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OPINIÓN

La Municipalidad de Gualeguaychú se aleja de las buenas prácticas de la transparencia

Parecería que la gestión de Mauricio Davico se está convirtiendo en una experta en borrar con el codo lo que se anuncia con “bombos y platillos” en los portales de comunicación.

 

Por NAHUEL MACIEL (*)

La Municipalidad de Gualeguaychú ha suspendido sin ofrecer fundamentos públicos, por qué ha dejado de publicar los decretos y resoluciones que se adoptan diariamente en su ámbito de gestión.

Se trata de una trasgresión grave a la ley, pero también una erosión inaceptable a la cultura republicana y una degradación a la confianza depositada por la comunidad.

En el enlace “Transparencia” (sic) de la página oficial de la Municipalidad se direcciona hacia el “Boletín” donde se registran con acceso público los decretos y resoluciones, listados de manera diaria.

Curiosamente, el último registro verificable hasta ayer data del 22 de enero, que da a conocer el decreto N° 94/24 y que está relacionado al Expediente 121/24 sobre el pago al proveedor Instituto Autárquico Provincial del Seguro.

Hay que detenerse en la Ley número 10.082, que es modificatoria de la Ley número 10.027 y que versa sobre el Régimen Municipal en Entre Ríos.

Allí se establecen disposiciones generales; competencia y atribuciones de los Municipios; los bienes y recursos Municipales; cómo deben realizarse los empréstitos y crédito público; también sobre el régimen electoral; los requisitos para el cargo; las inhabilidades, las incompatibilidades y acefalías; sobre el Concejo Deliberante y sobre el Departamento Ejecutivo, entre otros tópicos.

Particularmente interesa en el Capítulo sobre el Departamento Ejecutivo Municipal el artículo 108, inciso ll) que dice expresamente: “Deberá publicar en el boletín informativo municipal o página web oficial todos los dispositivos legales que dicte el Municipio. Cuando la norma refiera a cuestiones relacionadas con el área social, no será necesaria su publicación”. Y aclara “la publicación se realizará como mínimo una vez por mes, y será puesta a disposición de la población en forma gratuita en lugares públicos”.

Claramente del 22 de enero al 1° de marzo ya han pasado más de un mes y los decretos siguen sin aparecer, sin publicarse y sin que el ciudadano pueda acceder a ellos en forma gratuita “en lugares públicos”.

Llama la atención esta situación porque el 20 de febrero se publicitó que “Gualeguaychú se suma al Compromiso de Transparencia y Apertura Gubernamental”, una iniciativa de la Provincia que tiene como objetivo “fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura de datos en el ámbito gubernamental de toda la provincia”.

En el acto de la presentación de esta iniciativa, que fue presidida por el gobernador Rogelio Frigerio, el mandatario explicó que transparentar la información pública “es recuperar la confianza de la gente en la política, para que la política vuelva a ser lo que nosotros creemos: la principal herramienta de transformación social”.

Parecería que la gestión de Mauricio Davico se está convirtiendo en una experta en borrar con el codo lo que se anuncia con “bombos y platillos” en los portales de comunicación.

Se insiste, no publicar los decretos y publicaciones además de burlar la cultura republicana y democrática, es violatoria de la ley que establece el Régimen Municipal.

No es menor que la rendición de cuentas es una de las acciones que todo gobierno debería realizar para informar sobre su gestión y así mensurar o valorar sus propias prácticas democráticas. Por el momento, esas prácticas en Gualeguaychú son oscuras, atentan contra el derecho al acceso a la información (que a su vez es esencial para ejercer otros derechos ciudadanos, como –por ejemplo- el derecho a elegir).

En diciembre pasado se celebraron los 40 años de democracia en todo el país. No hubo localidad que no tuviera reales motivos de celebración. Pero, a la luz de lo que acontece en Gualeguaychú, está claro que aún se corren riesgos de padecer graves falencias vinculadas en la conducta del gobierno de turno y sus relaciones con la ciudadanía.

Si bien siempre existen crisis en el campo político-institucional y económico-social, la ausencia de la publicación de los decretos y resoluciones expone la debilidad institucional de una gestión de gobierno en términos democráticos y republicanos.

Esto ocurre porque el gobierno sabe que la ciudadanía carece de medios eficaces para exigirles que rindan cuenta de sus acciones.

Así, se puede concluir que el no publicar los decretos y resoluciones tal como lo establece el inciso ll) del artículo 108 de la Ley 10.082 (modificatoria de la 10.027), es abusar de esa carencia ciudadana para defenderse y simultáneamente violentar posibles derechos ciudadanos.

 

(*) Este artículo de Opinión fue publicado originalmente en el diario El Argentino.

 

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