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POR EVASIONES

Rosario: embargaron a una empresa agroindustrial por más de 3.100 millones de dólares y autos de lujo

El grupo Olio pasó de ser uno de los grupos agroexportadores con mayor crecimiento durante los últimos años a el centro de embargos mayor de la historia: por más de 3.100 millones de dólares, acusados de no liquidar divisas en concepto de exportaciones entre mayo y septiembre de 2020.

El Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del magistrado Carlos Vera Barros, avaló el pedido del millonario embargo contra Díaz & Forti (la empresa agroexportadora del grupo empresario rosarino que es parte del Grupo de la familia Olio que es propietaria del Frigorífico Alberdi de Oro Verde), que hizo el Banco Central de la República Argentina (BCRA), porque “existiría el concreto peligro de insolvencia de los demandados”.

El diario La Nación consultó a fuentes de la firma, que admitieron que desconocían la resolución judicial, a la que tuvo acceso ese diario.

En base a la resolución del juez -firmada el 15 de junio de este año-, se confeccionó un listado de diversas propiedades y automóviles de lujo que se encontraban adquiridos por los principales accionistas de la empresa de cereales, la cual estaba operando bajo la modalidad denominada fason (prestación de servicios de producción) hasta fines del año anterior en dos plantas de Vicentín ubicadas en San Lorenzo y en Ricardone, en el Gran Rosario. Junto a la concesión del puerto de Barranqueras, cuyo contrato rescindió por la Provincia de Chaco, según confirmaron fuentes de la compañía.

El embargo solicitado por el BCRA y avalado por la Justicia Federal es en base a las sospechas sobre que esta firma, que no presentaba liquidación de divisas, puede terminar en quiebra, luego de que se presentaran en convocatoria de acreedores.

Los autos incautados son de alta gama y entre ellos están: dos Mercedes Benz, un Porsche Macan y un BMW. También camionetas, motos y campos, uno en Aarón Castellanos y otras tres propiedades en Firmat, todas en la provincia de Santa Fe

En el escrito el magistrado sostiene que: “Corresponde hacer lugar a las medidas solicitadas por el Banco Central de la República Argentina, por el monto máximo de una eventual sanción respecto al monto infraccional total (que en el caso asciende a U$D 312.194.609), por lo que de acuerdo con lo establecido en el art. 2 inc. A) de la ley penal cambiaria, las cautelares deberán ser ordenadas por la suma de U$D 3.121.194.609 a fin de asegurar el cobro de la posible pena de multa aplicable”.

Investigación

La investigación sucede cuando la gerencia de Fiscalización Cambiaria del BCRA comenzó liquidando las divisas correspondientes a las exportaciones que había realizado al 30 de septiembre pasado.

En el informe 383/633/20 el BCRA comprobó que la cerealera “transgredió” su deber “de ingresar y liquidar en tiempo y forma las divisas provenientes de operaciones de exportación”. Luego la gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario comprobó en otro informe –Nº381/173/20- “la materialidad de las operaciones cuestionadas”.

“La firma investigada no realizó ninguna presentación vinculada a la liquidación de operaciones realizadas en el mercado de cambios con relación a las exportaciones en análisis”, resumió uno de los informes que figuran en la causa que se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario.

Según el expediente, “están pendientes la liquidación de 95 operaciones de exportación”, en el período que se comprende entre el 4 de mayo de 2020 al 29 de septiembre de ese año.

Hace más de una semana el BCRA suspendió la cerealera Ex Trugreen para operar en el mercado de cambios producto de su falta de liquidación de aproximadamente 70 millones de dólares de las exportaciones de este año.

Esta empresa está siendo investigada por su vinculación con Díaz & Forti y el Grupo Olio, la cual se desautoriza para realizar embarques por la autoridad monetaria. Díaz & Forti había intentado seguir operando en la fábrica aceitera de Vicentín en San Lorenzo con soja puesta a nombre de Trugreen, publicó el diario La Nación.

Díaz & Forti empezó a exportar desde la planta de Vicentín en mayo pasado. Ese mes vendió por 11.592.278 dólares, una cifra que se incrementó durante este último tiempo ya que en julio de 2020 llegó a facturar 455.296.413 dólares.

Para acumular el ingreso necesario y poder pagar a los empleados de Vicentín, que está con una deuda concursal por 122.375,4 millones de pesos, empezó a hacer acuerdos de fasón. Uno de los contratos se firmó con Díaz y Forti por 300 mil toneladas de soja y maíz por mes.

Olio es el frontman (líder) de un holding de fábricas del sector frigorífico y portuario que lleva el manejo de la concesión del puerto de Barranqueras, en Chaco, y luego del deceso de Vicentín empezó a operar en mayo pasado a fasón –una especie de alquiler- las terminales de San Lorenzo y Ricardone, que poseen 1.200 empleados.

 

Antecedentes

Para la empresa el hecho le propició múltiples miradas con recelo en el sector agroexportador sobre cómo este grupo, mantuvo el cupo de exportación de la empresa de la convocatoria de acreedores. En diálogo con el diario La Nación, Olio había comentado a mediados del año pasado que sus intenciones eran quedarse con Vicentín.

Sin embargo, estas ambiciones se cayeron al comenzar la investigación del BCRA gracias al incumplimiento en la liquidación de divisas. El 3 de diciembre pasado, el Ministerio de Agricultura suspendió del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) a Díaz & Forti, decisión que ya había tomado y levantado el 24 de noviembre pasado. Y ya se sabe: “Ninguna firma puede operar en el mercado sin estar en ese registro”.

Ese momento llevó al fin de diversas disposiciones del BCRA que puso la lupa sobre el grupo Olio. También la entidad pidió a la Dirección General de Aduanas que no permita el curso a los pedidos de embarque y despacho de granos de Díaz & Forti. Un día antes el BCRA emitió la Resolución Nº C88678 que suspendió a la empresa para realizar operaciones de cambio para “egresos” del país de divisas.

Según una comunicación del BCRA, al que tuvo acceso el diario La Nación, dice lo siguiente: “Las operaciones vencidas al 30 de noviembre registran un saldo pendiente de regularizar de 450.341.892 dólares”. Este monto representa –de acuerdo al BCRA- un “incumplimiento en la liquidación de divisas” del 97,8 por ciento de las operaciones de exportación. Por el monto del embargo esa cifra sería mucho mayor.

En base a este hecho, el grupo Olio no habría liquidado hasta el 30 de noviembre ninguna de las exportaciones que realizó operando la planta de Vicentín. Agentes del mercado sostienen “que habrían operado con lo que debían liquidar en la compra de contado con liqui, lo que habrá generado una diferencia a favor de la firma que podría superar los 30 mil millones de pesos”.

 

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