El gobernador Rogelio Frigerio firmó esta semana, en las instalaciones de Miradortec, en Paraná, un memorando de entendimiento con la empresa tecnológica estadounidense Salesforce, y con ello convirtió a Entre Ríos en la primera provincia argentina en sellar un acuerdo de estas características con la compañía.
El documento, según el anuncio oficial, se estructura sobre tres pilares: la capacitación de ciudadanos y agentes públicos en inteligencia artificial, el acompañamiento en la digitalización de pymes y emprendedores locales, y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar los procesos internos y los servicios del Estado provincial. El gobierno de Estados Unidos es el principal cliente de Salesforce, con contratos federales que representan miles de millones de dólares anuales.
“Las personas van a poder acceder a una plataforma para capacitarse en inteligencia artificial. Y, además, las pymes de la provincia van a tener acceso a herramientas a las que hoy solo acceden grandes empresas”, celebró el gobernador Rogelio Frigerio tras la rúbrica. El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, aseguró que la elección de la provincia por parte de la firma “demuestra que estamos haciendo las cosas bien”. Del acto participaron también el director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina, Alejandro Anderlic; el gerente de Asuntos Gubernamentales para el Cono Sur, Marcelo Guajardo; el vicepresidente regional para el Sector Público, Sebastián Maffeo; y el director de Miradortec, Carlos Pallotti.
Salesforce fue fundada en 1999 en San Francisco, Estados Unidos, por Marc Benioff, un ex ejecutivo de Oracle que a los 35 años decidió apostar por una idea entonces revolucionaria: vender software de gestión empresarial como un servicio por internet, sin instalaciones locales ni licencias perpetuas. Su lema fundacional, “el fin del software”, anticipó lo que hoy se conoce como computación en la nube. Un cuarto de siglo después, la compañía es el líder mundial en software de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés), factura cerca de 38.000 millones de dólares anuales, emplea a más de 70.000 personas y su torre corporativa es el edificio más alto de San Francisco. En el camino compró empresas emblemáticas: la plataforma de integración MuleSoft en 2018, la firma de visualización de datos Tableau en 2019 por unos 15.700 millones de dólares y la aplicación de mensajería corporativa Slack en 2021, en una operación cercana a los 27.700 millones de dólares, una de las mayores de la historia del software. Benioff, además, es dueño a título personal de la revista Time desde 2018 y construyó durante años una imagen de empresario progresista y filántropo, con donaciones millonarias a hospitales y escuelas públicas de San Francisco.
La apuesta actual de la compañía es la inteligencia artificial “agéntica”: su plataforma Agentforce, que promete agentes autónomos capaces de ejecutar tareas completas sin intervención humana. Es precisamente esa tecnología la que el memorando entrerriano menciona cuando habla de explorar “la utilización de inteligencia artificial y agentes autónomos” para agilizar los trámites públicos. La transición no fue indolora puertas adentro: en 2023 Salesforce despidió a cerca del diez por ciento de su plantilla, unos ocho mil trabajadores, y en 2025 el propio Benioff reconoció públicamente que la inteligencia artificial ya realizaba una porción sustancial del trabajo interno de la empresa, mientras se recortaban miles de puestos en las áreas de soporte al cliente. El vendedor de la herramienta que promete modernizar los Estados es, al mismo tiempo, un caso testigo de su impacto sobre el empleo.
El otro dato estructural es el peso del negocio estatal en las cuentas de la compañía. El gobierno de Estados Unidos es el principal cliente de Salesforce, con contratos federales que representan miles de millones de dólares anuales. En 2025, la empresa firmó con la General Services Administration norteamericana, bajo la iniciativa OneGov del gobierno de Donald Trump, un acuerdo que ofreció a todas las agencias federales descuentos temporales de hasta el noventa por ciento en su plataforma Slack. La lógica comercial de ese esquema merece atención: precios de entrada muy bajos y por tiempo limitado, que facilitan la adopción masiva de la tecnología y generan luego una dependencia difícil de revertir cuando llega el momento de renovar a tarifa plena. Es lo que en la industria se conoce como “vendor lock-in”, el encadenamiento del cliente a un proveedor. Cualquier Estado que incorpore plataformas de este tipo -también uno provincial- debería tener presente ese antecedente.
