El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En una de las movilizaciones más convocantes de los últimos años para un 3 de junio, mujeres y diversidades se concentraron en la Plaza Ramírez para repudiar el ajuste estatal en materia de género y el abandono de un sistema judicial que desprotege a las víctimas de violencia machista.
Texto, videos y fotos: CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES
Agostina Vega tenía solo 14 años cuando fue asesinada en Córdoba el pasado 23 de mayo, la misma edad de Chiara Paez cuando fue hallada enterrada en el patio de la casa de su novio en 2015. Once años pasaron desde ese femicidio que encendió la mecha para que cada 3 de junio se convierta en una jornada de lucha contra la violencia machista y que en este 2026 ya lleva contabilizadas más de 80 víctimas fatales. Durante los mismos días que Agostina permanecía desaparecida (su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo), en Misiones, Dulce María Beatriz Candia de 17 años fue encontrada asesinada en una construcción abandonada luego de casi dos semanas de desaparición.
Ambos casos representan la extrema violencia y vulnerabilidad en la que se encuentran expuestas las mujeres, en especial niñas y jóvenes: durante más de una década desde el primer Ni Una Menos, el 22% de las víctimas menores de 17 años habían desaparecido antes de confirmarse su femicidio y el 19% sufrió ataques contra su integridad sexual, de acuerdo al observatorio Ahora que sí nos ven.
Pero mientras el gobierno nacional niega la violencia de género y el sistema judicial no brinda protección real hacia las víctimas que se animan a denunciar, en las calles de todo el país se volvió a demostrar que los feminismos continúan organizados y que no existen suficientes pueblos para pasarse cuando se trata de femicidios y travesticidios. En Concepción del Uruguay, cientos de mujeres y diversidades se concentraron en Plaza Ramírez en una de las movilizaciones más convocantes de los últimos años para esta fecha.
“Marchamos en silencio porque estamos de luto”, se anunció cuando la marcha estaba por comenzar por calle 9 de Julio, encabezada por un grupo de mujeres que emulaban a las criadas de El cuento de la criada, la distopía escrita por la novelista Margaret Atwood que narra un futuro donde las mujeres son reducidas a la total esclavitud.
Durante la lectura del documento para este año –el cual contó con la adhesión de diversas organizaciones políticas, sindicatos, colectivos culturales, agrupaciones e instituciones– se expresó: “No nos enfrentamos sólo a los femicidas de uniforme o de barrio; nos enfrentamos a un gobierno que ha decidido que nuestras vidas son un gasto público prescindible. El gobierno de Javier Milei no solo desmanteló los ministerios, los programas de prevención y las líneas de asistencia; también legitima el odio desde el atril del poder. Cuando cierran los espacios de acompañamiento, cuando licúan los salarios, cuando precarizan nuestras vidas y hambrean a los comedores populares que sostienen las compañeras en los barrios, están ejerciendo violencia institucional y económica”.
Estado ausente
El retroceso estatal en materia de género continúa vaciando cualquier tipo de política pública para mujeres y diversidades, incumpliendo de forma sistemática la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Asimismo, desde el gobierno nacional se busca impulsar un proyecto para elevar las penas por “denuncias falsas”, con agravantes específicos para casos de violencia de género, integridad sexual y delitos contra menores.
Sin embargo, de acuerdo a un informe del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de las 8,2 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. Asimismo, existe otro dato que es clave: el 77% de las mujeres y diversidades que sufrieron violencia de género nunca denunció.
“El daño está hecho: sembraron el miedo. Miedo a hablar, miedo a denunciar, miedo a que te persigan por animarte a contar lo que te hicieron. Nosotras seguimos encerradas y ellos caminan libres e impunes por la calle. No podemos vivir con un botón antipánico que activa una policía que llega tarde. No podemos esperar tres meses para que el equipo técnico nos entreviste. No podemos andar deambulando de juzgado en juzgado para que cada uno tenga la misma información que ya le dimos al anterior. Exigimos un cruce de datos real entre la justicia penal y la de familia, porque la que sobrevive no tiene que ser la que arme el rompecabezas. El sistema judicial solo quiere cerrar causas. Está muy lejos de la calle y no da soluciones reales. Exigimos que quien denuncia pueda recuperar el control de su propia vida y sin miedo”, señalaron en el documento.
A esto se suma un fuerte desfinanciamiento en materia de salud sexual, en especial para el acceso a la IVE/ILE. Datos recabados por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Red de Acceso al Aborto Seguro, dieron cuenta que en 2024, el Estado protegía a más de 1,2 millones de mujeres con métodos anticonceptivos, una cifra que pasa a 63 mil proyectadas para 2026. De esta manera, se estima que esto podría implicar 840 mil mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales.
En ese sentido, una de las principales demandas fue la real implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), una herramienta fundamental para la protección de niñas, niños y adolescente: “Las y les docentes están solos y solas frente a situaciones que los desbordan, sin formación, sin herramientas, construyendo redes y sosteniendo con nuestros cuerpos y militancias lo que es deber del Estado. Y del otro lado están les chiques, atravesando una crisis económica que dejó a las familias corriendo de un trabajo al otro, sin adultos disponibles para acompañar, para escuchar, para estar. La escuela quedó sola también. No puede ser que la única ley que tenemos para hablar de cuerpos, de vínculos y de derechos sea papel mojado desfinanciado. Exigimos formación docente real que no les cueste el salario, recursos concretos y acompañamiento institucional”.
La contundencia del grito de Ni Una Menos es la respuesta al abandono estatal, pero también un recordatorio de que las históricas redes feministas se siguen sosteniendo. En tiempos de desmantelamiento y discursos de odio –donde también circulan falsas narrativas que buscan instalar la idea de que los feminismos “no tienen agenda”– Concepción del Uruguay volvió a movilizarse, demostrando que la organización colectiva sigue intacta, incluso en tiempos donde parece que las conversaciones son canceladas ante tanta crueldad.
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