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Ley de humedales: un error extraordinario

Como estaba anunciado, el gobierno nacional decidió la extensión de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 11 de diciembre y convocar a sesiones extraordinarias para tratar un listado de 25 proyectos de ley, entre los cuales no se encuentra la ley de humedales.

A pocos días de haberse llevado adelante movilizaciones simultáneas en todo el Litoral argentino en favor del urgente tratamiento de la ley de humedales y a solo una semana de obtener dictamen favorable de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, el gobierno nacional decidió excluir el proyecto de la agenda de prioridades.

El decreto 964/2020, firmado por el presidente Alberto Fernández y e jefe de gabinete Santiago Cafiero, extiende las sesiones y convoca a extraordinarias para tratar diferentes proyectos que incluyen la interrupción voluntaria del embarazo, el plan de 1000 días para mujeres gestantes y primera infancia, el etiquetado frontal de alimentos envasados, el impuesto a la riqueza y la iniciativa para otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los y las familiares de los y las tripulantes del Submarino ARA San Juan, entre otros.

Desde los movimientos socioambientales de todo el país que habían participado con sus aportes en las diferentes comisiones que trataron el proyecto de ley de humedales, se aguardaba que el tratamiento continuara en el período de extraordinarias.

Una ves más los humedales deberán esperar, después de un año de sequia e incendios, de terraplenes ilegales y sobreexplotación, de negocios inmobiliarios y barrios náuticos, nuestros bienes comunes, esos que nos brindan innumerables servicios ecosistémicos para que podamos seguir viviendo, van a tener que esperar.

Pero si se va a tratar el proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario que pretende destinar una cuarta parte de lo recaudado para continuar financiando el extractivismo mediante el uso del fracking.

La demanda social y en especial de las juventudes para que se haga un buen uso y se protejan nuestros bienes comunes es evidente y necesita una urgente respuesta desde las autoridades, tanto provinciales como nacionales, necesita de una decisión política que este a la altura de las necesidades de nuestro tiempo y no seguir perpetuando un sistema de continuo extractivismo de los recursos para beneficio de unos pocos y en detrimento de todos los demás.

 

 

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