El desembarco en Entre Ríos tampoco es un hecho aislado, sino el tercer escalón de una estrategia argentina cuidadosamente construida. En el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2025, Salesforce anunció un plan de inversión de 500 millones de dólares en el país para los siguientes cinco años. En 2025 lanzó junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el programa “Desarrollador y Administrador Salesforce del Futuro | Talento Tech”, que capacitó a mil personas en competencias digitales, un formato que combina responsabilidad social con la formación de una fuerza laboral entrenada específicamente en sus productos. Y en marzo de 2026, en el marco de la “Argentina Week” celebrada en Nueva York junto a la comitiva presidencial de Javier Milei, la compañía firmó un memorando de entendimiento con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, con objetivos casi calcados a los del acuerdo entrerriano: adopción de inteligencia artificial y agentes autónomos en procesos del Estado, digitalización de pymes y capacitación en habilidades digitales a través de Trailhead, su plataforma de aprendizaje en línea. El propio Anderlic explicó en Paraná que el convenio con Entre Ríos se enmarca en la estrategia de la empresa para avanzar con gobiernos provinciales. Traducido: habrá más provincias, y Entre Ríos funcionó como vidriera inaugural.
La compañía registra antecedentes y controversias que un Estado contratante no debería ignorar. En México, la revista Proceso documentó en 2024 que los productos de Salesforce se comercializan con la administración pública a través de un intermediario local, la firma Cloudco S.A. de C.V., que obtuvo contratos del fideicomiso estatal de vivienda FONHAPO mediante adjudicaciones directas, sin concurso ni licitación, en 2018 y 2020. El esquema -la multinacional que vende al Estado por vía de revendedores locales y sin competencia- es el precedente regional más pertinente para lo que pueda ocurrir en Entre Ríos.
En Estados Unidos, en tanto, la controversia más resonante es de orden político y ético. En octubre de 2025, el diario The New York Times reveló documentos internos según los cuales Benioff ofreció la tecnología de inteligencia artificial de Salesforce para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a contratar aceleradamente diez mil nuevos agentes, en plena escalada de redadas migratorias del gobierno de Trump. Otros documentos incluían una planilla interna con “oportunidades” de contratos con esa agencia y una presentación sobre el uso de inteligencia artificial para analizar denuncias de una línea telefónica de informantes. La revelación provocó un terremoto: Ron Conway, histórico inversor de Silicon Valley e integrante del directorio de la fundación filantrópica de la empresa, renunció alegando que sus valores ya no coincidían con los de Benioff, quien por esos mismos días había respaldado el envío de la Guardia Nacional a San Francisco, una posición de la que luego se retractó con disculpas públicas. En febrero de 2026, más de 1.400 empleados de Salesforce firmaron una carta exigiendo al fundador que abandonara cualquier negocio con la agencia migratoria. El episodio ilustra algo que excede la política estadounidense: la disposición de la compañía a poner sus herramientas de inteligencia artificial al servicio de cualquier operación estatal que represente negocio, y la sensibilidad de los datos que esas herramientas procesan.
Cabe acotar que lo firmado por el gobierno entrerriano no es un contrato sino un memorando de entendimiento, un instrumento de cooperación que -según lo anunciado- no compromete erogaciones del Estado provincial. Ninguna de las comunicaciones oficiales menciona montos, expedientes ni procesos competitivos. Pero esa es, precisamente, la letra chica que merece seguimiento. Si el Estado entrerriano avanza luego en la incorporación efectiva de plataformas de Salesforce -licencias, nubes, agentes de inteligencia artificial para tramitaciones- esa contratación posterior será onerosa y deberá someterse al régimen de contrataciones públicas de la provincia. La pregunta es si se hará mediante licitación pública abierta, donde puedan competir Microsoft, Google, Oracle, SAP y otros proveedores de soluciones equivalentes para el sector público, o si el memorando funcionará como antesala de una contratación directa con un proveedor ya elegido de antemano, sin competencia, como ocurrió en el caso mexicano. También resta conocer el texto completo del documento firmado, el acto administrativo que lo aprueba, los compromisos que asume la provincia en materia de datos personales de los entrerrianos que interactúen con los futuros sistemas, el plazo de vigencia, el rol que cumplirá Miradortec como articulador local y quién será el implementador o revendedor de los productos en territorio provincial, porque Salesforce opera habitualmente a través de socios comerciales, y es en esa intermediación donde la experiencia regional enseña que suelen anidar los negocios menos transparentes.
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