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La denuncia contra el fiscal Aramberry anuncia la continuidad de la guerra

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó una denuncia contra el fiscal Ignacio Aramberry por mal desempeño y por un supuesto encubrimiento al esposo de la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche en la investigación de los contratos truchos. Pidió que Aramberry sea suspendido en su cargo, que se aparte al Ministerio Público Fiscal y recusó a todos los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.

 

Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL

 

El fiscal Ignacio Aramberry fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en la investigación de la causa de los contratos truchos en la Legislatura y falso testimonio en el jury a Cecilia Goyeneche.

La presentación fue efectuada por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, el mismo que promovió en su momento las denuncias que terminaron con las destituciones de Carlos Chiara Díaz y Cecilia Goyeneche; y también contra el procurador Jorge Amílcar Luciano García. Es, además, defensor del condenado intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi (PJ).

Reggiardo denunció al fiscal Aramberry por mal desempeño en sus funciones. Lo acusa, concretamente, por no haber investigado una presunta vinculación de Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche, con el estudio contable que realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y reclutaba a los prestanombres del esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018; y también lo acusó de haber mentido en su declaración como testigo en el jury a Goyeneche.

En ese marco, solicitó que el fiscal sea suspendido preventivamente y que se aparte a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, con argumentos idénticos a los que esgrimió el Jurado de Enjuiciamiento en el proceso contra Goyeneche.

Además, recusó a Verónica Mulone, Gisela Schumacher, Daniel Carubia, Juan Smaldone –ya jubilado y fuera del Superior Tribunal de Justicia–, Gonzalo García Garro, Armando Gay y Gustavo Zavallo, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, por haber sido “testigos del falso testimonio del fiscal (…) en ocasión de su declaración en el jury contra Cecilia Andrea Goyeneche”.

El fiscal dijo haberse sorprendido con la noticia de que había sido denunciado, pero aclaró que aún no ha sido notificado y que desconoce el contenido del escrito; aunque consideró que el ejercicio de la función lo expone a este tipo de cuestionamientos.

Aramberry tiene 46 años e ingresó hace veinte al Poder Judicial; se desempeñó como meritorio –trabajando gratis–, fue delegado judicial y secretario de un Juzgado de Instrucción; luego fue designado como agente fiscal, primero en forma interina y después revalidó por concurso, y recientemente como fiscal coordinador, sin haber tenido nunca una sanción disciplinaria. De hecho ha mantenido durante toda su carrera un perfil bajo y alejado de polémicas.

La denuncia contra Aramberry supone una escalada en la guerra abierta a partir del proceso que terminó con la destitución de Goyeneche y que ha generado una crisis inédita en el Poder Judicial entrerriano. ¿Será la última? Seguramente no.

Mal desempeño

Reggiardo denunció a Aramberry por una causal genérica de mal desempeño en sus funciones. Se sostiene en la actuación del fiscal en la causa de los contratos truchos, en la que intervino desde el minuto uno de la investigación.

Dice Reggiardo que “el fiscal Aramberry estaba en conocimiento (o debía estarlo) de la relación entre Sebastián Orlando Bertozzi, Pedro Opromolla y Cecilia Goyeneche” y se pregunta por qué el esposo de la ex procuradora adjunta no fue investigado.

Opromolla y Goyeneche eran socios en un fideicomiso que había tenido como administrador al esposo de la procuradora adjunta, el contador Sebastián Orlando. Se trataba de un departamento en calle La Paz 236. Ella lo negó, según dijo, porque había adquirido la parte de Opromolla y en el convencimiento de que así había quedado registrado. Pero luego se supo de un segundo fideicomiso, también administrado por Orlando, en el que Goyeneche y Opromolla eran dueños en partes iguales de un departamento en calle 9 de Julio 165, que estaba alquilado a un tercero, es decir, cuando se inició la investigación lo conservaban y explotaban económicamente, en conjunto, hasta que la ex procuradora lo cedió gratuitamente a su sobrina.

El denunciante sostiene que esos datos estaban en las computadoras secuestradas en el estudio Integral Asesoría, que encabezaba Opromolla, “es decir, en el mismo legajo de fiscalía estaba el contrato de locación en el que Goyeneche y Opromolla alquilaban un departamento de calle 9 de Julio a un tercero”.

Por otro lado, Reggiardo le atribuye al fiscal Aramberry “favoreció los actos arbitrarios de la ex fiscal Cecilia Andrea Goyeneche” y lo acusa por falso testimonio en la declaración que dio como testigo ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El denunciante aporta el relato del fiscal Aramberry cuando se refiere a las actuaciones dispuestas en las causa de los contratos truchos de la Legislatura y transcribe la declaración testimonial e incluso un fragmento del interrogatorio del fiscal ad-hoc, donde consulta a Aramberry sobre una orden de allanamiento y el secuestro de un teléfono celular respecto de un testigo, cadete de Integral Asesoría, que describe al contador Orlando como alguien que frecuentaba el estudio.

En primer lugar, sostiene que en aquella entrevista con el testigo Aramberry y Goyeneche incurrieron en un incumplimiento al deber de objetivo de investigación y buena fe procesal, ya que no le exhibieron evidencias que podrían comprometerlo: era contratado de la Legislatura.

Al día siguiente de esa entrevista, se ordenó un allanamiento y el secuestro del teléfono celular del testigo que había descripto al esposo de Goyeneche. Aramberry lo justificó ante el Jurado de Enjuiciamiento diciendo que era porque no lo había llevado a la entrevista del día anterior. Pero el video de aquella declaración confirma que sí lo tenía.

“Fue tan maltratado (el cadete), tan denostado por los fiscales y etiquetado como ‘mentiroso’, pero al final de cuentas, no lo imputaron, ni lo llevaron a juicio, como tampoco le iniciaron una causa por falso testimonio”, detalló el denunciante.

Reggiardo concluye que “nunca sabremos las razones por las cuales no se investigó a Sebastián Orlando Bertozzi” y advierte que “según el mismo hecho enrostrado, parte de las utilidades dinero sustraído de la Legislatura se encauzaban en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas para disimular su origen ilícito”.

 

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