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Aguilera, Urribarri y Báez.

Unificaron las causas de Urribarri y postergaron el juicio

El ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, no enfrentará desde el 18 de agosto el juicio por la megacausa “Sueño Entrerriano”, que sumó tres investigaciones judiciales en una.

 

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La piedra de toque que derivó en el aplazamiento del proceso a Urribarri -el segundo que se suspende este año- fue a propósito de un planteo de los defensores, que argumentaron riesgos sanitarios por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de llevar adelante un proceso que involucra a personas con factores de riesgo. Pero además argumentaron la «conexidad subjetiva»: esto es que se tramitan tres causas en juicio oral con el mismo imputado y los mismos delitos. La primera, la «causa de la vaca», que se iba a concretar este año pero se suspendió; «el Sueño Entrerriano», y el proceso que tiene fecha para octubre, en el que se investiga la distribución amañada de publicidad oficial.

La primera señal de que el juicio por el Sueño no se haría fue la inhibición que plantearon los tres jueces que debían juzgar a Urribarri desde el martes 18: Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo. Un nuevo tribunal, integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón aceptó esas inhibiciones. Así, el juicio se quedó sin jueces, recordó Entre Ríos Ahora.

Este jueves los jueces Chemez,Castagno y Garzón tomaron otra decisión: aceptaron otras dos inhibiciones, de los jueces Pablo Andrés Vírgala y Gervasio Pablo Labriola. Pero lo más relevante fue disponer la acumulación de las tres causas judiciales que carga Urribarri sobre sus espaldas: la causa de la vaca, el Sueño Entrerriano y la distribución amañada de publicidad. Así, al resolver la acumulación de las tres causas para ser debatidas en uno solo juicio y no en tres, derivó todo a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para que, tras suspender el debate del martes próximo, fije un nuevo calendario de audiencias, con nuevo tribunal.

De ese modo la suerte de Urribarri en la Justicia vuelve a quedar en punto muerto luego de un calendario que había puesto tres fechas para los tres juicios que iba a enfrentar en 2020.

El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el ex gobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.

La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano.

Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.

En abril último, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril de este año y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.

Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.

Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.

Resta, sin embargo, un tercer juicio que ya tiene fecha para Urribarri.

En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el ex gobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el ex ministro de Cultura y Comunicación y ex legislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.

La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.

En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.

 

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