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Procesaron a los integrantes de la banda de los hermanos Celis

El juez Leandro Ríos dispuso el procesamiento y prisión preventiva para los integrantes de la banda desarticulada a raíz del secuestro de 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda.
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, decretó el procesamiento y prisión preventiva para los integrantes de la organización liderada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, dedicada a la venta de marihuana al menudeo en distintas localidades entrerrianas y que también aprovisionaba a otras pequeñas estructuras.

Los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis fueron procesados por el delito de organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, que ocurrieron entre marzo de 2016 y mayo de 2017. Otras diecinueve personas fueron procesadas como integrantes de la banda y por el delito de comercio de drogas; del mismo modo que la persona que oficiaba de nexo con los proveedores –presuntamente correntinos–; y los dueños del campo donde aterrizó la avioneta que transportaba los 317 kilos de marihuana incautados el 28 de mayo, cuando fue desarticulada la banda; mientras la curandera que asesoraba a los dueños del campo fue procesada como cómplice inductora del delito de comercio de estupefacientes, publicó El Diario.

Salvo dos personas, el resto fueron alojados en las cárceles de Paraná.

El magistrado, además, les trabó un embargo por la suma de 30.000 pesos para cada uno de los acusados de integrar la banda.

ROLES

La resolución destacó que “Daniel Andrés Celis y Miguel Ángel Celis –en forma conjunta y coordinada– organizaron las diferentes adquisiciones y remesas (aéreas, fluviales y terrestres) del estupefaciente marihuana, con el objetivo final de su distribución y venta a distintas sub¬organizaciones y a consumidores particulares”.

Como suele ocurrir en este tipo de organizaciones, la estructura estaba constituida por grupos familiares: también tenían roles dentro de la banda Eduardo Ramón Celis, el padre de Tavi y Titi; el hombre que los crió, Miguel Carmelo Leguizamón, su esposa, Miguela Valde; y María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Celis, respectivamente, entre otras personas.

En el esquema de la organización cada uno cumplía su rol: había guardadores de droga, almacenadotes, distribuidores, encargados de la distribución y venta sobre el stock y disponibilidad que tenía la banda, aquellos que se encargaban del transporte y distribución de la marihuana, quienes recaudaban lo producido; y también los encargados de buscar las mejores rutas para el transporte de los cargamentos.

DOMINIO TERRITORIAL
El juez destacó que durante la investigación “se han incorporado una serie de elementos probatorios que dan cuenta de una compleja maniobra de ingeniería política y financiera desarrollada por Daniel Tavi Celis, tendiente a acrecentar su dominio territorial en la zona oeste de la ciudad, edificando una estructura dentro del Estado municipal, utilizada para la adquisición, distribución y venta del tóxico”.

Esa “ingeniería” de la que habla consistió en “la celebración de diversos acuerdos políticos, entendidos como ‘pactos de confianza’ con el entonces candidato a intendente Sergio Fausto Varisco quien prometía un ‘gobierno de puertas abiertas’” y eso le permitió a Celis, según el magistrado, la incorporación de personas allegadas a la Unidad Municipal 2 de Paraná, y hasta “logró posicionar a Miguel Cebolla Leguizamón como director de dicha unidad municipal, cargo que es de carácter administrativo y que –de no ser por Celis– difícilmente podría haber accedido en el escalafón, dada su condición de analfabeto”.

En ese marco, el magistrado destacó la incorporación María Fernanda Orundes Ayala, pareja de Celis; Renzo Bertana, que es hijo de la mujer; María Laura Zurita, Hernán Rivero y el mencionado Leguizamón, todas personas que integraban la organización narcocriminal y que se desempeñaban en la Unidad Municipal 2 Oeste.

Incluso, expuso el juez que el propio Celis quería ser funcionario municipal.

“De esta manera, Celis transformó la administración pública en una administración a título propio, pues tuvo acceso irrestricto a los camiones municipales (en particular recolectores y volcadores sin GPS) para organizar el transporte y la distribución del estupefaciente de forma oculta y sin levantar sospechas en las fuerzas policiales, dada la apariencia de licitud que generan los mismos y la nocturnidad en la que operan”, resaltó el juez Ríos en el auto de procesamiento de los integrantes de la organización.

Testigo de identidad reservada

En su resolución, el juez Leandro Ríos expuso que un testigo de identidad reservada que declaró en la causa explicó que el acuerdo entre Celis y el entonces candidato a intendente Sergio Varisco habría sido pergeñado “a fines de 2013 o principio de 2014, que empezamos con las primeras reuniones”, mencionó que le garantizaría “fueron 40 contratos para la gente que trabajó en la campaña” y “que Sergio (Varisco) nos iba a dar unas obras públicas del municipio” a la empresa constructora que tenía Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Celis.

El hombre refirió que en otra reunión, de la que participaron el concejal Hernández, Varisco y Silva, entre otros, se habrían acordado “los 40 contratos y las designaciones de los cargos de la Unidad (Municipal) 2, fueron cinco direcciones, cinco subdirecciones, y diez jefaturas de departamento”, detalló.

El testigo de identidad reservada también habló de aportes que habría hecho Celis para actos proselitistas por 122.000 pesos; el alquiler de remises durante los días de elecciones por 270.000 pesos y la entrega de bolsones de comida por 450.000 pesos.

 

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