El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La pre candidata a legisladora de Entre Ríos, expresó que el plan de suspender la Ley actual es una decisión tomada por el Frente de Todos (FDT) que defiende los intereses “de los organismos de créditos y los acreedores privados de la deuda externa”.
Tras la decisión del gobierno nacional de suspender la Ley de Alquileres vigente y busca alternativas para reemplazarla, la referente del Movimiento Social de los Trabajadores expresó que el FDT “en este contexto de crisis económica y social no busca soluciones para los trabajadores, al contrario busca garantizar las ganancias de los sectores más concentrados”, remarcó a la agencia APF.
“Las inmobiliarias son uno de esos sectores y los trabajadores somos empujados cada vez más al alquiler obligatorio porque el acceso a la vivienda es escaso”, aseguró Burgos a esta agencia.
En cuanto a la falta de vivienda, expresó que “es urgente plantear medidas y soluciones que ataquen estructuralmente al problema”.
Ley de alquiler social
Este proyecto propuesto por el MST y el FIT-U contemplaría una garantía más un subsidio variable del Estado al inquilino, que funcionaría también como un reaseguro para el propietario en cuanto a la certeza del cobro del alquiler, más un fuerte impuesto a la vivienda ociosa, para terminar con las maniobras de las inmobiliarias obligándose a sumar más unidades de alquiler al mercado, así se podría lograr un abaratamiento de los alquileres.
A su vez, la precandidata a legisladora por la provincia agregó que “hay que avanzar en la puesta en marcha de un plan de obras públicas que garantice cuanto antes la construcción de viviendas para las mayorías trabajadoras y populares que hoy, en el capitalismo, tienen negado el derecho a la vivienda”.
El papel del FMI
“Para lo propuesto es obvio que hay que tocar intereses, entre ellos, el de los organismos de créditos y los acreedores privados de la deuda externa”, aseguró la referente de la izquierda entrerriana.
Burgos concluyó explicando que para ponerle fin a “ese saqueo ilegal e ilegítimo, y diciéndole no a un nuevo acuerdo con el FMI, se podría hacer realidad el derecho básico a la vivienda digna”.
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