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La izquierda llamó a una "rebelión de inquilinos" tras la media sanción del nuevo proyecto

Las referentes del Frente de Izquierda – Unidad, Nadia Burgos y Sofia Cáceres Sforza, denunciaron la media sanción en Diputados a las modificaciones de la Ley de Alquileres. Sofía Cáceres Sforza, expresó: “Se evidenció cómo la mayoría de los diputados y diputadas, representan al lobby de los grandes propietarios e inmobiliarias, solo basta con mirar sus declaraciones juradas y contar la cantidad de propiedades en alquiler que tienen. Avalar con el voto como hizo Juntos por el cambio o por ausencia como hizo el PJ es una derogación de ‘hecho’ de la Ley de Alquileres, porque suprime lo más positivo de esa regulación, a pesar de que la propia Ley tiene limitaciones de origen".

 

"Todos ceden al chantaje de las inmobiliarias. Por ejemplo, desde la aprobación de la Ley de Alquileres nunca, desde el gobierno, aseguraron que se aplique y, ahora, ante las presiones se derriten. Hay que tomar otro camino, impuestos durísimos a la vivienda ociosa e incluso expropiación. Para esto vamos acompañar las acciones en todo el país de las organizaciones de inquilinos. Y en Capital hay que convocar al Senado, a todos los inquilinos, rodear ese antro y derrotar en la calle al lobby y la derecha”, amplió Cáceres Sforza.

Por su parte, Nadia Burgos, agregó: “Incluso cuando la Ley de Alquileres vigente es limitada, es prioridad en este contexto pararle la mano al lobby inmobiliario. Las modificaciones con contratos de 2 años, actualización de precios cada 4 meses y el índice que quieran los propietarios y el mercado, son un golpe a nuestros derechos".

"Hoy más que nunca los colectivos de inquilinos, los sindicatos, la izquierda: todos tenemos que movilizar y convocar al Senado cuando se trate este tema. Y partir de frenar a las inmobiliarias, discutir una nueva Ley de Alquiler Social, donde el Estado intervenga para asegurar el derecho de la parte más débil que son los inquilinos, fijar un valor de referencia proporcional al ingreso declarado del inquilino, asegurar garantías gratuitas, fijar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y si las grandes inmobiliarias no cumplen, declarar de utilidad social las viviendas sustraídas a la oferta y ponerlas en alquiler público. La vivienda es un derecho, no un negocio y la mano dura tiene que ser con los grandes propietarios”, finalizó.

 

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