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Uno de los policías detenidos por los sucesos de diciembre inició una huelga de hambre y los familiares denuncian trato inhumano

Familiares de algunos de los 17 policías detenidos en la UP8 de Federal acusados por los sucesos que conmocionaron Concordia a fines de 2013, provocando saqueos y muertes, denuncian públicamente que los derechos humanos de los uniformados están siendo violados. También apuntan contra los jefes policiales y cuestionan que la acusación es selectiva: dos de los que negociaron el acuerdo con Urribarri no han sido acusados. El 10 de abril se cumplen dos meses de la detención de los policías acusados de sedición, pero aun no se sabe si seguirán recluidos a la espera del proceso.

MontajePoliciasDetenidos

 

Por JORGE RUBÉN DÍAZ de la Redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Fotomontaje: EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Como forma de protesta para conseguir recomposiciones salariales, policías concordienses “liberaron” la ciudad entre el 6 y el 9 de diciembre de 2013, con un trágico saldo conocido: muertes y saqueos en la capital del citrus en las noches del 8 y 9 de diciembre de 2013. Tras la violenta toma de la Jefatura el día 8, se negoció un acuerdo con el gobernador Sergio Urribarri, que incluyó una sonriente foto ya célebre en las redes sociales. Pero poco después el Gobierno Provincial decidió desconocer ese pacto y el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el uruguayense Jorge García lo declaró “nulo”. Luego instruyó a los fiscales de Concordia para impulsar las causas y formalizar las imputaciones con los pedidos de prisión preventiva por el término de 60 días. Los delitos que les imputan son “sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real”.

El 6 de febrero, a pedido del fiscal Mario Guerrero, fueron detenidos 16 suboficiales y un oficial que cumplían funciones en diferentes reparticiones policiales de esa ciudad. El 10 de febrero fueron derivados a la Unidad Penal Nº 8 de Federal. El juez Martín Carbonell, resolvió la prisión preventiva para todos ellos por 60 días (se vence el 10 de abril), entendiendo que la detención estaba justificada por la gravedad de los hechos imputados y que, de estar en libertad, podrían interferir en la investigación. Aunque los detenidos son estos 17, los investigados por los hechos de diciembre son más de 200 en diferentes ciudades. En particular en Concordia se abrieron más de 80 sumarios.

Pero familiares de los detenidos han iniciado pasos legales porque se encuentran preocupados por la situación de los uniformados acusados: aseguran que sus derechos humanos están siendo violados, y dieron a conocer que uno de ellos –el único oficial– inició una huelga de hambre en reclamo por el maltrato.

 

HUELGA DE HAMBRE

Los detenidos son el oficial Carlos Daniel Zaragoza, y los suboficiales Manuel Coutiño, Daniel Chávez, Hugo Troncoso,  José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes,  Luis Alberto Gómez, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez.

Familiares de estos policías, en diálogo con este cronista, se mostraron preocupados por la integridad física de los detenidos porque a casi sesenta días no hay novedades de fecha de inicio de juicio aún. Aseguran que los mantienen incomunicados, denuncian que están en condiciones infrahumanas en la UP8 de Federal: denuncian que duermen parados, en lugares que no poseen camas, conviviendo entre roedores e insectos, y sin atención médica. Aseguran que quieren quebrarlos para que se hagan cargo de los hechos de diciembre. El oficial Daniel Zaragoza inició el 27 de marzo pasado una huelga de hambre, y sus familiares aseguran que personal de la unidad penal les advirtió: “Si sigue con esa medida, traiga un cajón para buscarlo”.

 

OTRA CAMPANA

Preservando su identidad, los familiares que se acercaron a hablar con El Miércoles Digital para dar “la otra campana”, aseguran que los jefes policiales avalaban el reclamo y lo encabezaban: “Nos recibían en la puerta y nos hacían pasar al salón de actos, nos decían cuáles eran los pasos a seguir, y al día siguiente íbamos a buscar las respuestas”.

El 8 de diciembre, aseguran, los hechos se salieron de cauce: “En la Jefatura estaban los jefes Villalba, Silva, Campos, Silvetti, Salvador, y Vega. A nosotros nos empiezan a tirar gas pimienta, y un chico hijo de un funcionario policial, que estaba con el redoblante, se lo llevaban para adentro, la mamá quiso impedirlo, pero nos arrastraron también a las cinco o seis que estábamos ahí. Por eso ingresaron nuestros maridos. Cuando estábamos adentro nos pegaban con la cadena con la que querían cerrar la puerta. Hay una señora que estuvo en terapia intensiva por eso, pero está amenazada y no quiere hacer denuncias.  A otra de apellido Moreno le rompieron la boca. Fue todo muy rápido y confuso, los chiquitos estaban todos perdidos gritando. Había vómitos y gritos”, recordaron.

“Los jefes decían `vamos a calmarnos, quedensé acá que vamos a buscar una respuesta´, le avisaremos al ministro (de Gobierno, Adán Humberto Bahl), quien luego llegó y habló con todos nosotros, dijo que hablaría con el Gobernador y nos traería una respuesta por escrito para que estemos conformes, que llevaría nuestras peticiones para que tengamos algo concreto. También fue el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli. Pasaron las horas, fue el legislador Enrique Cresto (senador provincial por Concordia); a las 22 fue el capellán de la Policía, (presbístero José Zavaleta), que estuvo toda la noche con nosotros rezando” detallaron. También aseguran que el delegado concordiense de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Bonelli les dijo “Ahora van a ver ustedes lo que es ser tratados como criminales, estarán del mismo lado´”.

