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La Iglesia Católica se anticipa a la separación del Estado y analiza la forma de sostenerse

El 2018 viene cargado para la Iglesia argentina. Luego de un inesperado debate sobre la despenalización del aborto, que los tuvo en el centro de la escena durante meses, se instaló en la agenda la posibilidad de separar a esa institución del Estado.

Tras meses de trabajo -que incluyó la creación de un equipo conjunto del Gobierno y la Conferencia Episcopal -, la idea de separar a la Iglesia del Estado empieza a tomar forma: “De un modo gradual, el Episcopado irá resignando las asignaciones históricas que reciben los obispos”, confirmó el responsable de la Oficina de Prensa de la CEA, el presbítero Máximo Jurcinovic.

Parece cada vez más cierto: la Iglesia de donde salió el Papa Francisco se ajusta la sotana. “No nos cambia demasiado las cuentas, aunque sí nos va a obligar a revisar los gastos, pero la mitad o más de la sociedad nos critica pensando que el Estado nos paga todo”, dicen en los pasillos de la CEA.

El tema es espinoso para el Gobierno y para la Iglesia. El monto que recibió la institución religiosa este año es de 130 millones de pesos, que se destinan en su mayoría al pago de sueldos de obispos y de otros cargos, aunque en general éstos los utilizan para los gastos corrientes de cada diócesis.

Según las dos partes, este dinero representa menos del 10 por ciento de los ingresos, por lo que la separación entre las entidades tiene un fin político o mediático, claro.

“El Episcopado entendió que después del debate del aborto hay una demanda social para buscar otras formas de financiamiento”, dicen desde la Secretaría de Culto, donde comunicaron, de manera oficial, que el nuevo encargado del área, Alfredo Abriani, ya está al mando, publicó el sitio Perfil.

Desde ahí aseguran que la separación va a ocurrir “en un futuro no tan lejano”. En la Iglesia también se siente esta presión popular. “No nos cambia demasiado las cuentas, aunque sí nos va a obligar a revisar los gastos, pero la mitad o más de la sociedad nos critica pensando que el Estado nos paga todo”, dicen en los pasillos de la CEA.

La Conferencia Episcopal confirmó que se armó un equipo de trabajo que está analizando el tema de la separación de la Iglesia y el Estado. Ese grupo, compuesto por abogados, contadores y otros especialistas, realizó un informe que se leyó el miércoles pasado en la reunión de la Comisión Permanente de la CEA, que integran los 20 obispos con más rango dentro de la Iglesia.

“Se están analizando nuevas alternativas al actual sostenimiento del Culto”, aseguraron en un comunicado, donde confirmaron que trabajan el tema junto a la Secretaría de Culto y la Jefatura de Gabinete.

Dos días después, el obispo de San Francisco, Córdoba, monseñor Sergio Buenanueva, sugirió varias ideas puntuales: “Que sean los ciudadanos los que elijan cuanto de sus aportes se destina al culto u obra social que deseen; que exista transparencia en la asignación y administración de dichos fondos y, por lo mismo, la obligación de una cuidadosa rendición de cuentas”.

Jurcinovic lo secundó: “La comisión alternativa está pensando herramientas para llevar adelante estos cambios con mucha creatividad”. En noviembre, en Pilar, la CEA tendrá una nueva reunión de la Comisión Permanente donde quizás hayan avances más concretos.

 

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