En nuestro país, los jueces y juezas solo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones o por comisión de delitos. Esa garantía, establecida en la Constitución Nacional, busca evitar que sean desplazados por las decisiones que toman o perseguidos por razones políticas. Sin embargo, si los procesos disciplinarios impulsados por el Consejo de la Magistratura …
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