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Urribarri recibe a la entonces Presidenta de la Nación, para la Cumbre. Ahora el ex Gobernador deberá declarar por la organización de ese Encuentro.

Tras la declaración de Baéz imputaron a Urribarri "por irregularidades" en la contratación de obras para la Cumbre del Mercosur

Los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa imputaron al ex gobernador Sergio Urribarri en la figura de “peculado y negociaciones incompatibles con la función pública” en la causa por irregularidades en las contrataciones de obras en la “Cumbre del Mercosur”. Lo citaron a indagatoria para el 31 de agosto.

El ex Gobernador se “puso a disposición de la Justicia”. En principio fue la declaración indagatoria del diputado provincial Pedro Báez (ex ministro de Cultura y Comunicación) lo que motivó el pedido de los fiscales en la causa que investiga las desprolijas contrataciones en el encuentro latinoamericano de diciembre de 2014.

El legislador del Frente para la Victoria de Paraná, reconoció que las decisiones sobre la Cumbre “se resolvían en altas esferas del gobierno”, en referencia a Urribarri. En principio las indagatorias también alcanzarán a los ex coordinadores generales de la Unidad Operativa Cumbre Mercosur (UOCM), Hugo Céspedes y Gustavo Tórtul.

 

URRIBARRI "A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA"

El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri, presentó a través de sus abogados un escrito ante el Ministerio Público Fiscal en el que se pone a disposición.

Ofrece colaboración y anticipa su voluntad de declarar. Descartando problemas o irregularidades administrativas sobre el punto, dijo: “Estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal”, argumentó respecto del cuestionamiento a los cortos televisivos emitidos en la oportunidad.

“He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Téngase presente”, expresa el escrito presentado ayer a la mañana por el ex gobernador Urribarri en relación a una investigación preliminar por presuntas irregularidades por ciertas contrataciones, en el marco de la denominada Cumbre del Mercosur en diciembre de 2014, refiriéndose  a la contratación de publicidad a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido

Con el patrocinio del abogado Marcos Rodríguez Allende, Urribarri se puso a disposición de la Justicia y de los fiscales para facilitar información y colaboración en el proceso.

Sin embargo, Urribarri anticipó su total rechazo a los argumentos de la investigación preliminar. “Fue un evento histórico, nunca antes seis presidentes habían estado en la provincia no obstante la importancia que el Mercosur reviste para la economía de Entre Ríos. Si bien se trató de un hecho político de singular importancia, también significó un enorme desafío administrativo y logístico. Tuvimos que disponer de nuestra organización y energía para asegurar el éxito de los encuentros en el que, entre otras cuestiones trascendentales, se discutía la incorporación plena de Bolivia al bloque regional”.

Dice Urribarri en su presentación espontánea que “para afrontar la situación desde el punto de vista político, administrativo y presupuestario y encuadrarla legalmente, envié a la Legislatura un proyecto de ley que declaraba de interés provincial la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur y ordenaba una serie de disposiciones para dar un marco legal a las contrataciones de suministros, obras y servicios inherentes a la Cumbre”.

“Así, -continuó- la Legislatura Provincial sancionó la ley 10327 que dio marco jurídico a la gestión administrativa y patrimonial dado que no se podía responder a las necesidades del evento aplicando la legislación común. Al texto de la ley me remito”.

Explica el ex mandatario que “de tal modo, para concretar la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur me regí, en mi carácter de gobernador, por las disposiciones de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, por la Ley Nº 10327 y supletoriamente por la Ley de Administración Financiera Nº 5140 y por la Ley de Obras Públicas Nº 6351.

Indicó que “los actos y contratos administrativos devenidos de la aplicación de la Ley 10.327 tuvieron, en su caso, la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia y la posterior de la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, que aprobó lo actuado. De modo tal que se cumplió con el bloque normativo aplicable a la situación”.

El presidente de la Cámara dijo también que todo lo que se hizo “lógicamente tuvo un capítulo comunicacional cuyas piezas se confeccionaron y difundieron bajo la misma cobertura legal. Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales, no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas”. 

LOS IMPLICADOS

En la causa por las supuestas irregularidades en las contrataciones de obras para la Cumbre del Mercosur están implicados funcionarios y empresarios locales. Para que se pudiera llevar adelante el evento fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos. La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, de Miguel Marizza, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos.

Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la UOCM, integrada precisamente por funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras. De ese ámbito fue parte Marizza, que, también, se alzó como uno de los principales contratistas. La actual directora provincial de Vialidad, Alicia Feltes, integró la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, por eso la Justicia también puso la lupa en su accionar hace tres años.

Fuentes: Análisis, Página Judicial y APF.

 

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