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La Constitución reformada: ocho años y ninguna flor

Cada aniversario de la jura de la nueva Constitución Provincial, es una buena oportunidad para difundir la necesidad (y la posibilidad) de obligar al poder político, a la justicia y a los legisladores a que empiecen a cumplir con lo que promete la bella pero muerta letra de la principal ley Entrerriana.

 

Por AMÉRICO SCHVARTZMAN (*)

 

Este 11 de octubre se cumplen ocho años de aquella jornada histórica en que se juró la nueva Constitución Entrerriana.

Sería un lindo día para festejar, si se hubiera cumplido con alguna de las muchas disposiciones que los convencionales constituyentes incorporamos a la Carta Magna, y de la que tanto se ufanó el oficialismo cuando le gustaba maquillarse de “progresismo”.

Podría mencionar medio centenar. Pero enumeraré solo cinco de ellas, quizás las más sencillas de implementar:

  1. Concursos para elegir directores departamentales de escuelas y de hospitales
  2. Creación del Defensor del Pueblo de la Provincia
  3. Posibilidad de los municipios de disponer su propia Carta Orgánica
  4. Creación del Ente Ambiental para garantizar la participación ciudadana y las evaluaciones de impacto ante cualquier iniciativa que ponga en riesgo el ambiente.
  5. Garantía de que el Estado no le pague más en negro a sus trabajadores.

Año tras año, el peronismo gobernante en Entre Ríos se sigue haciendo el distraído respecto de estos asuntos. La Constitución Entrerriana, así, es una notable muestra de la distancia entre las promesas institucionales y la realidad política.

Si alguien quisiera conocer a Entre Ríos leyendo su Ley principal, creería que nos encontramos en una república de libres e iguales, donde imperan la solidaridad, la cooperación, la transparencia, el cuidado del ambiente y la participación ciudadana.

Pero la realidad es que a nuestros gobernantes no les interesa en lo más mínimo avanzar en ninguna de las novedades que incorporó la Convención. Tampoco al poder judicial, que es un apéndice, una excrecencia, de ese poder político.

Asuntos como el acceso a la información pública, el Consejo Económico y Social, los mecanismos de democracia directa, la desconcentración de los entes provinciales, los entes autónomos de control, la participación de trabajadores y usuarios en las empresas y estructuras del Estado, la igualdad de género, el acceso al agua y a la información como derechos humanos, el ingreso mínimo garantizado... y un largo etcétera, siguen siendo promesas incumplidas del texto legal.

El inexorable paso del tiempo agrava la omisión de los mandamases provinciales y locales. Pero para ellos, el incumplimiento de la Constitución no es una omisión o una distracción: es una decisión. Por poner un solo ejemplo: nombrar por concurso a los directores departamentales de escuelas y a los directores de centros de salud no requiere adaptaciones legislativas ni mucho gasto: solo un concurso en cada caso, como los centenares, los miles de concursos que se hacen cada semana en escuelas, universidades o institutos de la provincia.

Pero el peronismo no quiere dejar de nombrar a dedo a los 17 directores departamentales de escuelas y a los 65 directores de hospitales. Es más importante para ellos disponer de 80 cargos discrecionales que cumplir la Constitución.

Lo notable es que hay otra variante para lograrlo: el reclamo ciudadano.

La Constitución prevé, en su artículo 62, que “si esta Constitución, una ley o una ordenanza dictadas en su consecuencia, otorgasen algún derecho que dependiera para su concreción de una ulterior reglamentación y ésta no se dictara dentro del año de la sanción de la norma que la impone, el interesado podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente, a dictar la norma omitida. Ante el incumplimiento del obligado, el Tribunal integrará la misma o, de ser esto imposible ordenará, si correspondiere, la indemnización al demandante del daño resarcible que sumariamente acredite”.

Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana puede reclamar –desde hace siete años– que se cumpla lo que la Constitución dice, en cualquiera de sus disposiciones. Pero ello requiere que se apropien de estos textos quienes creen en el cambio social. Y lo cierto es que aquellas disposiciones siguen siendo desconocidas por la mayoría de nuestra comunidad y, al parecer, por sus dirigencias.

Por eso cada aniversario de la jura es una buena oportunidad para difundir esa posibilidad que está ahí, al alcance de la mano: la obligar a la justicia y a los legisladores a que cumplan con lo que promete la bella pero muerta letra de la Constitución.

 

(*) Periodista y licenciado en Filosofía. Fue convencional constituyente en 2008 por el Partido Socialista de Entre Ríos. Autor de Deliberación o dependencia. Ambiente, licencia social y democracia deliberativa(Prometeo 2013).

 

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