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Siguen sumándose rechazos al proyecto de erogación de la ley de defensa a la actividad librera

Las  medidas dispuesta por el Presidente de la Nación sigue sumando rechazos desde todos los abanicos del campo de la cultura. La unión de escritores y escritoras como la Fundación El Libro se oponen de manera determinada.

 

Unión de escritores y escritoras

Cada día que pasa, cada paso que da, el gobierno del presidente Javier Milei manifiesta una frontal hostilidad hacia las trabajadoras y los trabajadores, la democracia, la república y su carácter federal, lo que también quiere decir hacia la libertad de expresión.

Todas sus iniciativas erosionan los derechos populares, el nivel de vida general y la soberanía argentina.

Primero fue una devaluación que licuó los ingresos de millones de argentinos sin compensación alguna. Luego, el “protocolo” del Ministerio de Seguridad. Más tarde, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anticonstitucional y antidemocrático y, ahora, el envío del proyecto de Ley Ómnibus, que es en los hechos una reforma constitucional
encubierta.

El protocolo está dirigido a amedrentar la protesta social, y cualquier manifestación grupal pública avasallando un derecho garantizado por la Constitución Nacional.

El decreto avanza sobre un sinnúmero de leyes y reglamentaciones, ya sea para derogarlas o modificarlas, con absoluto desconocimiento de las atribuciones que corresponden al Poder Legislativo y de los marcos que establece la Constitución Nacional.

El proyecto de Ley Ómnibus pretende que el Poder Ejecutivo se convierta en único emisor de leyes, es decir, se otorga la potestad de legislar, vulnerando el mandato democrático expresado en la composición del Congreso, a la par que deroga leyes y emite otras, ninguna de ellas para beneficio del conjunto de la sociedad sino a favor de un
concentrado grupo empresarial.

En lo que respecta al campo de la cultura, las artes y las industrias específicas, este proyecto elimina la Ley de precio único del libro, desregula la importación, elimina el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, desfinancia y limita el funcionamiento plural y representativo de la Conabip y el INCAA.

La apertura indiscriminada de la importación va en contra de la producción argentina, o sea de todo lo que producimos los autores y autoras y se edita en nuestro país, e inundará el mercado de libros de saldo extranjeros.

La derogación de la Ley de precio único impedirá a las escritoras y los escritores establecer contratos editoriales claros, ya que al existir diversos precios de tapa, no se sabrá cómo calcular el porcentaje de derecho de autor o regalía que nos corresponde por nuestro trabajo. A la vez, convertirá a la industria en una selva en la que su presa será,
entre otras, la constelación de librerías —alrededor de 1.300 en todo el país— y que constituye, además de comercios, una red de agentes promotores de la cultura.

Luego provocará un decrecimiento de la oferta bibliográfica, un empobrecimiento del caudal de novedades. Será nociva y hasta letal para las editoriales pymes, que son alrededor de 500.

La desaparición del Fondo Nacional de las Artes deja a creadores y creadoras en la orfandad en lo que respecta a concursos, becas, préstamos, fomentos a la actividad. Esto será particularmente nocivo para escritoras y escritores, ya que no existen otros estímulos del Estado a la creación autoral. Esto es aún más grave para quienes producen alejados del centro geográfico de las industrias y los mercados. Es importante aclarar que los recursos financieros del FNA no provienen del presupuesto del Estado sino de la recaudación por las obras de dominio público. ¿Dónde irá a parar ese dinero ahora?

La desaparición del Instituto Nacional del Teatro deja sin fomento a esta actividad, por lo que será perjudicial para todo aquello que expresa la diversidad creativa. Estas políticas dificultan la posibilidad de echar a andar el Instituto Nacional del Libro, por el que tanto venimos luchado y que hoy tiene estado parlamentario.

El desfinanciamiento de la Conabip –fundada por Sarmiento en 1870, que apoya el funcionamiento de más de 1500 bibliotecas populares en todo el país, creadas y sostenidas por las propias comunidades locales— y del INCAA no requiere mayor explicación, pero sí la aclaración de que sus modificaciones estatutarias le dan mayor
poder directo al Ejecutivo Nacional y eliminan la representación federal.

La lista de atropellos (no puede llamarse de otra manera lo enviado al Congreso) es descomunal e incluye la eliminación del derecho a huelga, la privatización de las empresas de comunicación estatales, desde la estratégica Arsat a la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia Telam.

Por lo tanto:
-Rechazamos enfáticamente el DNU, el Protocolo represivo y la Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo.
-Exigimos a ambas Cámaras del Congreso Nacional que voten en contra del DNU y de la Ley Ómnibus.
-Apoyamos las medidas de lucha de trabajadoras y trabajadores y a los amparos presentados para que el Poder Judicial determine la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia.
-Llamamos a todas las organizaciones y agrupaciones de trabajadoras y trabajadores de la cultura y las artes a movilizarse y coordinar las expresiones y acciones que demandará este tiempo de lucha.
-Convocamos a escritoras y escritores a sumarse de manera activa a las iniciativas de la Unión de Escritoras y Escritores en la batalla junto a toda la sociedad para impedir que se consume la liquidación autocrática de nuestra república.

 

 

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