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La fiscal Patricia Yedro y el fiscal Gonzalo Badano.

Los fiscales insisten en imputar a Urribarri

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano llevan adelante la investigación por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y tienen como principales imputados al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Cardona Herreros.

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El fiscal Gonzalo Badano debió leer nuevamente la imputación al ex gobernador Sergio Urribarri. La audiencia extensísima tropezó con los recurrentes cuestionamientos de los defensores del actual embajador de Israel, quienes aseguraron no saber cuál era la imputación concreta ni de qué tiene que defenderse Urribarri.

Según la crónica de Análisis Digital, la discusión entre representantes del Ministerio Público Fiscal y defensores -mediada por el juez de Garantías Mauricio Mayer-, avanzó cuando se decidió releer la acusación formal al Urribarri, pese a que ya hubo una audiencia de imputación y ya se tomaron las indagatorias.

Cabe señalar que los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano llevan adelante la investigación por supuestas Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -y tiene como principal imputado al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Cardona Herreros-.

La audiencia se pidió en el marco de esta causa. Cuando inició el ex gobernador pidió vía meet desde Israel su sobreseimiento. Después los defensores Raúl Barrandeguy y candelario Pérez alegaron que la apertura de causa se modificó en distintas oportunidades. Los fiscales señalaron que hubo una sola modificación de la apertura de causa, que se informó debidamente y se indagó a los imputados. Sí sostuvieron que se añadieron detalles a la imputación inicial pero eso no modificó el factum de la imputación. “Cuando contamos con más información y más relevante, se precisaron maniobras y rol de cada persona. No se trató de cambiar los hechos de imputación o imputar hechos diferentes a la apertura inicial, sino que se especificaron”, explicó Yedro.

El entredicho llevó a que el fiscal Gonzalo Badano vuelva a leer la imputación completa. El juez evitó renovar la indagatoria al ex gobernador, dado que esa instancia ocurrió en su momento.

Se contó entonces que los sobreprecios de las contrataciones a Cardona Herreros se pactaron en “un 25 por ciento por encima del valor de licitación, más una suma fija adicional de 200 mil pesos por cada etapa finalizada”, entre otros detalles de la imputación.

Badano recordó cuál es la prueba colectada en el marco de la investigación. “En buenos Aires se secuestraron computadoras donde encontramos correos electrónicos y archivos vinculados a esta investigación. Todo se puso a disposición de la defensa en su momento y después fue agregado como prueba a la causa. Todo fue notificado a las partes y no se registró ninguna oposición. La defensa retiró pericia en mayo de 2019. Posteriormente la defensa dijo que no podía identificar los correos y se pasaron todos los datos a defensores. Vimos todos los correos. Nos preguntaron qué programas podían utilizar, nos dijeron que tenían dificultades. Le dijimos a los defensores que vengan a Fiscalía que le íbamos a explicar cómo acceder a los correos electrónicos. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo escritos de los defensores diciendo que le estamos ocultando la información porque no les copiamos los mails, le explicamos cómo entrar y que no es sencillo para nosotros copiar todo el volumen de mails. De ninguna manera existió traba desde Fiscalía para accedan a la información. Pusimos a disposición herramientas”, marcó Badano.

“Estamos trabajando en la remisión a juicio. Pero no podemos decir que la investigación está completa o cerrada. Seguimos agregando material”, señaló.

Pedido de sobreseimiento

El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que “ya no resulta posible sostener ese pedido de sobreseimiento, con el nivel de precisiones que damos”. “Hay un informe que está realizando la contadora del MPF en relación a las entregas de dinero a los funcionarios políticos. Como se trata de una causa de corrupción, no vamos a encontrar testigos presenciales sino que los hechos son en base a documental y prueba indiciaria. Eso llevamos adelante”, manifestó Badano.

Después leyó en detalle varios correos cruzados entre funcionarios públicos de la provincia de Entre Ríos con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros y el propio Urribarri.

“Hubo una mesa de negociación conformada por funcionarios de Gobierno y empresa. Cada uno tenía una tarea y eso se va dilucidando a través de la lectura de mails. Hay que analizar la prueba en su integralidad. Después hay otras discusiones que deberán darse en juicio, si la prueba alcanza, si los delitos están o no tipificados”, manifestó Badano.

En cuanto al carácter de funcionario público que Urribarri cuestionó, Badano respondió que nunca dejó de serlo. “Estaba fijado un calendario electoral, por lo cual como ministro se le concedió licencia”, puntualizó el fiscal.  “Estamos ante hechos que son las calificaciones que se dieron. Vimos las negociaciones, las discusiones de dinero y demás”.

Por su parte, Patricia Yedro contestó a la violación del plazo razonable. “Estamos terminando la investigación, el plazo razonable no está regulado, pero sabemos cuáles son las pautas fijadas por la Corte Interamericana que tienen que ver con la actividad. Esto de hoy someramente busca demostrar la copiosa evidencia que tenemos. Llama la atención los ataques. Siempre hemos tenido buena predisposición. Otra de las cuestiones fue que todos los actos fueron aprobados por organismos de control. Pretender que el Poder Judicial no revise la administración de Gobierno es insostenible. Además en la provincia y la ciudad de Paraná los Tribunales ya se han pronunciado por esto”.

 

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