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Por las cosechadoras pidieron explicaciones al Procurador General y al ministro Schunk

Este lunes el diputado socialista Lisandro Viale fue recibido por el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Jorge Amílcar García; en la reunión el legislador se interesó por la investigación en torno a la fábrica de cosechadoras de Concepción del Uruguay que recientemente fue declarada en quiebra. A la vez, Viale presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el Ministro de la Producción, Roberto Schunk, explique la situación en el recinto ante las novedades del caso, habida cuenta que en 2012 presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo provincial que aún no fue contestado.

Galpón de las cosetruchas de Senors- 3 de abril de 2014 017

La reunión fue solicitada por el legislador para tomar conocimiento, de primera mano, acerca del avance en la causa en torno a la quiebra de la empresa Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A. que recibió 5,5 millones de pesos del Estado para sostener lo que se suponía que sería una fábrica de cosechadoras.

 

Viale consultó a García acerca de la situación de los privados y los funcionarios públicos involucrados en el otorgamiento de los créditos por parte del Fondo de Inversiones de Entre Ríos y que tienen la firma del Ministro Schunk y del Gobernador Urribarri. “Si hubo un desfalco por parte de privados, indudablemente se tiene que investigar; pero si eso fue posible fue gracias a que hubo funcionarios públicos que lo facilitaron. La empresa recibió tramos del préstamo incluso luego de que se comprobara que había irregularidades”, recordó el socialista.

 

A la vez, Viale señaló que la Constitución entrerriana en su artículo 44 establece que "los funcionarios son individualmente responsables de los daños causados al Estado por cumplir irregularmente sus funciones", y a demás, el artículo  179 dice que " El gobernador y el vicegobernador, en su caso, y los ministros en los actos que legalicen con su firma o acuerdos en común, son solidariamente responsables, y pueden ser acusados ante el Senado", ante lo cual “podrían ser pasibles de Juicio Político por este hecho”.

 

SCHUNK AL RECINTO

Al mismo tiempo, el diputado Viale presentó un proyecto que tiene como objeto citar al Ministro de la Producción de la Provincia para que brinde explicaciones e informes a la Cámara, en torno a una serie de puntos relacionados a la cuestión de Grandes Máquinas.

Allí el socialista solicita que Schunk dé detalles sobre “los montos otorgados en concepto de créditos, préstamos y/o subsidios así como cualquier otro tipo de transferencia de recursos realizada en beneficio de las siguientes firmas: BSV Senor, Grupo Senor, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S.A., S Consulting, UPS Management y/o Business Hub, desde el año 2009 hasta la actualidad”. También solicita que explicite las razones para las cuales fueron otorgados dichos montos; el origen, objetivos y justificación de las solicitudes de apoyo financiero de la Provincia a las mencionadas firmas y cuáles fueron los requisitos solicitados a esas firmas para el otorgamiento; a demás de información sobre  los funcionarios que realizaron la recolección de datos en virtud de dichos requisitos y cualquier informe producido en ese sentido.

Entre las preguntas planteadas por Viale figuran, también, cuál fue la tasa de interés, plazos, y demás condiciones de los créditos otorgados, “qué organismo o dependencia llevó adelante los controles en relación con los incumplimientos de las consideraciones implicadas en las preguntas anteriores” y “cuál era el monto total de la inversión privada, y en base a qué se asegura en un comunicado del Ejecutivo que los 5,5 millones otorgados eran ‘una pequeña parte’ de ese total”.

Al momento de justificar su iniciativa, el legislador recordó que “se cumplen en estos días exactamente dos años desde que presentamos a esta Honorable Cámara un proyecto solicitando informes al Ejecutivo provincial en relación con lo que en ese momento había sido objeto de informes periodísticos en medios locales: el apoyo económico del Estado entrerriano a una empresa que generaba fundadas suspicacias sobre la seriedad de su actividad. Nuestro proyecto, con número de expediente 19.087 ingresó el 17 de abril de 2012, y tuvo tratamiento en la sexta sesión ordinaria del periodo, el día 25 de abril. Es decir, cuatro días antes de que un programa de TV de enorme repercusión, llevara el caso al centro de la escena pública nacional. Sin embargo, en este extenso lapso no hubo respuesta alguna de parte del Ejecutivo al pedido de información, una costumbre reiterada, que incumple la obligación básica que la Constitución le asigna de dar cuenta de sus acciones, no solo ante uno de los poderes de la República sino también ante la ciudadanía soberana”.

Y también expresó que “en aquel pedido de informes expresábamos que la realidad productiva de Entre Ríos amerita, sin dudarlo, una decidida acción estatal en apoyo al desarrollo industrial, en particular impulsando la acción de los pequeños y medianos emprendedores, en cumplimiento de los principios plasmados en nuestra Constitución Provincial, y por ello entendemos necesario que se desarrollen políticas activas tendientes a cumplimentar dichas metas. Pero los recursos que el Estado provincial destina deben ser orientados adecuadamente y de ningún modo debe recaer sobre ellos ningún tipo de sospecha de favorecer iniciativas cuestionables o poco transparentes”.

 

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