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Tribunal de Juicios y Apelaciones integrado por el vocal José María Chemez, la vocal Carolina Castagno y el vocal Elvio Garzón.

Megajuicio a Urribarri: declararon sobre las contrataciones de publicidades

Una empleada administrativa del ex Ministerio de Cultura y Comunicación describió el procedimiento de asignación de publicidad en la vía pública durante la gestión de Sergio Urribarri. Entre dudas y tropiezos, terminó por admitir que había certificaciones idénticas presentadas por distintas empresas para distintas contrataciones. A pregunta de los defensores aseguró que las empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador, no le pertenecen.

 

Informe: Página Judicial

El día de Florencia Della Ghelfa, este lunes 18 de octubre- no fue como uno más en la oficina, trastabilló, tartamudeó y transpiró bastante a la hora de responder las preguntas en el juicio a Sergio Urribarri y compañía en el que se acumulan cinco causas por contrataciones irregulares de publicidad para beneficiar a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador.

Della Ghelfa es empleada administrativa de la Secretaría de Comunicación, que antes fue Ministerio de Cultura y Comunicación y antes funcionaba como Dirección General de Información Pública de la provincia.

Su función, según dijo, era la de confeccionar los expedientes para la asignación de publicidad en los medios de comunicación y la confección de campañas en la vía pública y en las rutas entrerrianas.

Ese es precisamente el área que está bajo la lupa en este juicio por el direccionamiento que se hizo entre 2010 y 2015, según estableció la fiscalía, hacia empresas que se le atribuyen a Aguilera, a través de un sistema de cartelización de la publicidad oficial.

El mecanismo que explicó en su declaración no parece arrojar sospechas: una empresa presenta una propuesta, se confecciona una carpeta con los datos, la inscripción en el registro de medios, constancias de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); el expediente pasaba, y todavía es así, por las áreas contables y jurídicas y se emite una orden de publicidad con las condiciones que debe cumplir la empresa (fecha de publicación, espacio y en qué consistía).

La cuenta se paga luego de que la empresa o medio de comunicación presenta una certificación de que ha cumplido con la emisión de esa publicidad, a través de una foto del cartel en la ruta donde debía hacerlo, una impresión de la página del diario o un registro de audio o fílmico.

No existe el expediente digital, prácticamente, y para cada paso existe una oficina que verifica y en última instancia se aprobaba con la firma del ministro Pedro Báez. Así lo explicó Della Ghelfa, aunque con algunos tropiezos, durante casi cuatro horas.

Los fiscales le hicieron notar que en varias certificaciones presentadas por Montañana Publicidad, Bustamante, Publicitar y Formato Urbano, que es el nombre de fantasía de TEP SRL, se observaba la misma fotografía para refrendar distintas campañas en rutas entrerrianas. Allí estuvo puesta la lupa de los acusadores.

Della Ghelfa señaló que su función era constatar “que estuvieran las imágenes, no se hacía un control específico”, y en el caso de los carteles en la vía pública “nos fijábamos que estuviera la imagen de la publicidad se había contratado”, pero no se verificaba si las fotografías se repetían mes a mes. El encargado de hacer esa constatación in situ era Gustavo Tamay, ex funcionario e imputado en la causa.

Por su trabajo, dijo, tenía trato frecuente con los referentes de las empresas de publicidad. Lo llamativo fue que admitió que la referente de TEP SRL, Next SRL –que se le atribuyen a Aguilera–, Montañana Publicidad, Publicidad Bustamante y otras era Corina Cargnel, contadora de las primeras e imputada en la causa.

Lo que no pudo explicar claramente es cuál era su vinculación con TEP SRL, ya que una planilla contable secuestrada en la empresa le asignaba una retribución por tareas que, presuntamente, realizaba.

“Ayudaba a (Maximiliano) Sena, y no era todos los meses, sino que me pagaban por emprolijarle las presentaciones y ayudarle con la documentación que debía entregar en el Iafas”, intentó aclarar.

