción de la nueva ciudad se iniciaron recién en 1977, después de una larga lista de contingencias e incertidumbres. Para entonces ya había acaecido el golpe cívico-militar y mandaba la dictadura, que desechó el proyecto elaborado por el gobierno peronista y encargó un nuevo diseño a un equipo de arquitectos que en ocho meses elaboró la traza que hoy exhibe la ciudad.

El proyecto original contemplaba la idea de “generar la participación activa de los diferentes sectores de la población en el proceso de traslado como mejor garantía de lograr un alto grado de integración social”. Pero la dictadura hizo un proyecto a su medida y sin respetar ni un ápice del modelo que habían debatido los vecinos.

En ese momento era interventor en la provincia el brigadier Daniel Di Bello, quien a los pocos meses fue desplazado. Algunos atribuyeron su salida a las fuertes denuncias de corrupción en torno a las obras de la nueva ciudad; otros, en cambio, dijeron que se debió a una interna con el jefe de la represión en la provincia, el general Juan Carlos Trimarco.

Según se consignó en el libro Rebeldes y ejecutores, “Trimarco nunca congenió con Di Bello y estaba dispuesto a hacerle algunas jugadas para contrarrestar su poder. Y la historia de la nueva Federación le sirvió. Primero, porque en el viejo proyecto de Enrique Tomás Cresto, ideado por el joven arquitecto Walter Grand, no le había dado ninguna participación política ni económica. Y el presupuesto para su desarrollo era suculento. Además, en un principio, Trimarco tenía todo asegurado para que su hijo, representante de una de las más importantes firmas de cerámicos y mosaicos para pisos internos y externos, fuera el ganador de la licitación de las obras en la remodelada ciudad (…) Apenas asumió Di Bello, lo primero que hizo fue desechar cada uno de los acuerdos del general y se beneficiaron otras empresas, no afines a Trimarco, pero sí al gobernador (léase, interventor militar)”.

Nueva ciudad y negocios

Ante las serias deficiencias que presentaban las obras en la nueva Federación, el ministro Albano Harguindeguy dispuso un sensible recorte en el presupuesto inicial, lo que se reflejó no solo en obras que no se hicieron –como el Centro Cívico y un aeropuerto–, sino también en la calidad de las que sí se ejecutaron.

El censo realizado por la dictadura en 1977 arrojó que en la vieja ciudad había 1.426 hogares, pero para la nueva ciudad solo se proyectaron 990 viviendas. El censo anterior había contabilizado 6.162 habitantes. No hubo para ellos equidad en el otorgamiento de las viviendas. El mecanismo de elección consistía en mostrarle a cada grupo familiar un mapa y construcciones a medio terminar para que escogieran. Si había coincidencias en la elección, se procedía a realizar un sorteo. Así fue la mudanza y la relocalización de la población estuvo caracterizada por su naturaleza compulsiva.

En agosto de 1978, Harguindeguy viajó en forma reservada a Federación. “Primero hizo desactivar una pueblada que se estaba generando como repudio a los recortes presupuestarios en las obras. El reclamo no se hizo, pero el ministro lo interpretó como un desafío de Di Bello, por lo que apenas llegó a Capital Federal lo hizo llamar para que fuera pensando el día en que iba a renunciar”, consignó el libro que reconstruye la historia de la dictadura en la provincia. Di Bello dimitió el 7 de agosto. Le sucedió el breve interinato del comodoro Pablo Federico Jávega y luego asumió el general Carlos Aguirre.

La nueva ciudad se inauguró el domingo 25 de marzo de 1979. El dictador Jorge Rafael Videla encabezó el acto. Hubo desfile militar, marchas castrenses, chicos con sus guardapolvos y muchas banderitas. Videla caminó por las calles, con Di Bello a su lado, y realizó el simbólico corte de cintas en el lugar donde se instaló un busto del general San Martín que estaba en el viejo poblado, ante una ciudad que lucía prácticamente desierta. Al otro día, el agua debía comenzar a tapar la vieja ciudad para dar lugar al lago que hidrató la represa de Salto Grande. Eso sí, antes de hundirla, demolieron las casas y talaron todos los árboles. Bajo el agua quedaría todo un pueblo, con sus edificaciones pero también con sus sueños.

 

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