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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en una causa de apremios ilegales

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como querellante en la causa iniciada a raíz de la denuncia promovida por un joven paranaense que dijo haber sido secuestrado y torturado por efectivos de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos.

 

Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA POLÍTICA

 

La presentación se formalizó hace unos días, con la firma de Horacio Pietragalla y Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, según confirmaron fuentes oficiales.

El hecho, como consignó Página Judicial, habría ocurrido el 1 de junio, cuando policías de la División Robos y Hurtos irrumpieron violentamente en una casa del barrio El Sol de Paraná y se llevaron a Jonathan Exequiel Framulari. De acuerdo con la denuncia, al joven lo sacaron de la cama en calzoncillos y medias, lo llevaron a un descampado donde varios efectivos lo golpearon salvajemente en la cara y en el cuerpo, lo colgaron de un árbol con una soga alrededor del cuello, hundieron su cabeza en una laguna y a punto estuvieron de empalarlo. Luego lo trasladaron al Hospital San Martín, donde permaneció dos días internado, y le armaron una causa por portación de armas.

La pareja del joven registró con su celular que el muchacho tenía la cara desfigurada de golpes, le faltaban dientes, tenía las piernas quemadas con agua caliente, una marca en el cuello, signos de haber de ataduras en las manos, un chichón en la nuca, golpes en el cuerpo, en las piernas y en la espalda. Y aportó esas imágenes en su denuncia.

El muchacho se lo contó a las defensoras públicas Antonella Manfredi y Mariana Montefiori, y luego lo hizo ante el fiscal Eric Zenclusen, de la Unidad de Atención Primaria, que tiene a su cargo la investigación.

El legajo se ha movido con las complejidades que implica investigar a la Policía. En principio, se dispusieron medidas de protección para el joven, su pareja y el hijo de ella, aunque Framulari asegura haber recibido acciones intimidatorias. Hubo también operaciones de prensa motorizadas por sectores de la fuerza.

También el Ministerio de Gobierno y Justicia abrió una investigación interna y lo mismo hizo la Policía de Entre Ríos, a través de la División Asuntos Internos.

Si bien no se han formalizado imputaciones, el juez de garantías Ricardo Bonazzola dictó una prohibición de acercamiento y la realización de actos molestos, violentos, intimidatorios y perjudiciales hacia los denunciantes contra los policías Carlos Schmunk, Franco Spessot, Ángel Palacios y Juan Francisco Altamirano, de la División Robos y Hurtos; y del médico policial Lautaro Martínez.

En el escrito presentado por Pietragalla se consignó que dentro de las acciones del organismo está la posibilidad de “ejercer, en aquellos casos donde se encontraren configuradas graves violaciones de los derechos humanos (…) y en las que se refieran a hechos violatorios de los derechos humanos que produjeran conmoción y/o alarma social, el patrocinio, querella, particular damnificado, veedor, amicus curiae y/o cualquier otra participación procesal que corresponda, según las normas de forma del organismo jurisdiccional competente”.

En ese marco, el interés de la Secretaría de Derechos Humanos en este caso “está dirigido a velar por las responsabilidades del Estado Nacional ante la comunidad internacional en la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, interés que no se encuentra representado por el Ministerio Público Fiscal”.

Tres horas de terror

Framulari denunció que el 1 de junio pasado, alrededor de las once de la noche, policías de la División Robos y Hurtos –a quienes identificó por las camperas– ingresaron violentamente y sin orden judicial a su casa, donde se encontraba con su pareja y el hijo de ella, los agredieron verbal y físicamente y se lo llevaron por la fuerza.

El muchacho de 31 años, que hacía unas semanas había salido de prisión, dijo que lo cargaron en una camioneta y lo trasladaron hasta un descampado en cercanías del río; la zona era oscura y se alumbraban con las luces de los vehículos policiales.

En ese lugar, de acuerdo con su denuncia, lo bajaron arrastrándolo y le colocaron un chaleco para golpearlo con piedras que se encontraban en el lugar, mientras lo tenían colgado de una soga a un árbol. En un momento le tiraron agua caliente y luego le sumergieron la cabeza en el agua del río en varias oportunidades, en una práctica conocida como submarino, para luego tirarlo al agua.

Entre los policías reconoció al jefe de la División Robos y Hurtos.

Según dijo, en un momento también le tiraron agua caliente y le sumergieron la cabeza en el agua del río en varias oportunidades para luego tirarlo al agua. Entonces se desmayó, por el pánico que le generó la tortura que estaba sufriendo, y reaccionó ante las prácticas de RCP que le hicieron los mismos policías.

De acuerdo con su testimonio, los policías continuaron torturándolo; le sacaron la ropa, dejándolo completamente desnudo, luego lo colocaron boca abajo y amenazaron con colocarle un palo en el ano para “reanimarlo”.

Luego lo llevaron a la Dirección de Investigaciones, donde intentaron darle un arma para que la toque. Ante su negativa, siguieron golpeándolo. Sin embargo, en ese mismo lugar, le mostraron un papel donde hicieron constar que le habían secuestrado un arma de fuego de sus pertenencias. El muchacho se negó a firmarlo.

Finalmente, dos efectivos lo trasladaron a la Escuela de Policía para que lo viera un médico, pero el profesional se habría negado a asentar en el registro las evidencias de la golpiza. El ingreso al Hospital San Martín quedó registrado a las 2.05 de la madrugada. Ahí lo encontró su pareja, seis horas más tarde y después de haber deambulado toda la noche por distintas dependencias.

 

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