 

“NO HUBO AUTOACUARTELAMIENTO”

Los familiares expresan molestia con los jefes policiales. Señalan que hay más de 80 sumariados y solo 17 detenidos. Dicen que los detenidos estaban de franco, por ende no pueden ser acusados de haber “liberado” Concordia. “Dicen que esos 17 funcionarios detenidos desprotegieron la ciudad. ¿Cómo es posible que esa cantidad solamente la desproteja, cuando estaban de franco de servicio, dónde estaban los otros? Y los que estaban trabajando tenían la orden de no salir a la calle. Todos los jefes de comisaría estaban plegados al reclamo de salario. El autoacuartelamiento no existió. Si fuese así se cierra la Jefatura y no se deja entrar a nadie. Esto fue producto de un problema interno de ellos, entramos inocentemente. Los demás familiares de los policías tienen miedo. Los oficiales se borraron, algunos que están en la foto con el Gobernador no quieren hablar, temen que los echen o queden presos”, remarcaron.

 

Sonriente con la cana
La famosa foto del Gobernador con los oficiales que recorrió las redes sociales.

 

“URRIBARRI LOS FELICITÓ”

También aseguran que al  gobernador lo protegió una extraña custodia: “La gente de la UOCRA con sus casquitos y remeras, y punteros y presidiarios de la UP3”. También cuentan que en la reunión de los policías con  Urribarri hubo un buen clima, “les hizo dejar sus celulares y los felicitó por su coraje, y dijo que hablaría con el fiscal García para que no haya sanciones”. Un testimonio de un integrante del Centro Comercial de Concordia, a quien el propio Urribarri le pidió que participara, ratifica algunos de esos pormenores. (Ver nota http://www.elentrerios.com/politica/el-testimonio-de-un-testigo-del-acuerdo.htm).

Los familiares también dicen que los 17 funcionarios fueron detenidos arbitrariamente: “Algunos siquiera estuvieron los días 8 y 9 de diciembre”. También aseguran que han desaparecido pruebas fílmicas que probarían la responsabilidad de los jefes policiales: “Desapareció el DVR (donde está el registro de cámara de seguridad), hasta donde se sabe las sacaron de Tribunales. Ellos mismos lo robaron porque los incriminan”, afirman. También dicen que las nueve comisarías concordienses habían adherido a la medida, “son más de dos mil policías. Cuando los jefes le dan salida a los subalternos se anota en el libro de guardia. Esas hojas fueron arrancadas y directamente los dejaron a la buena de Dios, como que se plegaron sin permisos”. En algún caso, detallan quiénes fueron los jefes que autorizaron: “En el caso de la 5ta, los autorizó Jaime, y en la 7ma. los jefes Sánchez y Burgos”.

 

MALOS TRATOS

Los familiares aseguran que los detenidos no han sido tratados humanamente. Antes de llevarlos a la UP de Federal, durante los cuatro días de detención en Concordia “mientras estaban encerrados le daban un balde con agua para que hagan sus necesidades y otro para que tomen”.

Con dudas y preservando su identidad, denuncian condiciones de reclusión que parecen inhumanas, “el oficial Daniel Zaragoza está en huelga de hambre desde el 27 de abril, no tiene atención médica, está en el pabellón con otros presos comunes, aislado del resto. No hicimos denuncia porque no sabíamos de las agresiones y golpes. Los abogados nos dicen que no vamos a poder solucionar nada y que lo peor que se puede hacer es que esto se sepa, que el gobernador se pondrá más duro. Nos dijeron que si sigue con la huelga de hambre nos llamarán para que llevemos el cajón porque nadie se va a enterar y que él se morirá no por hambre sino porque tendrá un ataque al corazón. Les dan un polvito con lo cual les dicen que se van a calmar, no saben qué hacer porque caminan las paredes de la desesperación. No pueden dormir porque están los presos que gritan, las ratas que los muerden”.

Las consecuencias también son económicas para quienes en estos días están esperando juzgamiento, “los pasaron a pasivos. Cobran la mitad de sueldo, y en algunos casos de esa mitad el Banco se descuenta los créditos y lo que haya, por lo que están cobrando de 350 a 800 pesos. Depende de lo que cobren cada uno. Muchos se quedaron sin casas, sin sueldos, con ellos presos. Están a más de cien kilómetros, con todo lo que implica viajar, llevar los gurises para que incluso siquiera nos dejen verlos”.

Con respecto al asesoramiento legal están divididos en grupos, hay dos que tiene el defensor de Tribunales y los demás tienen defensores privados. “Nos están diciendo que vayamos a un juicio abreviado para que se hagan cargo de todo y cumplan de cinco a diez años. Con el fiscal Mario Guerrero intentamos hablar pero nos ignoró. Y en los medios dice que tendrán que hacerse cargo de los muertos en la ciudad”.

Debe recordarse que a raíz de estos episodios, en Concordia hubo tres víctimas fatales: Eduardo López, Eduardo Cáceres y Claudio Román fueron los tres concordienses que perdieron sus vidas en los hechos de diciembre.

 

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