“No sé si tomarlo como trabajo, para mí no lo era porque no tenía espacio físico en ningún lugar, no cumplía horario ni nada, era una cuestión de ayuda, no lo tomaba como un trabajo. No lo tomaría como que era parte de la empresa TEP”, agregó.

Del análisis de los correos electrónicos recuperados de la cuenta de Corina Cargnel surge que ella enviaba las facturas, órdenes de publicidad, fotografías y documentación para incorporar a los expedientes y Della Ghelfa “revelaba” fotografías y las adjuntaba (“no, en realidad, lo que hacía era ayudar cuando las fotos no estaban bien; ella mandaba las fotos por mail y me preguntaba si alguna de esas podía llegar a servir para la certificación”, ensayó como explicación).

En ocasiones, incluso, iba a la empresa a buscar ella misma la documentación (“paso en un rajecito por la agencia”, le dijo en una ocasión a la contadora).

También le preguntaron por el cuñado de Urribarri. “No tengo vínculo con Aguilera”, aseguró. ¿Por qué recibía correos de la contadora Cargnel vinculados al giro comercial de las empresas de publicidad que también estaban dirigidos a Aguilera? No lo sabía. También dijo desconocer o no recordar situaciones, nombres o intercambios de mensajes de WhatsApp que hablan de “Juan Pablo” o un tal “Ale” (¿Alejandro Almada?). No sabía a quién se referían.

Sin embargo, fue contundente cuando los defensores le preguntaron si era Aguilera dueño de TEP SRL y Next SRL: “No”. Dijo que los dueños eran Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, respectivamente. Dijo además que “Aguilera nunca le instó la realización de ningún trámite para él ni para otras personas que lo hayan nombrado” y “Urribarri ni Báez se interesaron nunca para agilizar un expediente”.

Contratos truchos

También declararon dos personas cuyo testimonio se engarza con otra causa de repercusión pública: la que investiga las contrataciones irregulares en la Legislatura, conocida como contratos truchos.

Luis Eduardo Fernández dijo ser hijo del ex subcomisario Héctor Luis Almada y hermano de Alejandro y Luciana Almada. Su revelación, aunque solo para la opinión pública, causó cierta sorpresa en la sala. Pero más sorprendente fue que el hombre apareciera vinculado a la causa de los contratos truchos más que al direccionamiento de campañas publicitarias a favor de las empresas que se le atribuyen a Aguilera.

Fernández es policía, trabajó en la custodia de Casa de Gobierno y paralelamente lo hacía en la librería Alfa, de Luciana Almada. Pero lo hacía sin estar registrado y recibía el pago en efectivo, de manos de Alejandro Almada.

Donde sí estaba contratado era en la Cámara de Senadores. Así surge de una factura que se encontró en el allanamiento realizado en la casa de Aguilera y Almada. Fernández, sin embargo, dijo que nunca trabajó en el Senado, que tampoco había confeccionado la factura ni reconoció como propia la firma que había en ella.

La escena se repitió cuando declaró Julio Alberto Alegre, un herrero oriundo de General Campos y amigo de la infancia de Giacopuzzi. El hombre dijo haber sido empleado registrado en TEP SRL y que el dueño de la empresa era Giacopuzzi. Pero también tenía un contrato en la Cámara de Diputados y otra vez la causa de los contratos truchos se coló en el juicio. Su contratante, según dijo, era el diputado Hugo Berthet: “No me exigía horarios, más que nada hacía trabajos referidos a la política y mandados para él”. Por eso recibía un cheque de 6.000 pesos, que luego le endosaba a Alejandro Almada, y “a veces cobraba menos o más que eso”. Dijo no recordar haber hecho la factura que le exhibieron, pero aseguró que no era su letra la que la había confeccionado. Berthet está citado a declarar el próximo jueves. Tal vez pueda echar luz sobre el asunto.

 

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